Más de cincuenta fallecidos en Madrid con COVID-19 fueron incinerados en Burgos, Ponferrada y Valencia

Un total de 56 fallecidos en la capital por COVID-19 fueron incinerados fuera de la región, en concreto en Burgos, Ponferrada y Valencia, ante el colapso de los servicios funerarios municipales, ha informado en comisión la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz.

Estos traslados debían estar siempre avalados por las familias de los finados tras un acuerdo entre los ayuntamientos. “La funeraria amplió la capacidad de almacenamiento de fallecidos en instalaciones refrigeradas, reforzó la limpieza y desinfección de las instalaciones y vehículos, colaboró en el dispositivo de la Comunidad de Madrid y la UME para la recogida de fallecidos en hospitales y residencias”, ha destacado Sanz en su comparecencia.

Tal y como ha indicado, la actividad de la Funeraria Municipal se incrementó “de manera exponencial” desde el comienzo de la crisis, con “especial incidencia durante finales de marzo y comienzos de abril, cuando se llegaron a triplicar e incluso cuadruplicar los servicios”. Los primeros días de marzo se pasó de 57 servicios prestados de media diaria a más de 140 servicios, con días de más de 160.

Las actuaciones y medidas adoptadas permitieron incrementar la capacidad operativa, activando el funcionamiento de los crematorios municipales 24 horas al día. Esta situación generó un incremento de las jornadas de trabajo de los empleados pese a la contratación de 33 personas y la redistribución del personal interno, además de la puesta en marcha de un programa de apoyo emocional y/o psicológico de ayuda a la plantilla para afrontar posibles dificultades.

Además, se adelantaron las licitaciones de los proyectos de construcción de nuevas unidades de enterramiento en el Cementerio de La Almudena para disponer de 1.900 nuevos columbarios y 265 nichos reconstruidos y se ha diseñado un amplio catálogo de medidas ante la reapertura de los tanatorios y la posibilidad de celebración de velatorios.

En el mes de marzo se firmó un convenio con el Ayuntamiento de Madrid que ha permitido destinar 24,1 millones de euros a la adquisición de equipos de protección y material sanitario para evitar la propagación de la epidemia entre el personal de servicios esenciales municipales.