El Defensor del Pueblo investiga la prórroga de 50 años a los clubes náuticos regulada por la Corts Valencianes contra el criterio de la conselleria

La posibilidad de prorrogar hasta 50 años las concesiones administrativas a los clubes náuticos para gestionar los puertos deportivos está en una ley autonómica valenciana desde hace unos meses, pero puede vulnerar las normas de contratación pública y libre competencia. En la práctica, no se ha aplicado todavía en ningún caso, mientras el Defensor del Pueblo investiga su legalidad.

Introducida en la Ley de Puertos valenciana de 2014 mediante la aprobación de una enmienda en la denominada ley de Acompañamiento de los Presupuestos a finales de 2018, la eventual prórroga sin concurso de esas concesiones, más de una docena de ellas caducadas desde hace años, ha motivado una investigación de la institución del Defensor del Pueblo, que recibió en mayo una denuncia de un particular y se dirigió a la Generalitat Valenciana para pedir explicaciones.

Vía enmienda parlamentaria

Lo curioso de la respuesta de la entonces Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio al Defensor del Pueblo fue que desde ese departamento, que dirigía la socialista María José Salvador, no se había propuesto ningún texto como el que finalmente fue incluido en la ley, dado que las modificaciones fueron introducidas directamente, vía enmienda parlamentaria conjunta de los grupos socialista y de Compromís a la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y de Organización de la Generalitat Valenciana.

De hecho, no solo no fue propuesta desde la conselleria, sino que en su momento, el departamento de Obras Públicas informó en contra de la enmienda, promovida por el grupo parlamentario del PSPV-PSOE y suscrita también por el de Compromís. La conselleria recomendó retirar la enmienda porque consideró “jurídicamente inviable” prorrogar una concesión caducada otros 50 años sin concurso con la sola condición de realizar inversiones superiores al 20% de la inversión inicial prevista en la adjudicación.

Tras ser rechazada en comisión, al final, la modificación fue aprobada por el pleno del Parlamento valenciano con los votos a favor del PSPV-PSOE, Compromís, el PP y Ciudadanos, y la única oposición de Podemos.

Los clubes náuticos piden la aplicación “con efecto inmediato”

El lobby de los clubes náuticos celebró ese “blindaje” a sus concesiones y no tardó en expresar su impaciencia para hacerlo realidad. La Asociación de Clubes Náuticos de la Comunidad Valenciana reclamaba a finales de febrero la aplicación “con efecto inmediato” de la nueva normativa que prevé prorrogar las concesiones hasta los 50 años.“Las Corts han hablado y su mandato legal debe ser obedecido por la Generalitat sin excusas ni dilaciones injustificadas”, advertía.

Los clubes náuticos, tras la llegada de la izquierda al Gobierno valenciano, se enfrentaron a la intención de sacar a concurso público, bajo el amparo de la normativa europea, las concesiones de puertos deportivos, un total de 56 de titularidad autonómica frente a los siete puertos del Estado que hay en el litoral valenciano.

El intento de democratizar los puertos deportivos

El Gobierno del Pacto del Botánico pretendía democratizar el uso de los puertos deportivos y eliminar los privilegios en el disfrute privado de instalaciones públicas. Pretensión que chocó con los clubes náuticos. Tras una tensa pugna, en la que el PP abanderó los intereses de los clubes náuticos, se pactó una solución consistente en convocar concursos para otorgar las concesiones de gestión de dársenas e instalaciones náutico-deportivas restringidos a los clubes y a otras entidades deportivas sin ánimo de lucro (escuelas de vela, por ejemplo).

La fórmula evitaba la “privatización” que denunciaban los clubes náuticos si se permitía que las concesiones fuesen a parar a empresas, pero se imponía un modelo abierto en el uso de los puertos deportivos, “eliminando las barreras físicas y psicológicas existentes entre los ciudadanos y los puertos”.

El modelo no llegó a aplicarse y recibió la enmienda a la totalidad que supone la reforma introducida por las Corts Valencianes hace menos de un año, que prevé la renovación automática de concesiones. Esta vez, no ha sido el PP el defensor de los intereses de los clubes náuticos sino dos de los socios del Gobierno del Botánico, PSPV-PSOE y Compromís. Pero la fórmula es de dudosa validez legal.

Nuevo conseller del área

El nuevo conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, señaló esta semana en las Corts Valencianes: “Hay algunas concesiones de clubes náuticos caducadas y la Ley de Medidas para 2019 ha introducido cambios en la Ley de Puertos de la Comunitat Valenciana en este punto. Vamos a aprobar tanto las condiciones de referencia como el procedimiento y los criterios orientadores para el otorgamiento de la prórroga de concesiones o de nuevos títulos concesionales, de acuerdo con la nueva normativa”.

Desde el departamento explicaron que el conseller se refería al establecimiento de los requisitos sin cuyo cumplimiento no podrán acogerse a la prórroga de las concesiones.