El futuro postCOVID de los 'riders': una regulación laboral expresa que acabe con la precariedad o la unión de trabajadores en cooperativas

Inpecciones de trabajo y juzgados de València, Madrid, Barcelona o Zaragoza han considerado que los riders de plataformas digitales de reparto a domicilio como Glovo o Deliveroo son falsos autónomos. En primera instancia, los tribunales han dado la razón a sindicatos y repartidores ciclistas, pero en todos los casos las decisiones han sido recurridas. Al no haber sentencia firme y el Tribunal Supremo no haber fijado jurisprudencia, las plataformas todavía no han tenido que ejecutar los fallos que les condenan a la devolución de las cuotas a la Seguridad Social o importantes multas. 

Tanto Glovo como Deliveroo han defendido que han modificado sus prácticas y la manera de gestionar a los riders, por lo que, cuando hubiera sentencian firme, las sanciones serían por hechos de 2017 y 2018 y la Inspección de Trabajo debería volver a abrir procedimientos para perseguir posibles fraudes laborales en la actualidad. La crisis del coronavirus no ha hecho más que agravar la precariedad de los riders, que en muchos casos no han recibido de las plataformas el material de seguridad para evitar infecciones y han tenido que adquirirlo con su dinero o recurrir a donaciones.

Ante esta lentitud y la farragosa batalla judicial, desde la Cátedra de Economía Colaborativa y Transformación Digital de la Universitat de València en colaboración con la fundación Las Naves han elaborado un documento en el que repasan la situación de los repartidores ciclistas de Deliveroo, Glovo y Uber Eats durante los primeros 50 días de estado de alarma y proponen medidas para su futuro postCOVID. Aunque las medidas se podrían empezar a aplicar ya.

Adrián Todolí, profesor de Derecho Laboral de la Univerditat de València y codirector de la cátedra, reclama que se agilice de una vez por todas “una regulación expresa que ayude a solucionar este problema laboral” como se comprometió la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. “Las sentencias no se están cumpliendo y no está claro que si el Supremo lo avala se cumplan. Las plataformas no asumen que tienen que que cumplir porque dicen que son prácticas del pasado y, por ahora, no han reintegrado nada porque las sentencias no son firmes. Cuando viniera la sentencia firme estarían devolviendo dinero de 2017 y la Inspección tendría que volver a empezar”, argumenta.

Esa legislación específica, relata Todolí, debería solucionar el problema de los falsos autónomos y crear un marco para que las plataformas tengan que asumir estos empleados, como ocurrió en el pasado con sectores como el transporte donde se consiguió erradicar en parte estas prácticas laborales fraudulentas.

La otra opción que plantean desde la Cátedra de Economía Social es la creación de cooperativas. “Si los trabajadores se ponen de acuerdo, la plataforma digital no tiene un coste excesivamente alto y todos los trabajadores serían propietarios de la plataforma. En Barcelona está Mensakas”, propone Todolí. Para el codirector de la cátedra los riders son lo más importante y “una vez tienen la plataforma para una ciudad la pueden exportar a otras”.

Todolí reconoce que una posible dificultad para los inicios sería la falta de capital para invertir en marketing. Las grandes plataformas tienen una gran capacidad económica para promocionarse en medios de comunicación y redes sociales.

El profesor de Derecho Laboral lamenta que la crisis del coronavirus haya empeorado la situación laboral de los repartidores ciclistas porque han visto incrementado su trabajo y reducido su sueldo. Además, “la Inspección ahora no está denunciando porque permance el estado de alarma”.

En ese sentido, desde Intersindical Valenciana han continuado denunciando posibles abusos laborales que han recibido la respuesta de la Inspección de Trabajo, aunque en forma de advertencias y requerimientos y no de sanciones.

Inspecciones en 71 centros de trabajo

“Las inspecciones se han realizado entre los días 25 y 27 de abril mediante visitas a 71 centros de trabajo y la ulterior comprobación documental, habiendo participado un total de doce inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social”, según explican fuentes de Intersindical Valenciana. Durante el curso de las inspecciones han sido entrevistados 87 trabajadores con funciones de reparto de productos a domicilio (riders y repartidores), la mayoría de ellos trabajadores autónomos -posibles falsos autónomos - por cuenta de las diferentes plataformas.

En total, revelan desde el sindicato, “como consecuencia de las comprobaciones efectuadas, se han extendido treinta y tres advertencias y un requerimiento”. La Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha concluído, según la resolución, que “sin perjuicio de las medidas que se hayan adoptado o puedan adoptarse por las inspecciones provinciales, se ha remitido a todas las plataformas digitales un documento informativo sobre las medidas que tienen que ser reforzadas, a la vista de los informes evacuados por los inspectores e inspectoras de Trabajo y Seguridad Social actuantes”.

Así, entre los incumplimientos detectados y las propuestas se encuentran:

1.- Delimitación en los establecimientos visitados de zonas de recogida de los productos y señalización de advertencia.

2.-Mantenimiento de la distancia de seguridad entre los riders y los trabajadores de las empresas colaboradoras: entrega sin contacto de los productos.

3.-Entrega de mediados de protección, como por ejemplo mascarillas, guantes y soluciones desinfectantes, cuando esto fuera preceptivo, y refuerzo de las medidas de higiene personal.

4.-Reforzamiento de las obligaciones de información, instrucción y colaboración de las empresas colaboradoras con los riders y repartidores.

5.-Reforzamiento de las medidas de limpieza de zonas de recogida y de equipos y enseres de transporte de los productos.

6.-Advertencia general recordando a las Plataformas el cumplimiento de las medidas de prevención y protección que se tienen que seguir por estas respecto a los trabajadores de Reparto.

7.-Actualización de las evaluaciones de riesgos de las empresas colaboradoras, en relación con las obligaciones de coordinación preventiva.

Intersindical Valenciana considera “positiva” esta actuación y pide a la Inspección de Trabajo que mantenga la vigilancia de todas estas empresas y las obligue a cumplir la normativa laboral y de seguridad y salud laboral para garantizar la salud y los derechos laborales de los riders y repartidores y evitar los contagios.