Zaplana, cuando era presidente, y Cotino, director de la Policía, ficharon a un condenado por evadir 11 millones para montar su 'offshore' en Luxemburgo
El abogado que montó en 2001, junto a la sobrina del exespía Francisco Paesa, la estructura offshore (opaca) de Eduardo Zaplana y de la familia Cotino en Luxemburgo fue condenado por la justicia italiana a cuatro años y medio de prisión por una trama que evadió 11 millones de euros de la compañía naviera Rbd Armatori.
El Tribunal de Torre Annunziata (Nápoles) condenó en 2017 al abogado Federico Cannizzaro di Balmontino a cuatro años y medio a pesar de que la Fiscalía había solicitado sólo tres años de reclusión, según el diario italiano Il Mattino. La trama italiana usó sociedades offshore en Luxemburgo y Uruguay, los dos países que utilizó la banda de Zaplana para blanquear cantidades millonarias de dinero negro, según la confesión del abogado uruguayo Fernando Belhot.
Beatriz García Paesa, sobrina del espía Francisco Paesa (relacionado con los conocidos “papeles de Laos” del caso Roldán), figura, junto al abogado Federico Cannizzaro di Balmontino y al consul honorario de Uruguay Alexis Kamarowsky, en los documentos mercantiles del Gran Ducado de Luxemburgo como administradora de las empresas que usó la trama.
Los tres están vinculados, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al despacho de abogados luxemburgués Interconsult, una mercantil “constituida por un grupo de bancos” y especializada en “funciones de fiduciario”. Los testaferros (mariachis en la jerga del arte de la evasión de capitales) de la otra derivada del caso Erial en Panamá, según informó este diario, también participaron en otras nueve tramas de blanqueo internacional.
Este diario ha intentado localizar al abogado Federico Cannizzaro a través de su secretaria que atiende el número de teléfono corporativo pero el letrado no ha contestado la llamada. Cannizzaro, licenciado por la Universidad de Roma, se incorporó a Interconsult en 1993 y es citado en algunas publicaciones luxemburguesas como barón. También forma parte del comité organizador del baile de la Cruz Roja de Luxemburgo, una gala benéfica que reúne cada año a la alta sociedad del ducado.
La UCO ha trazado el viaje de 8,5 millones de euros de la empresa Sedesa (perteneciente a la familia Cotino) a dos empresas luxemburguesas —Imision Internacional y Fenix Investments— montadas por Beatriz García Paesa, coprotagonista del thriller El hombre de las mil caras del director Alberto Rodríguez, en el año 2001.
La abogada, nacida en Madrid en 1966, declaró ante la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia que investiga el caso Erial que Juan Cotino, siendo director general de la Policía durante el Gobierno de José María Aznar, llevó personalmente a Luxemburgo más de 640.000 euros para la creación de las dos sociedades. Cotino, según concluye la investigación, cobró 11,3 millones de euros de la empresa de su sobrino, adjudicataria del ejecutivo autonómico de Francisco Camps, del que era conseller. Zaplana, por su parte, en esos días era presidente de la Generalitat.
La mecánica de la trama les resultó familiar a los investigadores de la UCO. Las presuntas comisiones salen de España y son acogidas en Luxemburgo, considerado en aquella época como un paraíso fiscal. Luego son repatriadas a través de empresas de varios de los investigados en el caso Erial, como el presunto testaferro del exministro, Joaquín Barceló, o directamente al exjefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García.
Con estas offshore, señala la UCO, “se podría haber pretendido ocultar la identidad de los verdaderos dueños por medio de los representantes que figuran en el país luxemburgués”. Las empresas estaban administradas por la abogada Beatriz García Paesa, imputada también en el caso Defex que investiga la Audiencia Nacional y que “en el desarrollo de otras investigaciones judiciales en las que figura relacionada (...) ejerce funciones de fideicomisario o fiduciario”.
Sedesa transfirió 6,4 millones de euros a Imision Internacional mientras que Fenix Investments recibió 2,1 millones. Para justificar estas salidas de fondos a Luxemburgo los investigados llevaron a cabo “dos inusuales compraventas de participaciones” de sendas empresas del grupo Sedesa: Inversiones Imision para Imision Internacional e Inversiones Impega en el caso de Fenix Investments.
“Resulta que a través de estas operaciones, que precisamente se materializan el mismo día y por los mismos actores, se compran las mismas participaciones sociales que años antes había vendido la propia Sedesa a las luxemburguesas pero abonándose por ellas una cuantía muy superior”, explica la UCO en un informe entregado a la jueza del caso Erial.
La Guardia Civil sospecha que estos fondos serían comisiones por la adjudicación de las ITV por parte del Gobierno autonómico presidido por Zaplana. Las compra-ventas, destaca la UCO, se efectuaron el mismo día (el 5 de septiembre de 2005) ante el mismo notario (Ángel López-Amo Calatayud) y por los mismos intervinientes (Vicente y José Cotino Escrivá).
Los fondos de Imision International volvieron a España a través de la participación en varias mercantiles del matrimonio formado por Joaquín Barceló (alias Pachano) y Felisa López, presuntos testaferros del exministro Eduardo Zaplana. Una de estas empresas —Gesdesarrollos Integrales SL— fue creada por María de la Paloma Domínguez Pérez, esposa de Francisco Grau, el asesor fiscal de Zaplana que el expresidente de la Generalitat nombró directivo en Terra Mítica. La UCO recuerda que en una de las conversaciones telefónicas intervenidas, el presunto testaferro Joaquín Barceló se refirió a Grau como el “artífice de toda esta ingeniería”.
Las empresas, con el dinero repatriado de Luxemburgo, adquirieron terrenos y bienes inmuebles en la provincia de Alicante. Una de las mercantiles, Costera del Glorio SL, también compró una vivienda en la calle Núñez de Balboa de Madrid de la que Eduardo Zaplana “podría haber sido el propietario real —o uno de ellos—”, apunta la Guardia Civil.
La otra sociedad luxemburguesa (Fenix Investments SA) era propiedad de Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Zaplana y también investigado en la causa. La UCO localizó el acto de disolución de la empresa ante una notaria de Luxemburgo en el que García figura como “titular de la totalidad del capital de Fenix Investments”. El documento mercantil indica incluso su domicilio en Valencia. García se acogió a la amnistía fiscal y repatrió 2,3 millones de euros de Luxemburgo.
