Zaplana se reunió en pleno concurso con otros dos adjudicatarios de las ITV implicados años después en la financiación ilegal del PP

El exministro Eduardo Zaplana anotaba con todo detalle en sus agendas las numerosas reuniones y comidas que diariamente mantenía con políticos, empresarios y periodistas. Las agendas, analizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, delatan que siendo presidente de la Generalitat Valenciana se reunió en fechas claves con Juan Cotino, investigado en el caso Erial, y también con el empresario Luis Batalla, del Grupo Lubasa, ahora Becsa, y con la empresa Pavasal.

La adjudicación de los cinco lotes de las ITV, uno de los epicentros del caso, se llevó a cabo en 1997 y resultaron agraciados varios empresarios que habían llevado a Zaplana de la mano al poder autonómico valenciano, allanando el pacto entre Unió Valenciana y el Partido Popular (el conocido como pacto del pollo) tras las elecciones autonómicas de 1995.

En el proceso de adjudicación tanto la empresa Sedesa, de la familia Cotino, como Grupo Lubasa y Pavasal ganaron el concurso millonario. El 17 de noviembre de 1997, según reflejan las agendas incautadas durante el registro del despacho del expolítico del PP en Telefónica, Zaplana se reunió con Juan Cotino, con el empresario Luis Batalla y con Pavasal.

El lote dos (zona València norte) fue a parar a una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que participaba la mercantil Técnicas y Tratamientos Medioambientales SA, de la que el empresario Luis Batalla era administrador único. En el quinto lote (zona Alicante-Elche), Pavasal participaba en la UTE que resultó adjudicataria.

Pavasal está investigada en el caso Taula por los pagos a las campañas electorales de Rita Barberá y en el caso del circuito de la Fórmula 1. Lubasa es propiedad de la familia Batalla de Castelló. El padre, Luis Batalla, estuvo dos años sin poder contratar con administraciones públicas por fraude fiscal. Su hijo Gabriel es ahora presidente de la compañía y admitió haber financiado al PP de Francisco Camps.

La UCO destaca que “todas estas reuniones se producen en el periodo de tiempo comprendido entre la adjudicación del contrato (el 5 de noviembre de 1997) y la publicación de la misma en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (el 20 de noviembre)”.

Los investigadores de la Guardia Civil han cruzado las fechas de las reuniones con Juan Cotino y los actos administrativos y las transferencias al extranjero que rodean al proceso de adjudicación y que demuestran un supuesto trato de favor al clan de los Cotino en la concesión del negocio de las ITV.

Las adjudicaciones de un lote del servicio de las ITV y el Plan Eólico supusieron unos ingresos para el Grupo Sedesa de 86 millones de euros, tal como informó este diario. Un informe anterior de la UCO concluyó que el reparto posterior de las comisiones fue de 10,5 millones para la trama internacional liderada por Eduardo Zaplana; 11,3 para el que fuera director de la policía con Aznar Juan Cotino y 580.000 euros para el expresidente de Bancaja y de la Generalitat José Luis Olivas.

Aquel 17 de noviembre de 1997, cuando Zaplana era el presidente de la Generalitat Valenciana, a las 10 de la mañana se reunió con Juan Cotino y con Luis Batalla y, tres horas más tarde, con Pavasal. Las pesquisas, sin embargo, se han centrado en los negocios con el clan de los Cotino (tanto el exdirector de la Policía como su sobrino Vicente Cotino están investigados en Erial) y en el pago y cobro de comisiones millonarias en paraísos fiscales.