Fernando de Rosa vuelve a casa
Mientras Pablo Casado emplazaba a la desesperada a Ciudadanos a integrarse en las listas al Senado para evitar que el PSOE se haga con el control de la Cámara Alta en las próximas elecciones, se hacía público que el presidente de la Audiencia de Valencia, Fernando de Rosa, será candidato a senador por el PP. No es un salto cualquiera, el de una de la principales autoridades judiciales valencianas. Pero no ha sorprendido a nadie.
De Rosa pertenece a una familia de muy temprana vinculación a los conservadores. Aunque su hermano Alberto, director general de la concesionaria de los hospitales valencianos privatizados por el PP, y su hermana Carmen, presidenta del Ateneo Mercantil de Valencia, se fotografiaran hace unos días, en Fallas, con el líder de Vox, Santiago Abascal, bien se les puede considerar una familia “fundadora”, ya que la sede de Alianza Popular en la ciudad estaba en un piso de la familia en el que el mismo Fernando afilió a un joven llamado Francisco Camps.
No es de extrañar que al llegar a la presidencia de la Generalitat Valenciana Camps lo nombrara, primero secretario autonómico, de 2003 a 2007, y después conseller de Justicia, de 2007 a 2008. Durante el periodo en el que formó parte del Gobierno valenciano del PP, no se abstuvo de declaraciones llamativas, como aquellas en las que criticó al que fuera fiscal jefe del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo. Tampoco dejó de evidenciar una ligereza característica del abuso de poder de la derecha valenciana en unos tiempos que todavía están pasando factura a sus protagonistas, inmersos muchos de ellos en procesos por corrupción. “Te mando el curriculum vitae de (una) amiga de mi mujer y afiliada al Partido Popular, para que la tengas en cuenta...”, escribió en una carta dirigida a otro alto cargo de la Generalitat.
A Fernando de Rosa, que dejó la Generalitat para convertirse en vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP, le gusta señalar que es juez de carrera, pero su “carrera” tiene mucho que ver con la política y poco con el ejercicio jurisdiccional. Resulta, por lo demás, emblemática de la excesiva intromisión partidista en la estructura del tercer poder del Estado en España. De hecho, tras un cargo político en Valencia, pasó de la mano del PP al máximo órgano de gobierno de los jueces, en el que llegó a ser presidente interino tras la dimisión de José Carlos Dívar. De allí pasó a la Audiencia Provincial de Valencia, a la que accedió aupado por el sector conservador de los jueces. Y fue elegido en 2015 presidente de ese órgano por el Consejo General del Poder Judicial con el voto de los vocales propuestos por el PP de entre cinco magistrados entre los que, como destacó en su momento Jueces para la Democracia, era “el de menor tiempo de desempeño de funciones jurisdiccionales y con solo un año en la Audiencia”.
Allí ha estado hasta ahora, rodeado de causas por corrupción que afectan a gentes con las que compartió gobierno autonómico, de las que ha llegado a amagar con no apartarse en la composición de los tribunales, aunque haya tenido que hacerlo, por ejemplo, en el caso Emarsa, que juzgó el saqueo de la depuradora metropolitana de Valencia en la época como alcaldesa de la fallecida Rita Barberá, otra “pata negra” de la antigua Alianza Popular.
La carrera de Fernando de Rosa debería estudiarse en las facultades de Derecho como ejemplo práctico -hay muchos otros, aunque no más evidentes- de lo que está ocurriendo con el poder judicial en España. Saltar directamente de la presidencia de la Audiencia a la candidatura del PP al Senado en Valencia, para culminar el retorno a su partido tras una carrera judicial basada precisamente en el apoyo político de los conservadores, solo quiere decir que vuelve a casa.
