El Parlamento valenciano no tramitará la petición de Vox sobre el colectivo LGTBI porque puede incurrir en un delito de odio
El presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera, ha comunicado que no tramitará la petición del grupo parlamentario de Vox en relación a las subvenciones del colectivo LGTBI en la Comunitat Valenciana por considerar que la solicitud podría ser constitutiva de un delito de odio.
En opinión de Morera, esta iniciativa podría servir para “comenzar una causa general contra un colectivo de personas y entidades por una cuestión de orientación sexual y afectiva, protegida constitucionalmente por la legislación vigente y por los tratados internacionales adoptados por el Estado español”.
Ante esta situación, el presidente de la cámara autonómica pondrá en conocimiento de la Fiscalía contra Delitos de Odio y Discriminación de Valencia el escrito de Vox a fin de que verifique si su contenido “podría constituir un ilícito penal”.
Rechazo de Ximo Puig
El president de la Generalitat, Ximo Puig, se refería este martes también a esta cuestión y rechazaba facilitar los datos de activistas LGTBI a Vox: “No vamos a seguir el juego a esta situación de barbarie que se está transmitiendo, es muy peligroso”. “No hay que dar ni un paso atrás. El problema es que esos derechos que se habían asumido por la sociedad, en este momento, están otra vez poniéndose en cuestión”, ha dicho Puig en un acto en Madrid.
Y ha insistido en que las iniciativas del partido de extrema derecha, “del que sólo pueden esperarse medidas de ultraderecha”, van dirigidas “contra dos ámbitos: la mujer y todo lo que tiene que ver con el apoyo de políticas de no discriminación”.
Petición de Vox
La diputada autonómica de Vox María Ángeles Criado registraba el lunes una petición de documentación para acceder a los datos personales de miembros de colectivos LGTBI que imparten talleres o conferencias en colegios públicos. Vox, que ya se negó hace unos días a rubricar una declaración institucional en favor de los derechos LGTBI en el Parlamento autonómico, reclamaba, entre otras cuestiones, antecedentes de penales de las personas LGTBI o los “contenidos exactos de lo que se da a nuestros menores” en los centros públicos de enseñanza.
