Varias consellerias se rebelan contra la orden de Bravo para que los funcionarios de la Generalitat vuelvan a la actividad presencial

Rebelión en el seno de la Generalitat Valenciana frente a la resolución de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en la que se ordena la reincorporación presencial de todos los funcionarios de la Generalitat a partir del lunes 22 de junio.

Tal y como informó eldiario.es, la resolución establece que “desde el día 22 de junio de 2020, el 100% del personal al servicio de la Administración de la Generalitat deberá incorporarse a la actividad presencial en su correspondiente centro de trabajo, y sus condiciones de trabajo serán las reguladas en el Decreto 42/2019, de 22 de marzo, del Consell”.

Esta propuesta choca con la resolución del presidente de la Generalitat de la pasada semana que pide a las empresas que fomenten en la medida de lo posible el teletrabajo.

La medida no ha caído nada bien en las diferentes consellerias del Botànic, tanto del PSPV, como de Compromís y de Unides-Podem. De hecho, varias han sido las que han advertido mediante documentos internos o de forma verbal que no cumplirán estrictamente con la orden de Bravo y que la incorporación de los funcionarios se hará de forma progresiva en función del espacio físico disponible para guardar las distancias de seguridad y prevenir así posibles contagios. Por tanto, habrá funcionarios que seguirán teletrabajando.

Según ha revelado el sindicato UGT, una de las consellerias que ha pospuesto la incorporación presencial de sus funcionarios es la de Economia que dirige el conseller Rafa Climent, de Compromís.

Desde Eonomía resuelven que se posponga “la efectiva aplicación del Apartado Segundo del Anexo II del Acuerdo de 19 de junio de 2020, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19, respecto a la incorporación a la actividad presencial del 100% del personal de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, y sus organismos dependientes, en su correspondiente centro de trabajo, en tanto no se reúnan los respectivos Comités de Seguridad y Salud y se implementan de manera efectiva todas las medidas tendentes a garantizar el cumplimiento de las exigencias contenidas en el apartado Tercero.c) del mencionado Anexo II”.

Desde UGT han considerado acertado que “el motivo de posponer la aplicación” de la orden de Bravo, puesto que persigue “garantizar la seguridad y salud de los empleados públicos, ante la imposibilidad material de tener preparadas las medidas organizativas necesarias antes del lunes 22 de junio”.