Dos investigadores ponen en duda conclusiones científicas de Atapuerca por retrasos de 20 años en entregar los hallazgos

Dos relevantes investigadores acusan en un trabajo científico a la Junta de Castilla y León de permitir, en contra de la legislación española (y autonómica), que los restos arqueológicos encontrados en los Yacimientos de Atapuerca (Burgos) tarden hasta 20 años en ser depositados en un museo para poder ser analizados y validados por otros científicos.

El último número del Boletín del Seminario de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid publica un trabajo de los profesores Manuel Santonja, investigador del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), y Alfredo Pérez-González, ex-director de dicho centro, en el que ofrecen otras versiones totalmente opuestas a las mantenidas hasta ahora por los equipos de los co-directores de esos yacimientos en relación con los hallazgos en Galería. También en el mismo se alude a otros hallazgos de la Dolina TD6 y a la Sima de los Huesos.

Los yacimientos de la sierra de Atapuerca comenzaron a tener especial relevancia científica y social a partir del hallazgo de los restos de la Sima de los Huesos en 1992. Dos años después tenía lugar la localización de los huesos de una nueva especie, el 'Homo anteccesor', y la fama mundial para el lugar arqueológico burgalés.

La ciudad de Burgos acoge, a raíz del éxito de Atapuerca, el llamado Complejo de la Evolución Humana, que incluye el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y el Museo de la Evolución Humana, inaugurado en 2010. Su creación fue la apuesta de Castilla y León por la investigación evolutiva tras la declaración en el año 2000 de los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Las excavaciones están amparadas bajo la Fundación Atapuerca, creada por iniciativa de los tres codirectores del proyecto: Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell. Tiene una sede en la localidad más próxima al Yacimiento, Íbeas de Juarros, y de ella forman parte las principales instituciones y empresas de Burgos. La preside el empresario Antonio Miguel Méndez Pozo, condenado en los años 90 por el llamado 'caso de la construcción', que supuso su paso por la cárcel.

Años sin entregar hallazgos arqueológicos

El artículo titulado 'Sobre la definición en clave exclusivamente achelense del yacimiento de Galería (Atapuerca, Burgos)' revisa las conclusiones de las campañas arqueológicas realizadas entre 1982 y 1996, concluyendo que no se confirma “la interpretación exclusivamente achelense de la industria de Galería y descartan la posibilidad de reconocer una secuencia evolutiva en el registro arqueológico allí recuperado”.

La legislación actual señala que las competencias en Patrimonio (arqueología incluida) están transferidas a las autonomías, y son las que legislan sobre la materia. Hay una ley estatal (la Ley de Patrimonio Histórico de 1985) que sirve de marco de referencia, pero cada autonomía tiene su propia legislación, con matices diferentes, a veces importantes. La norma de 1985 dispone en su artículo 44 que los bienes arqueológicos aparecidos en excavaciones (y también hallazgos casuales y otros) son bienes de dominio público, lo que significa que nadie se puede apropiar de ellos.

La legislación de Castilla y León en vigor es fundamentalmente la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León (12/2002) y el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (Decreto 37/2007). En ella se señala en su apartado de patrimonio arqueológico (artículos 101 y siguientes) que es obligado “entregar al museo señalado en la resolución para su custodia los bienes muebles y restos separados de inmuebles que fueren descubiertos antes de que concluya el plazo de vigencia de la autorización en los términos del artículo siguiente. Este plazo podrá prorrogarse por un año, previa solicitud motivada al efecto”.

El plazo de las autorizaciones de todas las excavaciones que concede Castilla y León concluye siempre –y así es también en el caso de Atapuerca– el 31 de diciembre del año que se concede. Luego, según este artículo, se les podría conceder a cada campaña una prórroga de un año más para entregar los materiales encontrados ese año. Aunque si se toma al pie de la letra el artículo no se admitirían prórrogas de más de un año, en la práctica se vienen concediendo –justificando que son necesarias para concluir el estudio de los materiales hallados– prórrogas por años sucesivos.

En el caso del Yacimiento de Atapuerca, el lugar donde hay que depositar todo el material arquelógico hallado es el Museo de Burgos, junto a un informe y la memoria de la excavación.

La memoria final de la excavación de Galería, de las campañas a las que se refiere el trabajo presentado por estos investigadores en el Boletín de la UVA (las de los años 1982-1995), se publicó por la Junta de Castilla y León en el año 1999, pero hasta 2017 no estuvieron los restos arqueológicos totalmente depositados en el Museo de Burgos (antes llevaron algunos, pero todo no se depositó hasta 2017). Esto supone un retraso de 18 años en la entrega de lo localizado, aunque se supone que la normativa no admite más prórrogas que otra al año de localización de los restos.

