La subdirectora de Restauración declara ante el juez que investiga el Ivacor que no tenía competencias en contratación
La exjefa del departamento de Obra Gráfica y material de archivo de Instituto Valenciano de Restauración y Conservación (Ivacor) y actual subdirectora, Gemma Contreras, ha declarado ante el juez que investiga la causa por presuntas irregularidades con la restauración de obras privadas en ese organismo que no tenía competencia en materia de contratación de personal y facturación ni recepcionaba las piezas, ya que solo hacía el presupuesto técnico y profesional.
Contreras ha declarado este viernes ante el Juzgado de Instrucción número 4 de València, que indaga sobre la restauración por parte del organismo público Ivacor de 12 libros antiguos sin presupuesto ni contraprestación económica y la contratación desde la entidad de unas 50 trabajadoras autónomas sin proceso selectivo. Al igual que Contreras, han comparecido en calidad de investigados la exdirectora del Ivacor Carmen Pérez y el auditor Luis Caruana, así como varios testigos.
Según ha podido saber Europa Press, la actual responsable de Restauración ha aportado un informe pericial del director de la Biblioteca Nacional que apunta que el precio pagado por el trabajo de la restauración de los libros de Caruana es correcto y se corresponde con el valor de mercado.
Además, Contreras ha negado que tuviera competencia en materia de contratación de personal o facturación y ha explicado que ella elaboró el presupuesto de los libros de Caruana utilizando los mismos criterios que se usaban para el resto de encargos para lo que ha aportado peritaciones de otros encargos de volúmenes de las mismas características. En este punto, ha precisado que de la facturación y la contabilidad se encargaba los departamentos correspondientes.
La restauradora, que ha señalado que no conocía a Caruana, ha recordado que posee una de las mejores bibliotecas privadas de España y que quedó muy contento con el trabajo realizado. Ha agregado que no influyó que después acabara siendo el asesor económico del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se aplicó a CulturArts (entidad de la que dependía a su vez el Ivacor).
Igualmente, ha aseverado que todo está documentado, cuando se recepcionan los libros y cuando se devuelven, y que existen actas firmadas por Carmen Pérez como directora.
Ha justificado el tiempo que se empleó en la restauración en que el papel requiere procesos manuales y que el trabajo lo realizaron restauradores del instituto y otros externos, que no elegía ella y que cree que eran contratados por obra o servicio. Sobre el pago a los profesionales, ha dicho que estos externos cobraron del instituto y no de Caruana y que este paga directamente al instituto.
Por su parte, Carmen Pérez ha afirmado que era directora pero que en materia de restauración de papel delegaba en Gemma Contreras y que era esta la que hacía y deshacía.
Según las mismas fuentes, Pérez se ha mostrado defraudada con Contreras, quien, ha considerado, le ha ocultado información. También ha señalado a Gemma Contreras de ser la responsable de toda la restauración y de obligar a que fuera personal externo del instituto quien ayudara en esa restauración porque había que quedar bien con Caruana.
Denuncia de CGT
La causa parte de la denuncia que interpuso la Confederación General del Trabajo (CGT) en Fiscalía por presuntas irregularidades entre los ejercicios 2011 y 2012 en el Ivacor, entidad de derecho público de la Generalitat que tuvo encomendadas hasta su extinción -en enero de 2013- competencias directas de política cultural del Consell relativas a la gestión en materia de conservación y restauración de bienes culturales de naturaleza mueble.
El ministerio público, tras estudiarla, decidió remitirla al juzgado y pidió que se abriera una investigación judicial al ver posibles delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos.
CGT denunció en su momento que Luis Caruana habría solicitado la restauración de doce libros antiguos procedentes de su colección particular a Ivacor y que la misma se realizó con medios técnicos y recursos humanos de la administración pública -con trabajadoras de plantilla y autónomas contratadas ex profeso- sin que mediase presupuesto ni contraprestación económica o convenio de colaboración o cualquier otro tipo de apoyo contractual que justificase la realización de los trabajos.
Las restauraciones -siempre según el mismo escrito del sindicato- se hicieron “por orden directa” de Contreras y “con la aprobación” de Carmen Pérez. Duraron al menos 15 meses, desde diciembre de 2011 hasta siempre de 2012. Estima que el importe de los recursos humanos utilizados podría ascender a la cantidad de 100.000 euros, sin contar los costes de los talleres ni los materiales empleados.
