Castilla y León sigue en el reducido club de comunidades autónomas sin ley específica LGTBI

Castilla y León es una de las únicas cinco comunidades autónomas que no cuenta con una ley antidiscriminación contra el colectivo LGTBI. Durante esta legislatura PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y UPL presentaron una Proposición de Ley en las Cortes que no ha podido aprobarse debido a que el PP la estuvo bloqueando durante el periodo de enmiendas. Además de Castilla y León, solo Castilla la Mancha, Asturias, Cantabria y la Rioja carecen de este tipo de leyes.

“Todos los partidos salvo el PP apoyaron la ley que se llevó a las Cortes, así que entendemos que si en la nueva legislatura se parte de esa propuesta no debería ser complicado que se apruebe”, explica Ignacio Paredero, de la Federación Castellanoleonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. 

El Grupo Popular aducía estar esperando a que el Congreso aprobase una norma estatal, un argumento “bastante tontorrón” explica Raquel Ruiz, presidenta de la asociación de familias de menores transexuales Chrysallis en Castilla y León. Los colectivos LGTBI de la comunidad defienden compatibilizar una ley nacional con normas autonómicas, porque la sanidad y la educación están transferidas.

Reproducción asistida y transexuales 

Durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy, la ministra de sanidad Ana Mato, eliminó el derecho a la reproducción asistida para las mujeres homosexuales y transexuales, escudándose en motivos de ahorro económico. Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez volvió a incluir este servicio dentro del Sistema Nacional de Salud, para Paredero es necesario que la ley autonómica blinde el acceso de estas mujeres.

En materia sanitaria también queda camino por recorrer. Actualmente la cirugía de reasignación genital no se realiza dentro del sistema de salud autonómico. “Para cambiar esta situación hay que cambiar el protocolo y formar equipos”. Los castellanoleoneses que necesitan este tipo de operaciones deben ir a otras comunidades, donde la espera puede demorarse incluso años, o acudir a centros privados. Para Ruiz esta situación supone una discriminación “muy grave”.

“Aunque las competencias autonómicas en materia de seguridad hacia el colectivo LGTBI son reducidas se debería avanzar hacia protocolos más claros contra los delitos de odio”, dice Paredero. Según el Observatorio y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, en Castilla y León se produjeron 12 delitos de odio durante 2018, lo que convierte a la comunidad en la quinta con más agresiones contra este colectivo de toda España. Además, entre el 60% y el 80% de estas agresiones quedan sin denunciar, por lo que la cifra es en realidad más alta. 

Las propuestas de los partidos para las elecciones

El PP de Alfonso Fernández Mañueco lleva en el programa electoral una vaga referencia a la no discriminación de las personas LGTBI, sin aclarar si apoyarán o no la ley autonómica. Más como declaración de intenciones que como una medida concreta, los populares dicen en su programa que “garantizarán la igualdad de trato y la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género de las personas homosexuales, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales”, sin especificar cómo. eldiario.es ha intentado conocer, sin obtener respuesta, si los populares apoyarán o no la norma autonómica en la nueva legislatura o si seguirán bloqueándola hasta que se apruebe la ley estatal.

Los socialistas son, junto a Izquierda Unida-Castilla y León en Marcha, los que más desarrollan las propuestas en materia LGTBI de toda la comunidad, a la que dedican dos páginas de su programa, donde explican su intención de aprobar una ley similar a la que hay proyectada. Si llegan al Gobierno, explica la secretaria de igualdad del PSOE CyL, Patricia Gómez, se aprobará “lo más pronto posible”, aunque no se dan plazos. Entre otras medidas, los socialistas piden fomentar la visibilización y crear un programa específico para mayores homosexuales, así como planes de prevención y erradicación del acoso escolar y las conductas LGTBIfobícas. IU propone aprobar la ley contra la discriminación y además una ley integral de Transexualidad.

Como propuestas concretas para el colectivo transexual destaca la puesta en marcha de programas de formación y empleo autonómicos de estas personas, dada la “difícil integración laboral de este colectivo”. Ruiz asegura que esto es “muy importante”, porque los transexuales se enfrentan a tasas de desempleo mucho más altas que otros colectivos. “La discriminación les afecta especialmente a la hora de buscar un trabajo”, señala.

Como los socialistas, Podemos quiere promover la información de “la realidad de los menores transexuales entre médicos, orientadores y el profesorado”. Llevan una propuesta para luchar contra el acoso escolar por motivo de orientación sexual y, específicamente, materiales que expliquen la realidad de los menores trans, una proposición similar a la que lleva Izquierda Unida en el programa. Sobre visibilización defienden que durante las fiestas patronales se respete la diversidad sexual y de género con actividades específicas.

Ciudadanos concreta dos ámbitos de actuación: discriminación en el ámbito educativo y en el mundo del deporte. En el programa con el que se presenta Francisco Igea, la formación naranja propone un protocolo de actuación para los profesionales y funcionarios que tienen el deber de intervenir ante situaciones de riesgo, violencia o discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género. Para luchar contra la LGTBIfobia deportiva, desarrollarán “una estrategia global” y  reconocerán a aquellas instituciones deportivas “que adopten y apliquen estándares de tolerancia cero” ante la discriminación.

Las propuestas de Izquierda Unida incluyen tanto medias prácticas como simbólicas. Como la Creación de un Centro de la Memoria Histórica LGTBI que sirva para divulgar sobre la represión sufrida por el colectivo en la Comunidad Autónoma. También, realizar campañas de formación en prevención de la LGTBIfobia a los agentes de la Policía Local y funcionarios.