La auditoría del hospital del Vinalopó, que Sanidad no hace pública, cuestiona la “eficiencia” de la gestión privada

“La eficiencia económica de la concesión administrativa desde la perspectiva de la administración pública es cuestionable”. Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado la auditoría ciudadana encargada de evaluar la situación del hospital del Vinalopó, de gestión privada. El informe, al que ha accedido este medio, ha permanecido oculto desde que fuera remitido al Comisionado del Vinalopó el pasado 16 de enero. Ni el centro, ubicado en Elche, ni la Conselleria de Sanidad o la de Transparencia lo han querido hacer público, la misma suerte que había corrido la auditoría sobre el hospital privatizado de Dénia y que al final dio a conocer la plataforma en defensa de la sanidad pública la semana pasada.

El documento, que examina los ocho primeros años de funcionamiento del hospital puesto en marcha en junio de 2010, pone en evidencia varias de las argumentaciones que han venido defendiendo tanto el grupo empresarial Ribera Salud, que gestiona los hospitales y centros de salud de los departamentos de Torrevieja y Vinalopó y tiene participaciones en el de Dénia, como la derecha política. Precisamente PP y Ciudadanos apoyaron en las Corts Valencianes la petición de Podemos de realizar una auditoría a principios de mandato y, sin embargo, ahora han sido los únicos que han votado en contra del resultado final.

Para empezar, el texto critica que desde la puesta en funcionamiento de la concesión destaca “la opacidad en la gestión y falta de transparencia” que se traduce en  “la penuria de documentación disponible, que compromete seriamente la realización de la auditoría y refleja el fracaso del ejercicio de las funciones de supervisión por parte de la conselleria”. Este aspecto lo han venido denunciando los comités de empresa de los diferentes hospitales del modelo Alzira. Es más, el informe releva que “no se dispone de liquidaciones económicas de los años 2014-2017, y las disponibles no han sido aprobadas por la Intervención Sanitaria. Tampoco existen actas aprobadas de inversiones, ”que permitan una adecuada supervisión“, algo que ya había señalado la Sindicatura de Comptes.  

Sobre las comisiones mixtas, diseñadas para velar por el cumplimiento del contrato a la concesionaria, la auditoría asegura que pese a que desde abril de 2015 no han emitido actas de seguimiento regulada en los pliegos del contrato de gestión, “han interpretado los pliegos, acordado actuaciones y aprobado actas que estaban fuera de sus atribuciones, asumiendo funciones propias del órgano de contratación, lo que ha llevado a su anulación y a la presentación de demandas judiciales”. Además, le achaca al órgano “una intromisión continua, interpretando y variando las condiciones del contrato”, lo que ha impedido “un control adecuado por la administración”, en parte, debido a la “ambigüedad de determinadas cláusulas contractuales”.

En el apartado económico el documento, de 78 páginas, concluye que la cápita de las concesiones administrativas -el precio por atender a cada habitante adscrito al centro- “no tiene en cuenta el 30% de los costes sanitarios del departamento financiados por la conselleria”, como prótesis, transporte sanitario o gastos de farmacia, “superior a la media de los departamentos de gestión directa” -los públicos- con un sobrecoste de más de 11 millones de euros en los últimos cinco años.

Por lo tanto, añade que la valoración de la eficiencia económica “no puede basarse exclusivamente en la comparación de la cápita de las concesiones y los centros de gestión directa”. Y es que se entiende que se debería de tener en cuenta, entre otros factores, “el impacto de la externalización del servicio sobre los restantes departamentos del sistema”. En concreto, en el caso de Elche se da la circunstancia excepcional de que en la misma ciudad, la tercera de la Comunidad Valenciana, conviven el modelo público, adscrito al Departamento de Salud 20 del Hospital General de Elche, y el Departamento de Salud 24 Elx-Crevillent, el del Vinalopó. El primero vio cómo se reducía su población protegida en unas 130.000 personas, un 43%, al incorporar el nuevo departamento una parte del área básica de salud número 6, del barrio El Pla, pasando de atender a 135.000 personas en 2010 a 154.000 en 2017, lo que supuso un aumento de la cápita en un 11,47% y, para la auditoría, en cambio, ha generado “duplicidad de recursos, infrautilización del edificio de consultas (UIAE) del público, diseñado para una población de 300.000 habitantes, y un deterioro de las ratios de personal”.

Por último, la auditoría ciudadana, compuesta por representantes de todos los grupos parlamentarios valencianos, un representante del municipio, miembros de los dos hospitales de la ciudad, la directora general de la Alta de Inspección Sanitaria del Gobierno valenciano, un técnico de conselleria y un representante de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, reconoce que a diferencia de otras concesiones, el saldo de facturación entre la concesión y los centros de gestión directa es sistemáticamente favorable a estos últimos. Pero mantiene que el saldo negativo del Vinalopó “se compensa con el balance del departamento de Torrevieja”, con el que recuerda que está “sinergiado”, manteniendo el primero unos saldos positivos de alrededor de 8 millones de euros a favor de la empresa concesionaria.

“Guardada en un cajón”

Preguntada a la plataforma en defensa de la sanidad pública, asegura que las Corts Valencianes “han guardado la auditoría deliberadamente en un cajón” puesto que está finalizada desde enero de este año, afirmación que descartan fuentes de Sanidad que aseveran que recibieron el informe en mitad de febrero. “Se estaba revisando para su remisión a las Cortes, pero se han disuelto con motivo de la convocatoria de elecciones”, añaden desde el departamento que dirige Ana Barceló.

Una demora que según señalan desde la plataforma –y que rechaza de plano la Generalitat- vendría motivada “para no interferir en las negociaciones sobre la reversión del hospital de Dénia”, rotas desde este jueves por la aseguradora alemana DKV –dueña del 65% de Marina Salud al que hay que sumar el 35% de Ribera Salud- después de su incomparecencia en una reunión con miembros del Gobierno valenciano.

No obstante, conselleria cree que el rescate de la concesión de Dénia aún sería posible antes de las elecciones autonómicas, siguiendo la estela de Alzira. Por último, a preguntas de este diario niegan que en las reuniones sobre el futuro de Dénia se esté estudiando la posibilidad de ampliar cinco años la concesión del Vinalopó, cuyo contrato finaliza en 2025.

Respuesta del Vinalopó

La dirección del hospital dice desconocer estas conclusiones “hasta ahora, a pesar de haber sido solicitado el informe en varias ocasiones”, explican a este medio. A su juicio, resulta “sorprendente que se estén ofreciendo unos datos de ‘auditoria ciudadana’ como oficiales” cuando recuerdan que recientemente se publicó el informe del Sindic de Comptes, “organismo oficial de la propia Generalitat Valenciana, y en el que curiosamente la Conselleria de Sanidad no presentó ninguna alegación (ni promocionó en medios de comunicación sus resultados)”.

Sobre las conclusiones del informe, aseguran que “la mayoría son inexactas” y la empresa está a disposición de la conselleria “para aportar las alegaciones oportunas”. En concreto, en relación a la “falta de control por parte de la administración”, argumentan que los criterios de control “son definidos por la propia administración, no por la empresa”, y que es “obligación” del Gobierno valenciano, “independientemente de su signo político, realizar ese seguimiento a la concesión; este punto es responsabilidad única y exclusivamente de la administración”.

Con todo, señalan que “el hospital más eficiente de la Comunidad Valenciana es el hospital de Torrevieja, seguido del hospital del Vinalopó”, ambas concesiones “tienen una demora tres veces menor que la media de la Comunidad Valenciana”, y que también ambos centros “invierten más por habitante que la media”.