El Gobierno valenciano contra la violencia machista: Más medios, más formación y mejor coordinación
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha presentado las conclusiones del grupo de trabajo para la revisión de los protocolos de actuación institucional en materia de valoración en casos de violencia machista, y lo ha hecho apenas una semana después de que un hombre asesinara a sus dos hijas -de 3 y 6 años- en Castellón en un contexto en el que aumentan las denuncias por violencia de género (en 2017 se registraron un 14% más). “Cada vez se producen más casos entre los más jóvenes”, ha apuntado también la titular de Justicia. Para combatir esta lacra, ha reconocido Bravo, son necesarios más recursos, más formación y mejor coordinación para atender a las víctimas.
La Conselleria decidió crear un grupo de trabajo, compuesto por expertos, después del asesinato en Elda, en noviembre del pasado año, de una mujer a manos de su expareja a las puertas del colegio de su hijo. Entre las conclusiones que se han alcanzado se encuentra la necesidad de incorporar más medios en el primer momento, cuando la víctima da el paso de presentar una denuncia: “en ese primer momento, no puede estar sola”. La denunciante necesita, no sólo asistencia letrada sino también psicológica.
Para ello, se pretende potenciar, dotándolas de más medios, las unidades de valoración forense integral, tal y como se ha hecho en Alicante y Valencia y se está tramitando en Castellón. Bravo llama la atención sobre los pocos informes de valoración urgente del riesgo en casos de violencia machista que se solicitan (ninguno en 2017 y 19 este año).
Para la elaboración de estos informes de valoración de riesgos en Valencia se han consignado cinco médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Valencia -uno de ellos actúa de jefe de sección-, además de tres forenses adscritos a los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Paterna, Torrent y Gandia, así como otros cinco que estarán de guardia. También se dotan estas unidades con tres psicólogos, un trabajador social y un tramitador. En Alicante, se cuenta para este fin con un médico forense, dos psicólogos, un trabajador social y un tramitador.
La Conselleria de Justicia está trabajando de cara a 2019, y así está previsto que se contemple en los presupuestos del próximo ejercicio, en la creación de unidades de evaluación comarcales, tal y como se ha hecho con los equipos psicosociales “con gran éxito”. De este modo, se prevé la creación de unidades que se encargarían de dos o tres partidos judiciales -dependiendo de las necesidades- con el objetivo de generar un servicio más cercano a la víctima y mejorar la coordinación: “se trata de mantener la misma estructura en ámbitos más pequeños que dependería de los órganos provinciales pero permitiría visibilizar mejor la atención de cara a las víctimas”.
“No se puede hablar de Pacto de Estado contra la Violencia de Género si no se dota con medios”, ha dicho Bravo, quien considera que estas oficinas tendrían que contar también con un criminólogo para determinar el grado de peligrosidad del agresor.
En Castellón, “el sistemá falló”
Bravo ha reconocido que en el caso de Castellón de la pasada semana el sistema falló, como demuestra el hecho de que existiera un procedimiento judicial civil, que hubiera una discusión sobre la guarda y custodia de las menores y que la evaluación del riesgo no se correspondía “ni con el peligro ni con la agresividad del maltratador”. No obstante, ha defendido la actuación de la jueza que rechazó el recurso de la madre de las niñas asesinadas: “hizo su trabajo lo mejor posible”. Así, la magistrada entendió, a pesar del criterio contrario de la Fiscalía, que el riesgo era bajo.
