Un juzgado de Valencia investiga por primera vez en España las torturas de la brigada político-social del franquismo
El Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia, ha admitido a trámite -en un auto fechado el pasado 28 de diciembre- una querella criminal por un delito de torturas cometido en 1971 por diversos policías adscritos a la Brigada Político Social de la capital valenciana, entre quienes se encuentran, Jacinto López Acosta, Benjamín Solsona (el Billy el Niño valenciano) y Manuel Ballesteros. Los querellantes han mostrado su satisfacción por una decisión que consideran “un sueño que se está volviendo realidad”, aunque reconocen que no saben el recorrido que tendrá la investigación judicial.
En su resolución, el juzgado acuerda librar oficio al Archivo Histórico Nacional (Centro Documental de Memoria Histórica) para que remita todos los documentos existentes en sus fondos relativos al querellante y, en concreto, los concernientes a su detención como miembro, entonces, del Partido Comunista de España (PCE).
Se trata de la primera querella criminal, dirigida contra policías de la Brigada Político-Social franquista, en la que se imputa un delito de torturas en un contexto de crímenes contra la humanidad, admitida a trámite por un juzgado del Estado español.
La querella criminal presentada se enmarca en la campaña de presentación de este tipo de acciones penales en todo el Estado español al objeto de denunciar ante los tribunales españoles los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista. Ya son un total de 18 querellas las que han sido presentadas en Madrid, Oviedo y Valencia.
En Valencia se han presentado un total de seis querellas criminales impulsadas por la Asociación Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo en el País Valenciano integrada en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua) -en cuatro casos, el juzgado ha llamado a los querellantes para ratificarse y en las otras dos ocasiones se ha pasado a la Fiscalía-.
La resolución judicial dictada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia “representa un hito importante para revertir la situación de impunidad que, hasta la fecha, mantiene el Estado español en relación con la falta de investigación de los crímenes internacionales cometidos durante la dictadura franquista; política de impunidad que tan duramente ha sido criticada desde diferentes instancias internacionales, entre otras, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”.
Así, desde la plataforma valenciana afirman: “Aunque tarde, es el momento de que por fin el Estado español reconozca a las víctimas de la dictadura franquista los derechos que les asisten: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
La resolución judicial dictada “debe animar a que otros Juzgados y Tribunales españoles dicten otras acordes con el derecho internacional y los Derechos Humanos y que, evidentemente, la Fiscalía General del Estado modifique el criterio mantenido hasta la fecha en relación con la tramitación de dichas causas penales, apoyando su investigación y el enjuiciamiento de estos crímenes”.
