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La Junta de Castilla y León anula la nota que autorizaba a cazar conejos “en grupos de cuatro personas” durante el estado de alarma

Se consolida la población de corzo en el Parque Natural Sierra de Huétor

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La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha dejado sin efecto una nota interna de servicio a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de las nueve provincias de Castilla y León con aclaraciones sobre las autorizaciones de controles poblaciones de fauna silvestre por daños para favorecer la producción agrícola y ganadera, en el marco del actual estado de alarma por el COVID-19, según informa en un comunicado remitido a eldiario.es

Sobre la base de la prohibición de la caza y la pesca como actividad cinegética por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración del estado de alarma, y la supresión de actividades no expresamente autorizadas, “y dado que la interpretación no adecuada de la nota interior puede generar situaciones contrarias al cumplimiento del Real Decreto y su finalidad, se deja sin efecto”, dice la nota de prensa.

La Consejería ha tomado esta decisión a última hora de la tarde del miércoles “ante algunas informaciones aparecidas en medios de comunicación y redes sociales con respecto a la nota interna de servicio” emitida el pasado martes. En esa nota se efectuaban de aclaraciones sobre la aplicación de la Instrucción 7/FYM/2018, de 8 de agosto, de la Dirección General del Medio Natural, sobre normalización de los procedimientos de autorización de controles poblacionales de fauna silvestre cinegética con motivo del COVID-19 y el dictado del Real Decreto 463/2020“.

Tal y como informó este diario, se autorizaba la caza mayor, pero no en batidas o monterías y la caza menor, en concreto de conejos en grupos no superiores a cuatro personas. La aclaración queda sin efecto “habida cuenta que su interpretación pudiera tener la operatividad de generar situaciones contrarias al cumplimiento del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración del Estado de Alarma, debiendo ser preponderante la seguridad jurídica y la claridad taxativa en el cumplimiento de dicho Estado de Alarma y el Real Decreto que lo declara”, finaliza el comunicado.

La asociación ASCEL ha denunciado los hechos ante la Subdelegación del Gobierno en Valladolid y el Ministerio del Interior, por entender que estaba contraviniendo las medidas del decreto de estado de alarma.

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