Un juez acepta que Paterna vete un centro de menores de la Generalitat porque puede instalarse “en otra población”
El Ayuntamiento de Paterna, gobernado por el socialista Juan Antonio Sagredo, acordaba el pasado mes de marzo en el pleno (con una gran presión ciudadana y gracias a los votos de los socialistas, PP, Ciudadanos y los dos concejales no adscritos) dejar en suspenso de forma temporal las licencias asistenciales para evitar la construcción de un centro de menores proyectado por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en la localidad con una capacidad para acoger a dieciocho menores.
Esta decisión generó gran controversia y el enfrentamiento entre los socios de gobierno de PSPV y Compromís, además del choque entre el Ayuntamiento y la conselleria que dirige Mónica Oltra, quien calificó el acuerdo municipal de “insolidario y cuestionable”. Sagredo, por su parte, acusó a Oltra de “deslealtad institucional” y de “incapacidad política”.
La Generalitat Valenciana decidió recurrir la decisión del Consistorio de Paterna y pedir la suspensión cautelar de la resolución municipal. Sin embargo, el juez de lo contencioso-administrativo número 9 de Valencia ha decidido denegar dicha solicitud al considerar no acreditado, tal y como defendía la Abogacía de la Generalitat, que el acuerdo municipal pueda afectar a los intereses generales y sostiene que la actividad se puede desarrollar “en otros centros existentes” o que la infraestructura planteada se puede construir incluso “en otra población”.
“Menoscaba” las competencias autonómicas
Desde la Conselleria insisten en que la suspensión de la tramitación de licencias “menoscaba” las competencias del Gobierno valencianos para la prestación del servicio de protección y ayuda a menores (la Generalitat tiene 1.968 niños bajo su tutela en la provincia de Valencia de los que 617 son atendidos en centros de protección), jóvenes, mujeres, migrantes, mayores o discapacitados.
Con esta resolución judicial, explican desde el departamento que dirige Mónica Oltra, aunque está pendiente de resolución, el Consell no podrá instalar ningún tipo de recurso asistencial de carácter social durante los próximos dos años. “Si esto es competencia autonómica y la Generalitat no puede hacerlo, quién se va a encargar de las necesidades sociales del municipio si hicieran falta recursos en materia de infancia, de protección de mujeres víctimas de violencia machista o de centros de atención a personas mayores, por poner algunos ejemplos”, se preguntan.
Además, llaman la atención sobre el hecho de que, ante este argumento, “nada indica que no se pueda realizar” un acuerdo de similares características en otras localidades. “Si todos los municipios realizaran el mismo proceso, la conselleria sería incapaz de ubicar centros de atención y protección en toda la Comunitat Valenciana”, argumentan. Así mismo, insisten en que, ante un evidente conflicto de intereses, debe primar el interés superior del menor sobre cualquier otro que pueda concurrir.
También mantienen que el acuerdo plenario, que se produjo un mes después de una protesta vecinal contra la instalación de este centro en la que participaron miembros “reconocidos” de la extrema derecha“, es ”arbitrario“ ya que su fin último es ”impedir la apertura de un centro de acogida y protección de niños y niñas desamparados“.
Extralimitación de competencias
Desde el Gobierno valenciano aseguran que se ha producido una extralimitación de competencias al “contravenir varios aspectos de la legislación urbanística que pasan por alto el carácter restrictivo de la suspensión de licencias”. Así, sostienen que el acuerdo municipal para la suspensión de licencias “pasa por alto el carácter restrictivo de la supensión de licencias y, al contrario de lo que determina la jurisprudencia y la legislación, afecta a todo el término municipal”.
