La Junta investiga las subvenciones de 270.000 euros anuales que aprobó Silvia Clemente para un centro ecuestre

El fichaje estrella y fallido de Ciudadanos, Silvia Clemente, afronta un nuevo escándalo sobre su gestión durante la etapa en que fue consejera de Agricultura de Castilla y León en el Gobierno del PP. El Gobierno autonómico que preside Juan Vicente Herrera ha iniciado una investigación interna para analizar todos y cada uno de los expedientes relacionados con el Centro Ecuestre de Castilla y León (CECyL), que se construyó en 2008 en Segovia bajo el mandato de Clemente en la Consejería. Según fuentes del caso tanto la gestión como las ingentes ayudas recibidas “huelen mal”.

El centro hípico fue una de las apuestas de Clemente durante su etapa como consejera de Agricultura. En él se invirtieron 8,6 millones de euros para su construcción en el Centro de Formación Agraria de Segovia. Además, se aportó una subvención anual de 227.200 euros -en algún ejercicio se llegó hasta los 270.000-, desde 2008 a 2015, a la Federación Hípica de Castilla y León para que lo gestionase. Así, esta organización deportiva, recibió en siete años 1,6 millones de dinero público.

La llegada de Milagros Marcos a la Consejería de Agricultura acabó con esa práctica: retiró las subvenciones y convocó una licitación para externalizar la gestión. Clemente protestó contra la decisión de Marcos y defendió, sin éxito, la gestión pública. El centro ahora ha dejado de costar dinero a la Junta: durante los dos primeros años, la empresa privada que se hizo con el concurso pagó un canon de explotación de 15.000 euros. En 2018 este pago se redujo a 3.000.

Desde hace una semana la Junta mantiene abierta una información reservada sobre la que, de momento, no avanzan conclusiones por encontrarse en una fase muy inicial y en la que hay que recuperar y examinar a conciencia documentos de hace una década. La decisión de iniciar la investigación se tomó tras conocer la información del diario ABC sobre unos falsos cursos que la Consejería supuestamente creó para atajar una deuda con la Federación de Hípica de Castilla y León. Los hechos presuntamente delictivos se remontan a 2010, entre julio y octubre, según un cruce de correos electrónicos entre una funcionaria de Agricultura y el director del citado centro ecuestre.

Según la documentación publicada, el 4 de junio de 2010, Alicia Peña Gutiérrez, jefa del Servicio de Formación Agraria e Iniciativas, envió un email desde su dirección institucional y con su firma corporativa a la funcionaria encargada de los asuntos administrativos de los cursos, Raquel Mazariego, y al director del Centro Ecuestre público, Bernardino Herrero, con el siguiente texto: “A 31 de agosto la deuda con la FH (Federación Hípica) ascenderá a la cantidad de 76.789,02 €, para poder solventar dicho importe vamos a firmar un convenio con la FH -que gestionaba el Centro Ecuestre con subvenciones de entre 227.200 euros anuales de Agricultura- por un importe de 45.000 euros y organizar dos cursos ficticios con la federación de 20.000 € cada uno”. En los siguientes correos los que intervienen en esa conversación, no sólo ponen nombre a los cursos, también hacen un cálculo que llevaría a saldar la deuda y a dejar en la Consejería 8.000 euros de remanente.

En los emails se proponen nombres para los cursos presuntamente inventados, como “Guía de turismo ecuestre” y “Técnico deportivo en equitación nivel I”. Los cursos, según una respuesta parlamentaria al PSOE en 2012 firmada por la propia Clemente a la que ha tenido acceso eldiario.es, se realizaron. En concreto, a lo largo de 2011 se impartieron no los sólo los dos propuestos en esos emails, sino otros tres: ‘Conductor-Guía de Turismo Ecuestre’, ‘Técnico Deportivo en Equitación Nivel 2’, ‘Técnico de Equitación Nivel 1’, ‘Módulo práctico I’ y ‘Módulo práctico 2’.

Irregularidades denunciadas ante Clemente

Al menos en uno de ellos, los solicitantes detectaron irregularidades: eldiario.es ha tenido acceso a un escrito remitido a la entonces consejera, Silvia Clemente, por varios participantes en las pruebas de acceso a ‘Técnico de Equitación Nivel 2’, con un precio de entre 800 y 1.000 euros, que no fueron admitidos.

