Las 100 medidas de Ciudadanos y PP en Castilla y León: las excepciones que desmontan la regeneración

Poco después de que el Partido Popular y Ciudadanos iniciasen las negociaciones para llegar a un pacto que permita a los primeros seguir gobernando Castilla y León, el candidato de Cs, Francisco Igea, endureció las exigencias, especialmente aquellas relacionadas con la regeneración que predica el partido de Albert Rivera. Igea vetaba alcaldes, consejeros y presidentes de diputación. A partir de ahí, las conversaciones que habían empezado con buen pie se hicieron más densas. Finalmente, ambas formaciones han firmado este viernes 100 medidas que darán pie a un futuro pacto de gobierno, pero que diluyen la lucha contra la corrupción.

18 medidas de 100 para la 'regeneración'

El documento efectivamente está compuesto de 100 puntos, pero la mayoría de ellos adolecen de la concreción que debería tener un compromiso y se refieren a generalidades en las que se disuelve ese afán de limpieza en las instituciones abanderado por Francisco Igea durante la campaña electoral. De esas 100 medidas, sólo hay 18 en el epígrafe 'regeneración'.

La primera medida es “reforzar la protección a los informantes sobre delitos contra la administración, mediante el desarrollo y en su caso la revisión de la Ley 2/2016”. Esta ley, aprobada en las Cortes a propuesta de Ciudadanos hace tres años fue profundamente decepcionante para los funcionarios. Lo que determinaba era que, en caso de que se abriese una investigación sobre una denuncia por corrupción y esta quedase en nada, se sancionaría al denunciante. Es decir, que Ciudadanos está obligando al PP a revisar una ley que propuso y de la que se abstuvo en la votación. Pero revisar no supone cambiar.

Sí que se hace constar en todos sus términos una reforma urgente de los artículos 22 y 29 del Estatuto de Autonomía para eliminar los aforamientos de los procuradores de las Cortes y los miembros de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, no se establecen plazos. Además, el cambio requiere la mayoría cualificada en el Parlamento, por lo que no depende exclusivamente de Partido Popular y Ciudadanos.

En cuanto a los 'chiringuitos' que Ciudadanos pretende erradicar -se refirieron en campaña a las administraciones B que la Junta tiene en las consejerías de Economía y Agricultura especialmente- la medida firmada se reduce a la creación de una “comisión paritaria” entre los dos partidos (la oposición queda fuera) para “analizar la situación, utilidad y funcionamiento de las entidades del sector público”, lo que por supuesto no supone la eliminación que se exigió en un primer momento, tan sólo un estudio de la situación.

Tampoco los puestos 'a dedo' se van a suprimir radicalmente. Lo que se ha acordado es una restricción de los puestos de libre designación, siendo el concurso “la regla general de provisión de puestos de trabajo”. La restricción no concreta porcentajes. En esas medidas se incluye una generalidad que poco tiene que ver con la regeneración o la lucha contra la corrupción y además se limita a un enunciado: la simplificación de trámites y burocracia administrativa. También consideran regeneración garantizar que las pymes y los autónomos “cobren sus facturas a tiempo” evitando “trato desigual entre proveedores”.

Eliminar contratos con corruptos sólo si no peligran empleos en sus empresas

Además de no precisar cuantas empresas del sector público se van a eliminar, proponen la creación de una Oficina de Lucha Contra el Fraude, dependiente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, para “reforzar” la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal relacionada con el sector público. O lo que lo mismo: crean un 'chiringuito' público más en el que no se determina qué personal lo va a integrar ni cómo.

Los planes de medios de la Junta de Castilla y León han sido muy criticados por Ciudadanos. Lo que acuerdan con el PP ahora es establecer unos criterios objetivos de reparto a través de concurso público “con unas bases claras y objetivas”, todo ello con una valoración de “expertos”. El reparto será “público y transparente”.

También sobre el plan de medios acuerdan eliminar las subvenciones o los contratos “a personas o empresas cuyos accionistas mayoritarios, directivos o altos cargos hayan sido condenados en firme en asuntos de corrupción. Dicha prohibición se mantendrá durante al menos 5 años”. Esta medida está directamente dirigida a las cuestionadas subvenciones directas millonarias que recibe Televisión Castilla y León y que no se fiscalizan. Uno de sus propietarios, José Luis Ulibarri, está acusado en Gürtel e imputado en la Operación Enredadera. Sin embargo, seguiría recibiendo ayudas directas hasta que se le condenase en firme. Pero aun con esa condena forme hay un pero para dejar de contratar y subvencionar, y es que la medida añade que “siempre que no se ponga en riesgo la supervivencia de las empresas afectadas o de sus empleos”. Así, aunque Ulibarri fuese condenado en las dos causas, suprimir las subvenciones de la Junta supondría o bien su quiebra o bien un Ere, por lo que no se aplicaría ninguna medida, se le seguiría contratando y subvencionando.

Sobre las subvenciones directas sólo hay dos palabras: “se restringirán”. Se obvia que ya son restringidas y que su obtención es exclusivo criterio de la Junta de Castilla y León.

Otro órgano que se va a crear es una Agencia Autonómica de Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. No se dice qué personal la integrará pero fundamentalmente “favorecerá el uso racional de los recursos y realizará auditorías sobre el gasto público”. Aparentemente es un segundo Consejo de Cuentas. Y otro órgano más que se pretende crear en una Administración que Cs consideraba sobredimensionada hasta ahora: una “oficina independiente” que valore y evalúe los proyectos de infraestructuras y que colabore con la que ya existe a nivel nacional, la Oficina Nacional de Evaluación, dependiente del Ministerio de Hacienda.

En el acuerdo se cita una medida incomprensible: las empresas podrán ser “penalizadas” en concursos si no cumplen con niveles de calidad o que presenten modificados sin justificar. Esta exigencia, aparentemente razonable, ya está contemplada en cualquier adjudicación, depende la Administración el penalizar o no.

También se menciona una “dación de cuentas de los Altos Cargos” pero de manera genérica. No se sabe en qué consiste esa exposición.

En cuanto a la limitación de mandatos, Francisco Igea exigía retroactividad, es decir, que aquellos que ya llevasen 8 o más años en el cargo no volviesen a ser nombrados, No se ha acordado exactamente así respecto a la Junta de Castilla y León. Lo que dice el acuerdo es que “no podrán ser nombrados titulares de una consejería, una viceconsejería, una secretaría general, una dirección general o una delegación territorial quienes ya lo hayan sido 8 años. Pero hay ”excepciones“, ”no aplicables a consejeros“ que deberán ser ”justificadas“ y ”aceptadas por ambas partes“. O sea que finalmente, PP y Cs deciden si se veta o no a un alto cargo.

En cuanto a los alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes y presidentes de diputación, también se ha habla de una “limitación de mandatos de 8 años” cuando suscriban acuerdos de gobernabilidad conjunta y “para los que ya fueran alcaldes desde cuatro o más años, el cómputo del plazo de ocho años comienza desde la firma de los acuerdos de gobernabilidad suscritos hace cuatro”.

En el resto del documento hay epígrafes dedicados a la 'Política fiscal (cuatro medidas), 'Economía y empleo' (10), 'Sanidad' (12), 'Educación' (12), 'Políticas sociales' (15), 'Fomento' (6), 'Lucha contra la despoblación' (1), 'Agricultura y medio ambiente' (15), 'Turismo y cultura' (7).