El expresidente de la Diputación de Valencia imputado habla de enchufar altos cargos en mensajes intervenidos por la UDEF: “Estos son los 6... No eran 6, eran 4, eso es una barbaridad”

Los contratos de alta dirección de la empresa pública Divalterra (antigua Imelsa) investigados en el caso Alquería (por el que fueron detenidos inicialmente e imputados media docena de políticos y cargos de la corporación provincial) no estaban claros desde el principio para el expresidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, y para los propios responsables de la empresa pública del PSPV y de Compromís, como muestran las conversaciones de WhatsApp analizadas por la UDEF en un informe entregado al juez al que ha tenido acceso eldiario.es.

La cogerente de empresa pública por Compromís Agustina Brines, investigada en la causa, reconoce en un mensaje que “la situación en Divalterra es complicada jurídica y políticamente”. “Estoy muy preocupada (...) que la mierda del PSOE no nos arrastre a Compromís. ¡Lo conseguiremos!”, exclama.

Al final, la “mierda del PSOE” acabó salpicando a ambos socios de gobierno y el expresidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, la misma Brines y varios responsables de Divalterra, tanto del PSPV como de Compromís, están investigados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia. 

El informe de 300 páginas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, entregado al juez el pasado 16 de octubre, analiza una treintena de teléfonos, memorias USB y ordenadores de los principales investigados y  vuelve a apuntalar las conclusiones del sumario: los imputados conocían que los contratos de alta dirección en Divalterra eran ilegales, entre otros motivos porque la decena de informes jurídicos solicitados por la Diputación, a excepción de uno, eran desfavorables.  

Una conversación entre el expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y su asesor Manuel Reguart (hijo del anterior alcalde socialista de Ontinyent, ciudad de la que es alcalde Rodríguez, incluos tras haber abandonado el PSPV por su imputación en el caso), muestra, a juicio de la Policía, la “incertidumbre jurídica respecto a la contratación de los altos directivos”:

Manolo Reguart Jr: “Estos son los 6 puestos de alta dirección de IMELSA que quieren contratar, sueldo 50mil”.

MR Jr: “Los técnicos que se indican con flechita quieren que sean por concurso”.

Jorge Rodríguez: “No eran 6”.

MR Jr: “A nosotros (al presidente, vaya) nos proponen cambiar el título del puesto ”estudios y estrategia local“, por un título que nos interese, y poner a la persona que queramos”.

Jorge Rodríguez: “Eran 4”.

MR Jr: “Correcto”.

J.R.: “Eso es una barbaridad”.

J.R.: “Porque además nosotros solo tenemos 2 chorradas de medio ambiente”.

J.R.: “Compromís se queda de nuevo Turismo y ahora suma Promoción Económica”.

J.R.: “Esa era nuestra y es el perfil que hemos buscado nosotros”.

Otra conversación, esta vez entre Ricard Gallego, jefe de gabinete de Rodríguez, y Jorge Cuerda, secretario del Consejo de Administración de Divalterra, también “demuestra” según la UDEF, que los investigados sabían que los contratos de alta dirección no cumplían los requisitos legales. Gallego pasaba las órdenes a Cuerda, el hombre fuerte del presidente en Divalterra encargado de facilitar “la hoja de ruta para la contratación del resto de altos cargos”: “Me gustaría que el informe hablase en general, no del nombramiento de uno o dos cargos sino de todos, de manera que evitemos hablar de competencias concretas. Tú escribes las generales y después el acuerdo de consejo que añada las que considere (...)”.

En un ordenador de Cuerda, la Policía localiza un borrador de “reproche a Jorge Ochando”, el diputado provincial de Ciudadanos, uno de los denunciantes del caso junto a los cargos nombrados por Marcos Benavent, el autodenominado yonqui del dinero, que denunciaron inicialmente las presuntas irregularidades. El documento, que propone la expulsión de Ochando del Consejo de Administración de Divalterra, supone una “amenaza velada” al denunciante del caso, según apunta la UDEF. El borrador sugiere “interponer una denuncia por la supuesta comisión de un delito de denuncia falsa, achacándole que únicamente tiene afán personal y partidista en sus denuncias de irregularidades”, indica la Policía.  

Xavier Simó, cogerente del PSPV junto a Brines en Divalterra, pregunta en un WhatsApp a un interlocutor desconocido sobre un informe jurídico para regularizar los contratos de alta dirección. “En el Consejo se dijo de quitar algo —responde el interlocutor desconocido— cosa que yo no recomiendo porque al final no quedarán funciones directivas y, por tanto, informaré en contra”. La respuesta demuestra, según la Policía, la “intencionalidad e interés respecto al encaje legal” por parte de los investigados que pretendían “realizar una contratación ad hoc”. Simó sustituyó a Víctor Sahuquillo —quien advirtió en un e-mail profético al presidente de la Diputación sobre el desastre que se avecinaba— en la gerencia de la empresa pública.  

En el teléfono móvil de Ricard Gallego los investigadores analizaron un chat en el que participaban Jorge Rodríguez, su jefe de gabinete y la entonces mano derecha del presidente de la Diputación, Rebeca Torró. Aunque la UDEF comprueba que en este chat “no existen conversaciones relacionadas con los hechos investigados”, sí que desliza que hablan “sobre la organización del PSPV a nivel provincial y a nivel autonómico y el apoyo que Jorge Rodríguez pueda dar a Ximo Puig”. Torró, que era la número dos de Jorge Rodríguez en el Ayuntamiento de Ontinyent, acabaría rompiendo con él cuando creó su porpio partido al margen de los socialistas, La Vall Ens Uneix, al ser apartado de la candidatura por su imputación en el caso Alquería y fue nombrada más tarde secretaria autonómica del Gobierno de Puig.  

Los investigadores también destacan los extractos bancarios con algunas de las aportaciones mensuales del asesor Manuel Reguart y del jefe de gabinete, Ricard Gallego, al PSPV. La Policía considera, además, que los investigados crearon un  Consejo de Dirección, paralelo al Consejo de Administración, que resulta “ajeno totalmente a la estructura de Divalterra”. El propio Gallego desliza en un mensaje enviado al diputado provincial de Compromís Josep Vicent Bort que se trata de un “consejo de dirección político”.