El presidente de Castilla y León pone en duda que todos los niños de todos los territorios puedan salir a la calle

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha apuntado este domingo en la rueda de prensa tras la conferencia de presidentes autonómicos, que todos los menores puedan salir a la calle como prevé el Gobierno de España.

Fernández Mañueco ha explicado sobre la previsión de que los niños puedan pasear a partir del 27 de abril que hay que conocer “cuál es el informe de los técnicos” ya que no se ha explicado por qué se toma esa medida. El presidente de Castilla y León vincula los criterios al comité de expertos “porque puede darse el caso de que en un territorio puedan salir a la calle y que en otros sitios no sea recomendable que salgan”.

Por otro lado, Fernández Mañueco se ha referido a la necesidad de llegar a un acuerdo en Educación, porque según la Junta de Castilla y León “el curso debe continuar hasta el final” y hay que hacer ese “esfuerzo”. En este sentido, el Gobierno autonómico trabaja ya en un plan de refuerzo para el curso que viene, pero considera que tiene que haber “un criterio claro de cómo se puede promocionar y obtener titulación, teniendo en cuenta la opinión de los profesores y las circunstancias que están viviendo los alumnos.

En cuanto a la desescalada el presidente de la Junta ha señalado que “ni todo el mundo tiene que hacer lo mismo ni cada comunidad tiene que hacer lo que le dé la gana”. Las condiciones, según Fernández Mañueco, tienen que ser “iguales para toda España”. Así, Castilla y León ha planteado ya unos criterios que se pueden ampliar pero que tienen que ser “únicos” para todo el país. Como requisitos para iniciar el proceso de desescalada ha mencionado la detección de “cero casos”, la realización de de tests pcr y rápidos, y garantizar la capacidad del sistema sanitario, pero “no sólo de la hospitalización”, también de las UCIs, que siguen estando extendidas y de la Atención Primaria. Ha advertido además, que cuando se pueda autorizar la movilidad, no significará “traspasar las fronteras del municipio, de la provincia o de la Comunidad” por lo que es necesario establecer cuáles son las medidas de protección y cuál es el sistema de trazabilidad, que deberán ser “únicos para toda España”. Castilla y León trabaja en una aplicación que registre nuevos casos y personas que ya han superado el COVID-19.

Transparencia en datos de muertes

Por otro lado, el presidente ha relatado que ha hecho “especial hincapié” en que hay que mejorar los criterios de información respecto de las personas que fallecen por COVID-19, por lo que apoya la iniciativa del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de reclamar todos los datos a los registros civiles. “Nuestro criterio informativo es el que marca la OMS”, ha dicho, pero el registro único de las muertes lo tiene el Ministerio de Justicia. Por ello, Fernández Mañueco ha adelantado que pedirá al ministro, Juan Carlos Campo, a través de una carta, que se los datos que se den sean “uniformes”. “Tiene que ser el Gobierno de España el que maneje esa información, no puede haber 17 criterios distintos. El Gobierno sabe dónde mueren las personas y lo sabe a través de los registros civiles que dependen del Ministerio de Justicia”, ha apuntado. Fernández Mañueco también ha añadido que “para evitar sospechas el Gobierno tiene que hacer ese esfuerzo de veracidad y transparencia” y que la Junta de Castilla y León está ofreciendo “información adicional suplementaria muy superior a la que pide el Gobierno de España”.

Economía

El Gobierno de Castilla y León ha pedido al presidente Pedro Sánchez que se convoque el consejo de Economía Fiscal y Financiera, así como fondos extraordinarios para los gastos sanitarios que ha tenido que afrontar la Comunidad. “Podemos justificar hasta el último euro”, ha asegurado.

Después de que el Gobierno de España anunciase un fondo de 14.000 millones para las comunidades autónomas, Fernández Mañueco desconoce si habrá además un fondo extraordinario. Ha reconocido que el Gobierno ha aportado fondos para sanidad y servicios sociales pero ha apuntado que a la vez se han detraído los de políticas activas de empleo.

Según Fernández Mañueco, el Gobierno debe aplazar el pago de impuestos y de la Seguridad Social, como ha hecho la Junta de Castilla y León con los autonómicos a la vez que a garantizado el pago a proveedores. Los fondos extraordinarios del Gobierno no son más que anticipos a cuenta: las comunidades están gastando “antes y más” y por lo tanto necesitan esos fondos adicionales. También cree que habrá que crear un fondo “que no haya que devolver” para financiar esos gastos.

En cuanto al ingreso mínimo vital Fernández Mañueco quiere conocer el texto que lo regula antes de que se apruebe y ha apuntado a que la prestación debe financiarla el Estado, ser igual para todos los territorios y estar vinculado a la búsqueda activa de empleo. Además este ingreso, según el presidente de Castilla y León, tiene que ser compatible con la Renta Garantizada de Ciudadanía que puso en en marcha la Junta hace 10 años en los que se han desembolsado 550 millones con un apoyo de 430 euros al mes. De esta renta se han beneficiado más de 21.000 personas.