La cogerente de Divalterra defiende ante el juez las contrataciones de altos cargos investigadas y dice que el jefe de Jurídico no se opuso a ellas

La excogerente de la empresa pública Divalterra nombrada por Compromís, Agustina Brines, ha declarado este jueves de manera voluntaria y como investigada ante el titular del juzgado de Instrucción número 9 de Valencia. Brines ha defendido la contratación de los altos cargos que la fiscalía considera irregulares y que motivó la operación policial Alquería que acabó con la dimisión del expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez. 

Brines ha explicado que cuando los representantes llegaron a gestionar Divalterra -antigua Imelsa- estaba la Guardia Civil acabando la investigación sobre el caso Taula, todavía en instrucción. La excogerente ha considerado la situación de la entidad como “caótica” y que las dos únicas soluciones eran o cerrar la entidad con más de 600 empleados o seguir con la gestión.

Para seguir con la gestión, ha proseguido, necesitaba personal de confianza por lo que se crearon los puestos de alta dirección ahora investigados. Unos puestos que se cubren, ha especificado, por mérito, capacidad y confianza, enchufados según los investigadores. La excogerente ha dicho todas estas personas acudieron siempre a su puesto de trabajo.

En ese sentido, Brines ha declarado que fue el primer gerente de Divalterra con el nuevo gobierno de izquierdas, José Ramón Tíller, y el actual jefe de Jurídico, José Luis Vera, quienes aprobaron los contratos de alta dirección denunciados. Es mas, ha apuntado, Vera “no puso ninguna objeción” a esas contrataciones. Tíller y Vera han declarado como testigos en la causa. 

Fue en 2017, ha relatado Brines según fuentes jurídicas, cuando para cubrir dos de estas plazas de altos cargos cuando aparecen los primeros problemas y se les dice que los tienen que aprobar por consejo de administración. A partir de ese momento es cuando aparecen los informes contradictorios sobre su legalidad, llegando a afirmar José Luis Vera en un informe que “no era una cuestión pacífica”, lo que significa que podían haber distintas opiniones sobre su legalidad.

Sobre el consejo de administración “paralelo”, que denunció la policía nacional en su informe, Brines ha asegurado que “era un órgano de debate entre el Gobierno” y no de suplantación. La cogerente ha reconocido que en 2018 hubo mucha tensión entre PSPV y Compromís por los nombramientos de dos altos cargos que habían quedado vacantes. También ha explicado que los nombramientos los hacían los partidos, pero según los departamentos que se habían repartido en el acuerdo de Gobierno.

En el interrogatorio de este jueves ha vivido un momento de gran tensión. El fiscal pretendía preguntar tras las defensas, algo a lo que se han opuesto el letrado Virgilio Latorre -asistente del investigado Manolo Reguart- y Javier Boix, defensa de Brines, puesto que siempre es el Ministerio Público el que pregunta primero tras el juez de instrucción. El juez lo ha solucionado asumiento él las preguntas del fiscal, algo que ha molestado a las defensas.

Además de Brines, este jueves también ha acudido a declarar el perito José Andreu que ha hecho un informe sobre la situación económica de Divalterra a petición del expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez.

En dicho informe pericial se afirma que “la gestión del órgano de Administración y su presidente Jorge Rodríguez Gramaje no ha perjudicado económicamente la Entidad Divalterra SA”. El documento consta de 20 páginas y a lo largo de su escrito se afirma que “se observa una reducción importante de los costes (personal y explotación) registrados por la sociedad, lo cual supone un importante beneficio para la Administración Pública (socio único de Divalterra SA) al verse reducidas las necesidades de financiación (subvenciones) de la entidad participada”.

Varios abogados de las defensas se están planteando solicitar la declaración voluntaria en la causa como ha hecho Brines.