Las sombras del 'anfitrión' de las juergas de la 'Gürtel'

Pese a que Bernabé Cano revalidó su mandato, la llegada de Ciudadanos a la Diputación de Alicante parecía suponer el fin a cualquier ambición política. La postura de de la formación naranja en pro de la regeneración y la enemistad política de sus líderes en Alicante hacia alguien con quien compartieron militancia en el PP, bloqueaban cualquier salto hacía arriba. Más con el nuevo discurso del presidente de la corporación provincial, el también popular César Sánchez.

Sin embargo, Cano ha superado todos los obstáculos. Sánchez lo ha nombrado estas últimas semanas diputado responsable de las obras de mejora en los municipios en la Diputación de Alicante. Un premio que contrasta con el discurso de Sánchez y las reticencias de Ciudadanos al alcalde de La Nucía (Marina Baixa). En especial, por el reguero de sospechas que lo señalan.

'Pelotazo' con Correa

Sucesor de Diego Such al frente de la alcaldía, Bernabé Cano tuvo una relación especial con uno de los personajes claves, según la investigación, del caso 'Gürtel'. Álvaro Pérez 'El Bigotes', delegado de Orange Market, la empresa matriz de la red, en Valencia, trabó una gran amistad con Berna, como popularmente se le conoce en el pueblo. Cano lo reconoció después públicamente. Es más, El Bigotes tenía su chalet en la localidad y su mujer fue presentadora de la nochevieja de 2007 en Canal 9, que se emitió desde La Nucía.

Esos vínculos hicieron que varías empresas relacionadas con la trama obtuvieran varios contratos del Ayuntamiento. Cano adjudicó a Altius Levante la construcción de la piscina municipal por 2 millones y su gestión durante 25 años. La contratista pagó posteriormente a Orange Market 41.811 euros por una campaña de marketing.

En 2002, con poco más de un año al frente de la alcaldía, Cano adjudicó a Especial Events la gala de los “Premios a la Libertad Luis del Olmo” que se celebraban en la localidad de la Marina Baixa. Según la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), la mercantil elaboró una hoja de costes en la que calcularon unos gastos de organización de 185.601 euros. Sin embargo, fracturaron al Ayuntamiento 305.682 euros. El beneficio fue de 120.061 euros.

La vinculación entre el alcalde y la red capitaneada por Francisco Correa fue tal que protagonizó uno de los episodios más jocosos de la trama. En las transcripciones de las grabaciones efectuadas en la investigación, Correa comenta que participó en una fiesta organizada en un local “cuasisecreto” del alcalde de La Nucia. Y apunta que allí había “cinco tías impresionantes”. “Bernabé nos dijo que él les iba a montar una (fiesta) de puta madre con tías en su pueblo”, indicó el presunto cabecilla de la red.

La conexión no termina ahí. Según publicó El País, el registro municipal estuvo al servicio de la trama. Calificado de “barbaridad” e “irregularidad” por los entonces dos secretarios municipales, Pérez presentó a través de la ventanilla única del Ayuntamiento la oferta para hacerse con la adjudicación de Fitur 2006. Pero, al parecer la inscripción la realizó fuera de plazo. La solución supuestamente acordada fue manipular el registro. Dos misivas -una entre la apoderada de Orange Market con Turismo y la otra entre el secretario de La Nucía y la conselleria- alimentaron las sospechas.

No obstante, la gran operación que quiso preparar la trama 'Gürtel' en la población fue un pelotazo urbanístico. “Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado, el tío pide 1.000 kilos más. Compramos a 10.000 y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos. Un empresario pone el 50% y yo otro 50%. De mi 50% yo reparto con Ramón Blanco, con Álvaro [Pérez, ”El Bigotes“], con Pablo [Crespo] y con el alcalde [Bernabé Cano]. Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo”.

La conversación interceptada por la policía aludía al PAI Pie de Monte. Una operación en la que estuvo implicado el empresario José Luis Ulibarri -cuya empresa se llevó 13 licencias de TDT en el concurso que hizo el conseller Esteban González Pons-, pero que fracasó tras las presiones de uno de los negociadores, Jacobo Gordon, amigo de Alejandro Agag, yerno del expresidente del Gobirno, José María Aznar. Hubo una segunda oportunidad. Inerzia, mercantil de unos empresarios cercanos a Cano, Gerardo Martínez Riquelme y Antonio Rocamora, invirtió 19 millones de euros para comprar el 66% del PAI.

Con esa maniobra, se desbloqueaba la operación urbanística y se podía ceder una parte del PAI a Hator Consulting, propiedad de Pablo Crespo, otro de los presuntos cabecillas de Gürtel. Tanto él como el antiguo administrador de ese empresa eran propietarios de Castaño Corporate, empresa que a través de otro PAI impulsado por Cano, según Levante-EMVLevante-EMV, blanqueó 756.240 euros supuestamente procedentes de comisiones vinculadas al contrato de la visita del Papa. Los negocios con Crespo acabaron mal. Y de ahí las palabras que le dedicó al alcalde, según la UDEF: “Cuando en un negocio se inicia un proceso de este tipo, con actitudes mafiosas, no queda sino esperar una respuesta del mismo calibre”.

El 'extraño' negocio de los alquileres

Ambos empresarios, además, urbanizaron varias parcelas de la familia de Cano y obtuvieron 19 millones de euros gracias a un intercambio de terrenos en el PAI de la Serreta. Éstos , a su vez, han hecho negocios con el empresario Antonio Silvestre, a quien la sociedad Rifu Inversiones, propiedad del abogado Agustín Ribera, compró varios locales. Unos bajos que ocuparon empresas concesionarias de La Nucía. Ribero defendió gratis a Cano y otros concejales ante una denuncia por prevaricación. La candidatura del actual alcalde alquiló en la campaña de 2015 un local a este letrado.

Imputado por contrataciones irregulares

La sombra de los enchufes siempre planeó sobre el nuevo diputado de Obras de la Diputación de Alicante. Fueron los socialistas quienes denunciaron ante los tribunales la contratación de familiares y afines al PP. La Fiscalía rastreó los supuestos enchufes, y de ahí surgió la causa por la que Cano está imputado por presuntos delitos de prevaricación y desobediencia al aprobar el pago de nóminas a una veintena de trabajadores municipales contratados de forma irregular.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) había tumbado la incorporación de esas personas tras un recurso de CCOO. Pero, el Ayuntamiento siguió abonando las nóminas a esos 20 trabajadores irregulares. La causa se acerca al juicio oral tras ratificar la Fiscalía su imputación el verano pasado.