El puerto de València se expone a una multa de Bruselas por eliminar un dique financiado con fondos europeos
La segunda fase de la ampliación norte del puerto cuyas obras y explotación ha sacado a concurso la Autoridad Portuaria de València (APV) podría acarrear consecuencias legales con la Unión Europea en forma de penalización económica.
Según ha comprobado eldiario.es con documentación de la propia APV, la primera fase de la ampliación ejecutada hace nueve años tuvo un coste de 203 millones de euros, de los cuales la Comisión Europea aportó 74 millones.
La primera fase de la ampliación norte del puerto de València conllevó la creación de una nueva dársena mediante la ejecución de un dique de abrigo, un contradique y una explanada para instalaciones y acopio de carga, así como el actual muelle de cruceros.
Sin embargo, tal y como ha avanzado eldiario.es, parte de estas infraestructuras se suprimirán en la segunda fase por una modificación del proyecto que tiene por objetivo dedicar toda la ampliación norte al tráfico de contenedores, lo que implica el traslado de la terminal de cruceros de su actual emplazamiento a los astilleros de Boluda.
Esta modificación implicará la eliminación de diferentes recintos ya construidos en la primera fase del proyecto y financiados en parte con los 74 millones de los fondos de cohesión europeos, entre ellos el muelle de cruceros y el contradique norte.
Una situación que podría acarrear una sanción de Bruselas puesto que según el reglamento de la Comisión Europea (artículo 98.1), “incumbirá en primer lugar a los Estados miembros la responsabilidad de investigar las irregularidades, debiendo actuar cuando haya pruebas de una modificación importante que afecte a la naturaleza o a las condiciones de desarrollo o de control de las operaciones o de los programas operativos”, es decir, que ante un cambio en las condiciones por las que se dieron las ayudas, como en este caso podría ser la eliminación de una parte de los elementos financiados, tanto el Gobierno de España como la propia Comisión podrían reclamar la devolución de la ayuda otorgada.
El Consell ya sufrió una penalización cuando nada más iniciarse la legislatura en el año 2015, recibió una notificación de sanción de Europa de 6,2 millones de euros por la deficiente tramitación en unas ayudas agrícolas otorgadas en la época de Camps como presidente de la Generalitat.
Además, como ya informó este diario, la eliminación del muelle de cruceros y del contradique, unido a la prolongación del dique norte prevista en la segunda fase de la ampliación del puerto no estaban contempladas cuando en el año 2007 el Ministerio de Medio Ambiente emitió la declaración de impacto ambiental favorable, ya que se produjo sobre el proyecto original.
Pese a estas sustanciales modificaciones, desde la Autoridad Portuaria de València (APV) han argumentado que los informes ambientales son preceptivos para nuevas obras, no para quitar instalaciones ya existentes y han añadido que los materiales del contradique se reutilizarán en otra zona del puerto.