En la reclamación, fechada el 30 de septiembre de 2011, los afectados explicaban a la consejera que de las 25 plazas ofertadas tan solo se habían cubierto 11 por lo que reclamaban nuevas pruebas. “Aun cuando se han producido determinadas anomalías en el proceso selectivo no pretendemos, en este momento, que se revise la selección realizada respecto de las 11 personas declaras aptas”, decían. Pero consideraban necesario informar de esas anomalías. La denuncia de los alumnos relataba que no llegó a publicarse ni la composición ni la titulación del personal de selección, una circunstancia que contravenía la convocatoria, puesto que no constaba que los participantes tuviesen la titulación adecuada.

Además, el escrito remitido a la Consejería de Clemente argumentaba que la participación de los aspirantes no fue en condiciones de igualdad, ya que las bases estipulaban que cada aspirante debía llevar su propio caballo mientras que varios los alquilaron a una hípica de Villaviciosa de Odón, “contratados por el propio centro ecuestre”.

Siempre según esta reclamación, cuando se publicó la lista de admitidos se hizo sin baremar las calificaciones, por lo que se desconocía el criterio de puntuación que diferenciaba a los aptos de los no aptos. Tampoco se publicó la lista de admitidos o excluidos previa a las pruebas, “es decir, los méritos deportivos o de otra índole” que se pudiera haber reconocido a los aspirantes. Además mostraron su queja ante la reacción del director del centro ecuestre, quien según ellos les dijo: “si me lo hubierais dicho con tiempo yo os habría dado unas clases y habíais aprobado”. Esta explicación les hizo pensar que no había imparcialidad y dudar de la calidad de los cursos.

Jinetes famosos en los presuntos cursos ficticios

El escrito señalaba que “teniendo en cuenta que la financiación y las instalaciones son públicas y que la finalidad de los cursos es la formación de jinetes, no parece adecuado que sólo tengan acceso a ellos personas de renombre”. Según informaciones periodísticas publicadas cuando se celebró ese primer curso “ficticio” el de Técnico Deportivo en Hípica Nivel 1, fueron alumnos jinetes de alto nivel como Luis Astolfi, participante en los Juegos Olímpicos y también conocido por su relación con la Casa Real, o Alejandro Jordá, olímpico en Atlanta y Campeón de España.

Silvia Clemente no respondió a la reclamación de los aspirantes. Sí se pronunció ante la petición del PSOE sobre el expediente de acceso, pero para decir que el curso lo había realizado la Federación Hípica de Castilla y León y que este no tenía “carácter administrativo” por lo que no estaba “en poder” de su Consejería.

Los afectados se dirigieron también al consejero de Deportes, al presidente de la Federación Hípica de Castilla y León, al director del Centro Ecuestre y al delegado territorial de la Junta en Segovia. Respondió la Federación Hípica, pero remitió a una resolución del director general de Deportes, en el que se precisaba que el curso fue aprobado por esa dirección, en virtud de una solicitud de la Federación Hípica en la que se relacionaban además el profesorado y su titulación. Añadía además que en “ningún lugar de la convocatoria” se especificaba que tuviese que darse a conocer “el nombre ni las titulaciones de los componentes del tribunal evaluador, sino su composición” (presidente, secretario y tres vocales).

Sobre el alquiler de caballos, explicaba que era ajena al centro y a la federación. Además, corregía el número de alumnos admitidos, 19, y despachaba la posibilidad de que los afectados conociesen convalidaciones o “información privada de otros”, aunque sí que facilitaba el acceso a las actas de evaluación.

El Grupo Municipal Socialista hizo multitud de preguntas sobre la gestión del centro, tanto por escrito como en comisiones. La mayoría de ellas no obtuvo respuesta debido al planteamiento: no se sabía en virtud de qué fórmula se estaba explotando, si mediante un convenio de cesión, una adjudicación directa o una licitación. Clemente esquivó las explicaciones con frases como “no hay ningún convenio”. El PSOE nunca llegó a tener el contrato por el que la Federación de Hípica explotaba un bien público.

Tampoco las cantidades aportadas por la Junta acaban de estar claras: El 16 de octubre de 2013, en una Comisión de Agricultura, el procurador Jorge Félix Alonso quiso saber si los 500.000 euros que puso Agricultura para la celebración de cursos desde 2008 a 2013 estaban o no dentro de esa licitación que ya obligaba al Gobierno autonómico a pagar 227.2000 euros anuales. El presidente de la Comisión, Julián Ramos, no contestó a esa pregunta, pero destacó “el movimiento de caballos, el personal que acude, las distintas actividades formativas…”.