Primera sentencia firme de la Gürtel: el Supremo confirma las penas de hasta 13 años de prisión por amaños en Fitur

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado íntegramente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que condenó a penas que oscilan entre los tres y los 13 años de prisión a los once acusados de amañar contratos entre la Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana dirigida por Milagrosa Martínez y la trama corrupta Gürtel para la feria de turismo Fitur entre los años 2005 y 2009.

Al desestimar los recursos de los acusados, el alto tribunal acaba de emitir la primera sentencia firme del 'caso Gürtel', diez años después de que empezara a investigarse la trama de corrupción.

De este modo, el Supremo confirma la condena de 13 años de prisión para el 'cabecilla' de la trama, Francisco Correa; de 13 años y tres meses para el 'número dos' de la Gürtel, Pablo Crespo; y de 12 años y tres meses para Álvaro Pérez 'el Bigotes'. Además, confirma los nueve años de cárcel impuestos por el TSJCV a la exconsellera de Turisme en el Gobierno de Francisco Camps, Milagrosa Martínez.

Además, la sala confirma la condena para otros tres funcionarios de la entonces Agencia Valenciana de Turisme y un alto cargo de la conselleria: Isaac Vidal (siete años de prisión); Rafael Betoret -exjefe de Gabinete de la consellera y que se conformó al pago de una multa de 9.600 euros en el conocido como 'caso de lo trajes'- (seis años de cárcel); Jorge Guarro, exjefe de Promoción de la entidad (cuatro años) y Ana Grau, excoordinadora de Ferias (tres años).

Los otros tres condenados guardan relación con las empresas del grupo Correa: Isabel Jordán, exadministradora de algunas de las sociedades (seis años); Cándido Herrero, exempleado de oragen Market (cuatro años y cuatro meses) y Mónica Magariños, exempleada de la sociedad de El Bigotes (tres años).

El TS confirma que Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo cometieron delitos de malversación de caudales públicos, cohecho activo, tráfico de influencias y asociación ilícita, más falsedad documental en el caso de este último. Según la sentencia, la exconsellera cometió malversación de caudales, cohecho pasivo y prevaricación administrativa.

Sobre la asociación ilícita, considera el Supremo que son responsables Correa, Crespo, Pérez, Jordán, Magariños y Herrero, ya que entiende que en el relato fáctico se describen los elementos del tipo penal, es decir, un “entramado de sociedades, estructurado y jerarquizado, para participar en licitaciones públicas con vulneración de la legislación administrativa y los principios de transparencia que deben guiar la acción administrativa”.

La sala rechaza así cada uno de los recursos planteados contra el fallo por los condenados -entre dos motivos alegados por Magariños y hasta 31 por Pablo Crespo- quienes sostenían que se había producido vulneración del derecho a un juicio con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva, ausencia de motivación de los hechos considerados probados; vulneración del derecho al secreto de las comunicación, entre otros.