El cardenal Cañizares afirma que son los padres quienes educan y no la escuela: “Si no, todavía no hemos salido de los gulags”

El cardenal Antonio Cañizares no afloja y se reafirma como el azote de la Iglesia contra el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y defensor de los postulados de la extrema derecha, ahora a razón del veto parental que propone Vox y que PP y Ciudadanos han secundado con contradicciones.

El arzobispo de València afirma que “con el don de los hijos, Dios le ha dado a los padres el deber y la responsabilidad de educarlos que nada ni nadie puede arrebatarles, y menos el Estado”. Y a partir de aquí carga contra el Gobierno y en concreto de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, quien declaró que los hijos no pertenecen a los padres, manifestando que “lo que ha dicho [Isabel Celaá] es una barbaridad, no se ha dado cuenta de lo que ha dicho. Este Gobierno no sabe dónde va y así está conculcando el ordenamiento jurídico español”. El Ejecutivo entiende que por encima de las cuestiones familiares están los derechos de los niños: “Son derechos fundamentales y constitucionales del menor que asisten a todas las personas desde su nacimiento. Lo contrario sería pensar que los menores, por serlo, no tienen derechos fundamentales. No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres”, fueron las palabras de la ministra.

Así, el postulado del cardenal Cañizares es que “la escuela no es la institución social encargada de educar a los niños; es a los padres a quienes corresponde esta misión. Si no es así, todavía no hemos salido de los gulags soviéticos, de la cultura comunista. Esa actitud no es compatible con una España que se abre al futuro, es el retroceso más grande que puede tener un Gobierno”.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional anunció que va a recurrir por la vía judicial el 'pin parental', una medida que la propia Celáa ha tildado de “ilegal” y que excede las competencias que tienen atribuidos por ley los centros educativos sobre decisiones curriculares. Ha dado un plazo de un mes al Ejecutivo de PP y Ciudadanos antes de formalizar el recurso por la vía contencioso-administrativa.