Un informe del Gobierno valenciano avala el impuesto a las bebidas azucaradas
El Gobierno valenciano avala el impuesto a las bebidas azucaradas aunque no concreta cuándo comenzará su aplicación. Un informe interno de la Conselleria de Sanidad en cumplimiento de una proposición no de ley de las Corts señala la efectividad de un gravamen en estos productos concretos sobre su consumo.
El documento recoge las conclusiones de un informe de la Organización Mundial de la Salud y analiza el ejemplo catalán. El texto de la OMS apunta que “una tasa del 20% sobre las bebidas azucaradas puede conducir a la reducción de su consumo en un 20% aproximadamente, siendo más influyente en los grupos socioeconómicos más bajos”. Las clases sociales con menos poder adquisitivo son más vulnerables ante estos productos, según numerosos expertos.
La Generalitat de Catalunya grava los refrescos por volumen: ocho céntimos por litro de bebidas con un contenido de azúcar entre 5 y 8 gramos por cada 100 mililitros; y 0,12 euros por litro para bebidas con un contenido de azúcar superior a 8 gramos por 100 mililitros. El impuesto fue recurrido ante los tribunales por las grandes corporaciones al saltarse partes de la tramitación y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaró su nulidad, aunque la Generalitat sostiene que sigue vigente.
El segundo Acuerdo del Botànic introduce la promoción de la alimentación saludable en su punto 18: “Promoveremos una alimentación saludable y estableceremos medidas que desincentivan el consumo de bebidas azucaradas destinando estos recursos a mejorar la atención primaria en la salud y abrir equipaciones deportivas del plan valenciano de barrios”.
La línea del Gobierno valenciano pasa por dos frentes: reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y azucarados y promover el consumo de alimentos frescos y de proximidad, especialmente frutas y verduras. La Conselleria de Sanidad trabaja en la estrategia de promoción de la alimentación saludable en coordinación con la OMS, que pretende crear ambientes saludables y luchar contra la obesidad infantil. En la misma línea, trabaja con la Conselleria de Educación en un plan de consumo de frutas en las escuelas.
La PNL de las Corts Valencianes, de la que parte el informe, también insta a promover un etiquetado sencillo en los alimentos advirtiendo de los riesgos a largo plazo de algunos componentes, cuestión que es competencia estatal.
Sobre la aplicación del impuesto hay cierta controversia entre los partidos que firmaron el Acuerdo del Botànic. Si bien todos están a favor de promover una alimentación saludable, son Compromís y Unidas Podem-Esquerra Unida más favorables a interferir en el precio de los alimentos, aumentando el de los no saludables, mientras que los socialistas creen que el mercado se autorregulará a medida que aumente la conciencia.