En Atapuerca se ha seguido casi siempre el siguiente itinerario: una vez encontrados restos arqueológicos viajan habitualmente a Tarragona; los de Sima de los Huesos a Madrid; y otros a diferentes lugares, a los centros de trabajo de los especialistas encargados de su estudio, y siempre fuera del control de la Junta de Castilla y León. Además, estos restos muy pocas veces han estado a disposición de la comunidad científica, y siguen así en buena medida, con lo cual, dicen otros investigadores que los del Equipo de Atapuerca pueden lanzar las interpretaciones que quieran y nadie las puede contrastar al no tener acceso a los materiales.

Dudas en las conclusiones

Sobre el trabajo publicado por la Universidad de Valladolid, (la industria lítica de Galería de las campañas a las que ese artículo científico hace referencia) está en la actualidad depositado en el Cenieh, pero sin acceso abierto hasta que se comprueben los inventarios entregados, inventarios que, según dicen estos expertos investigadores, son deficientes.

En relación a Galería y ya en el apartado exclusivamente científico, señalan que la industria lítica allí encontrada no es exclusivamente 'Achelense' como se ha mantenido desde el principio. Estos investigadores, aceptando la datación de entre 200.000 y 360.000 años, concluyen que los pobladores no son grupos humanos homogéneos, existiendo una mezcla de entre los que llegaron de África, a través del estrecho de Gibraltar, y los individuos que ya habitaban ese lugar, encuadrados como cultura del Musteriense Antiguo. Es decir, se produjo una interrelación entre esas dos culturas del Paleolítico Antiguo (Achelense y Musteriense). El Paleolítico Antiguo incluye el Paleolítico Inferior y el Medio. Lo 'Achelense' corresponde al Inferior y lo Musteriense al Medio.

Por lo que se refiere a Trinchera Dolina (TD6), datada hace 900.000 años y donde se encontró al 'Homo Antecessor', al que muy bien se podía haber llamado el Hombre de Burgos o de Atapuerca, dicen los investigadores que los dos metros de sedimentos de ese nivel no son concluyentes para afirmar que hubo una ocupación estable de la cueva, canibalismo entre sus habitantes incluido.

En la Sima de los Huesos, datados los hallazgos hace 430.000 años, con el bifaz Excalibur como el más mediático de todos ellos, desmienten que fuera una ofrenda, un ritual que han apuntado en el equipo de descubridores del mismo, puesto que esa pieza está alterada, rodada, lo que viene a significar que llegó a ese lugar de manera fortuita y que no se depositó intencionadamente por los posibles ocupantes de esa sima.

Además, y esto puede ser importante, al menos para lo que están significando las excavaciones, denuncian que hasta 20 años después de haberse encontrados los restos no se hayan podido estudiar, puesto que han permanecido fuera de los lugares donde debieran haberse depositado e inventariado hace muchos años, es decir, en el Museo de Burgos y en el CENIEH. Así, universidades de Tarragona, Zaragoza o Madrid son las primeras en recibir los hallazgos de cada campaña y más tarde, 20 años, regresan a donde tenían que haber estado mucho tiempo antes.

Incluso han afirmado que, cuando regresan muchas de esas piezas arqueológicas (así dicen respecto a los de Galería), la catalogación en ellas realizada no se ajusta a los estándares científicos al uso, lo que significa que cuando alguien quiere investigar se encuentran con el problema de que no dan ni descripciones ni referencias suficientes para localizar las piezas, y hay que revisar cajas completas para encontrar la pieza que quieres ver.

Los investigadores solicitan a la Junta de Castilla y León que aplique la legislación existente en materia arqueológica, puesto que las piezas encontradas salen de la Comunidad y regresan muchos años después, ajenas a cualquier control desde la Consejería de Cultura, y sobre todo sin acceso libre para los investigadores interesados. La Junta tiene competencias completas en materia de investigación, custodia y control del patrimonio arqueológico de Castilla y León.

Para Santonja y Pérez-González, “romper ese recorrido con plazos desproporcionados, como los que rodean toda la intervención desarrollada en Atapuerca desde hace 40 años, produce consecuencias muy adversas para la investigación ya que, como en este caso, puede retrasar décadas el debate científico”.

La campaña de excavaciones de este año en la sierra burgalesa se verá afectada por la COVID-19, con menos días y menos excavadores. 50 personas participarán este año, frente a 250 de otras temporadas, entre los días 1 y 25 de julio, apenas 25 días frente a los 45 habituales.