Retrato de la minería valenciana: beneficios para las empresas, perjuicios irreparables para el medio ambiente

La minería es un sector estratégico para la Comunitat Valenciana, aunque consume una cantidad ingente de recursos naturales como por ejemplo mina Mercedes en Villar del Arzobispo, donde la extracción de áridos ha hecho desaparecer montañas enteras y borrado del mapa ramblas de escorrentía. En todo el territorio hay 793 derechos mineros concedidos por la Conselleria de Economía -donde solo tres funcionarios forman el equipo técnico- y 500 explotaciones validadas ambientalmente por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rura, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

Desde la Conselleria de Economía explican que la actividad minera en la Comunitat Valenciana tiene una elevada importancia económica por sí misma y, en mayor medida, “por su elevado valor añadido, ya que abastece de materias primas minerales a sectores estratégicos en el desarrollo económico” del territorio.

Destacan su aportación a los sectores de la construcción, las infraestructuras, la fabricación de cementos y hormigones (calizas o dolomías), el azulejo o la cerámica (arcillas, sílices y caolines), el mármol, el envasado y la comercialización de aguas minerales, bebidas envasadas o el aprovechamiento de aguas mineromedicinales en establecimientos balnearios, entre otros.

Las mismas fuentes de Economía señalan que las explotaciones mineras de la Comunitat Valenciana dan cobertura directa fundamentalmente a la industria regional y estatal de diferentes sectores consumidores de los recursos minerales. En el territorio valenciano no existen explotaciones de recursos minerales energéticos como carbones, rocas bituminosas, minerales radiactivos, y, en general, de otros yacimientos minerales o recursos geológicos de interés energético o económico por su rareza y escasez.

Las empresas alrededor de este sector son básicamente pymes radicadas en la Comunitat Valencian, aunque también están presentes grandes multinacionales como Lafarge o Cemex. El sector minero vasco también tiene importantes explotaciones de áridos y grandes empresas de cerámica como Torrecid o Azulejos Alcor tienen sus propias filiales que explotan las canteras de primera mano.

Las mercantiles que mayores recursos consiguen son las de explotación de manantiales o salinas. La empresa Salinas de Torrevieja facturó en 2018 45,5 millones y ganó 5,5 millones, mientras que Aguas de Cortes, propiedad de la valenciana Importaco y del ayuntamiento donde se ubica el manantial, ingresó ese año 17,3 millones y ganó 720.000 euros. San Benedetto, que obtinene el agua en San Antonio de Requena -tiene otro manantial en Granada-, facturó 109 millones y tuvo 6,4 millones de beneficio en 2018.

Negocio extractivo con importantes beneficios

Respecto a la extracción de áridos y otros minerales, todas las empresas analizadas -unas 25- están en beneficios con una facturación o ganancias que varían. Destaca Arcigres SL, que explota la mina Mercedes en Villar del Arzobispo y que ha cambiado la fisonomía del término municipal del pueblo de la Serranía al borrar montañas del mapa. Esta sociedad, que pertenece a empresarios valencianos, facturó 5,8 millones de euros en 2018 y ganó 1,7 millones. Importante es también Cales La Plana con 21 millones de ingresos y casi uno de beneficios. Esta empresa de Xilxes es propiedad de un grupo guipuzcoano.

Sibelco Minerales es una sociedad con sede en Vizcaya pero tiene varias licencias de explotación minera en la Comunitat Valenciana. 64 millones de facturación en 2018 y 6,4 millones de beneficios. Guerola Áridos Hormigó, de Ontinyent, ingresó 4,5 millones y ganó 150.000 euros. Caolines Lapiedra facturó tres millones de euros y tuvo unos cortos beneficios de poco más de 37.000 euros.

La azulejera Torrecid tienen cantera propia que explota a través de la sociedad Tierras de Castellón. Ganó 150.000 euros con una facturación de 1,1 millones. Azulejos Alcor tiene Arzillas del Mediterráneo SL y con unos ingresos de 2,7 millones obtuvo unos beneficios de 137.000 euros.

