Desconcierto en Callosa de Segura: el TSJCV paraliza la retirada de la cruz franquista y el PP pide su restauración
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia (TJSCV) ha ordenado “el cese inmediato de le ejecución de los trabajos de destrucción/retirada de la Cruz y pedestal, y/o su traslado a cualquier lugar” del monumento a las víctimas franquistas de Callosa del Segura, cuyo trabajo de retirada dio comienzo el consistorio la madrugada de este lunes.
La resolución del alto tribunal valenciano, de la que no cabe recurso, ha sido recibida por el Ayuntamiento del municipio alicantino en torno a las 11.30 horas de la mañana del lunes, es decir, unas cinco horas después de que fuera retirada la polémica cruz y cuando se estaba desmontando el pedestal que contiene el nombre de las 80 personas del bando franquista que fueron asesinados durante la Guerra Civil. En el operativo, entre fuertes medidas de seguridad por la presencia de colectivos de extrema derecha, han sido detenidas dos falangistas por mostrar resistencia y lanzar petardos a los agentes.
“La paralización ha llegado en el peor momento”, explica a eldiario.es el alcalde de la localidad, el socialista Fran Maciá, quien no ha ocultado su preocupación por la inseguridad que podría generar esta nueva situación. De momento, el consistorio ha planteado a la subdelegación del Gobierno “mantener una estructura básica policial” hasta que el TSJ dé nuevos pasos, posiblemente el próximo miércoles tras escuchar este martes las alegaciones del consistorio y de la plataforma en Defensa de la Cruz.
El vicepresidente de esta asociación cívica, Luis Valdés, ha afirmado que el alcalde de Callosa, el socialista Fran Maciá “recibió la comunicación del TSJ demandando medidas cautelares” a finales de la semana pasada, pero que “agotó el plazo hasta el viernes para contestar por fax sobre la determinación de iniciar este lunes las obras”. “Nosotros hemos seguido el procedimiento que nos ha dictado” el alto tribunal, ha respondido a las acusaciones el primer edil. Maciá sí que reconoce que respondieron al TSJ el pasado viernes en relación a un comunicado en el que, en contra de lo que asegura la plataforma, “se negaban medidas cautelares”.
El alcalde, que gobierna con Izquierda Unida y Somos Callosa, ha incidido en que para retirar la Cruz de los Caídos han contado con la autorización de la dirección general de Patrimonio en cuyos informes se recomendaba su traslado.
Sin embargo, la paralización temporal de las obras obedece a la nueva demanda ante los juzgados presentadas por el párroco de la iglesia de San Martín –en cuya plaza se encuentra el monumento- y miembros de la plataforma que evidenciaron el pasado domingo que el Ayuntamiento iba a iniciar las obras. En ella “reclamaremos responsabilidades patrimoniales y penales” a los regidores alicantinos, avanzó Valdés.
Los defensores de este símbolo levantado en 1942 también han enviado una batería de demandas al Ministerio de Cultura porque aducen que la Cruz de los Caídos debería estar protegida patrimonialmente al formar parte del Bien de Interés Cultural (BIC) de la iglesia de San Martín. Y que, por tanto, su retirada definitiva debería enmarcarse dentro de un plan especial.
No obstante, Fran Maciá niega que la Cruz esté integrada en el conjunto protegido del BIC. Sobre la petición de la plataforma que ha entrado a valorar el TSJCV de una posible vulneración de los derechos fundamentales de la libertad religiosa, el edil socialista recuerda que el consistorio ya ha ganado dos juicios en cuyos autos se establece que en ningún momento se atenta contra este derecho al no encontrarse en un lugar de culto, “sino en una plaza pública”.
De todas formas, el equipo de gobierno de Callosa no descarta que se deba celebrar un nuevo juicio “y empezaríamos otra vez desde cero”, asume resignado. De momento, la Cruz permanece en el Centro de Interpretación de la Memoria Histórica de este municipio que no supera los 20.000 habitantes.
Respuesta del Partido Popular
El Partido Popular de Callosa de Segura ha anunciado este lunes que, si gobierna, usará “todos los cauces legales” para devolver la cruz a la Plaza de España al tratarse, a juicio de su portavoz Manuel Illán, de “un símbolo más religioso que histórico”. El representante de la formación conservadora considera que “la retirada ha sido un acto de marcado carácter anticatólico que no se puede permitir”.
Los populares han vuelto a pedir la dimisión del alcalde, el socialista Fran Maciá, por “arremeter contra los sentimientos religiosos de una parte de la población sin atender los requerimientos al diálogo y el consenso necesarios para gobernar en armonía”. El portavoz popular ha asegurado que “las formas del regidor recuerdan los tiempos que él mismo asegura aborrecer” y ha recordado que “siempre hay soluciones de consenso que el gobierno local ha despreciado por pura ideología radical” y que se han aplicado en otras poblaciones. En Alicante, por ejemplo, “socialistas y Compromís cambiaron las placas de la cruz de los caídos para que el monumento sirviera de homenaje a todas las víctimas sin necesidad de trasladarlo”.
Por último, el portavoz del PP ha lamentado “los gritos a favor de la República de los afines al gobierno local porque demuestran una ideología contraria al espíritu de la Constitución que ha traído 40 años de democracia a España”, así como las dos detenciones de personas contrarias a la retirada del monumento. “Las razones hay que defenderlas en las instituciones que democráticamente nos hemos dado”, ha indicado Illán.
