Alfonso Rus, imputado por blanquear 1,8 millones de euros en Brasil
El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que investiga un supuesto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, ha imputado al expresidente de la Diputación y del PP provincial, Alfonso Rus, y a un empresario por un delito de blanqueo de capitales en la pieza separada C del caso Taula, la única que, junto a la pieza principal, permanecía secreta hasta ayer.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juzgado investiga varias operaciones de compraventa de acciones en las que intervinieron FDM (sociedad familiar de Rus), la sociedad de valores Arteinvest 2017, también del expresidente de la Diputación y Geneva Fondo Inmobiliario. El instructor considera que existen indicios de que la operación por la que Geneva adquiere por 1.800.000 euros 50 participaciones que Arteinvest, a su vez, había adquirido a FDM, y recompra tres años después por 1.200.000 euros es una “operación simulada”.
Según recoge el auto, “existen indicios racionales de que la primera operación”, la constitución de Arteinvest (carente a lo largo del tiempo de toda actividad) para adquirir las acciones de FDM, “también fue una operación ficticia, supuestamente orquestada para realizar una operación de blanqueo de dinero que el grupo investigador relaciona como presuntamente procedente de la actividad delictiva consistente en el cobro de comisiones por adjudicación de contratos por suministros, obras o servicios durante el desempeño de su cargo como alcalde de Xàtiva”.
La pieza C se constituyó en junio para investigar estos hechos de manera separada al resto de las diligencias del caso Imelsa. En ella están imputados (investigados) por un presunto delito de blanqueo de capitales Rus y el empresario Jaime Cabot, al haber fallecido la tercera persona que aparece vinculada a Geneva.
Más de 100 investigados
En el caso Imelsa hay más de cien investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas en Diputación (a través de la empresa Imelsa); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa).
La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo. Se estructura en una pieza principal y cinco piezas separadas.