Esta cara de ganancias ha tenido su cruz en los últimos años con la histórica Levantina, la empresa de tallado de piedra que explota la cantera Monte Coto de Monòver. En 2018 la empresa facturó 94 millones pero tuvo unas pérdidas de 25. La empresa alicantina controlada por Bybrook aprobó un ERE el pasado año que afectó a 234 empleados.

Desde el sector no son tan optimistas como los datos de las cuentas de resultados ofrecen. El presidente de la patronal Arival, Custodio Monfort, asegura que en la actualidad, la empresas que extraen áridos para la industria de la construcción “están al 10 % de su capacidad”. “Muchas empresas presentan resultados positivos porque si estás tres años en números rojos tienes que cerrar. La situación no es tán halagüeña, estamos de media de producción en 2,1 toneladas por habitante y en Francia están en 5 toneladas”, argumenta Monfort.

Que la inmensa mayoría de empresas del sector estén en beneficios -mucho más multinacionales como Lafarge o Cemex- es positivo para la economía, pero en esas frías cifras no se contempla el impacto sobre el medio ambiente. Y eso es lo que preocupa en la Conselleria de Agricultura y Emergencia Climática. “Esta actividad lleva aparejada un importante impacto ambiental, por lo que es necesario hacer las explotaciones sostenibles y obligar a la restauración a todos los niveles, desde su planificación previa hasta su ejecución efectiva”, explican.

Legislación obsoleta y sin recursos para inspección

En la Comunitat Valenciana las actividades extractivas se desarrollan a cielo abierto, con excepción de la del domo del Pinoso que inyecta agua a presión en profundidad y conduce la salmuera hasta las salinas de Torrevieja. Estas extracciones de áridos, rocas, arcillas, caolín o turberas se autorizan de acuerdo con la ley 22 /1973 de minas, modificada parcialmente en 1980. “Evidentemente esta norma por la fecha de aprobación no contempla ningún tipo de consideración ambiental ni incardinación con procedimientos de carácter ambiental”, explican desde el departamento que dirige Mireia Mollà.

En 1982 se aprobó el Real Decreto 2994 /1982, de 15 de octubre sobre restauración del espacio natural afectado por actividades mineras que exigía la elaboración aprobación de plan de restauración a los proyectos regulados por la ley 22/1973. “El Real Decreto establecía que el promotor era el responsable de la ejecución del plan de restauración si bien podía optar porque fuera la administración la que lo hiciera en cuyo caso se exigía el depósito de una cantidad periódica para cubrir la restauración. Sin embargo, las fianzas eran notablemente insuficientes para la ejecución de la restauración y no se conoce que la administración minera haya ejecutado ningún plan de restauración”, añaden.

“Aunque el real decreto contemplaba la posibilidad de ir restaurando simultáneamente a la explotación, los promotores elaboraban los proyectos pensando exclusivamente en la explotación y no en la restauración que normalmente se proyectaba como una fase posterior a la finalización de toda la explotación”, afirma. Por ello, aseguran desde el departamento que debe impulsar la lucha contra la emergencia climática. que “la administración minera debería disponer de un potente sistema de vigilancia y control y evitar que estos planes de labores, en ningún caso se aprueben por silencio administrativo positivo”.

“Es necesario que a la vista de una efectiva vigilancia y control, se puedan sancionar, el incluso cerrar explotaciones ilegales o que no cumplan las autorizaciones y condicionados ambientales con datos muy concretos resultado de la inspección minera. Las empresas que cumplen los requisitos deben ser valoradas y eliminar a las ilegales o que no cumplen la normativa ambiental y minera”, sentencian.

La industria defiende su apuesta por la sostenibilidad. “Hemos tenido premios internacionales sobre medio ambiente y con las fianzas que depositamos se restauran las minas y canteras”, explica Monfort. “Damos vida a zonas de interior y si nos pasamos en restricciones habrá explotaciones que tendrán que cerrar”, asegura. El presidente de Arival concluye que el sector está aplicanto medidas para “poner a la industria en el siglo XXI”.