El “búnker” de las residencias de la Diputación de Valladolid: los técnicos de prevención “no pudieron pasar de la entrada” porque estaba “todo controlado”

Las residencias de la Diputación de Valladolid no sólo no autorizaron en un primer momento el acceso a los técnicos de la Consejería de Sanidad, tampoco dejaron “pasar de la entrada” a los responsables de prevención de riesgos laborales de la propia institución provincial. Así lo reflejan estos en un informe al que ha tenido acceso eldiario.es. Tal y como afirmó en el Pleno extraordinario del viernes el diputado de Acción Social, David Esteban, quisieron convertir las residencias en un búnker. Lo consiguieron a medias, se bloqueó el acceso a quienes se interesaron por lo que ocurría dentro, pero no evitaron que el COVID-19 llegase al interior e infectase a residentes y trabajadores. Hasta el momento han fallecido 17 personas. La Diputación, aunque acabó destituyendo al director y a la subdirectora no ha reconocido negligencia alguna. Hasta el momento.

En el documento de Prevención de Riesgos Laborales, con fecha de 15 de abril, hay datos y afirmaciones que permiten dudar de las decisiones que se tomaron desde el principio de la crisis. El escrito comienza con un un repaso de las actuaciones que se llevaron a cabo “desde el inicio del estado de alarma”. Los técnicos mantuvieron contacto permanente con los responsables de los servicios esenciales. Respecto a la adquisición de EPIs y material higienizante, aseguran que la Diputación ha hecho un “gran esfuerzo” en la búsqueda de suministradores que ofrecieran garantías. Sin embargo apuntan a la intervención de los suministros de muchas empresas por parte de la administración pública para centralizar su adquisición “limitando su compra directa. ”El material que nos han facilitado las administraciones ha sido mínimo e insuficiente“, aseguran.

Por otro lado, se solicitó a la empresa con la que tiene subcontratada la Vigilancia de la Salud del  Personal de la Diputación que implantase los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad. “La única respuesta obtenida ha sido la emisión de informes sobre la especial vulnerabilidad de algunos miembros de la plantilla, con el fin de solicitar a sus correspondientes médicos de Atención Primaria la baja o, en su defecto, mantenerles retirados del servicio hasta que la situación de riesgo desaparezca”, reflejan.

Además, se pidió a la mutua con la que trabaja la institución provincial colaboración en la gestión de las bajas y en la realización pruebas. “Tampoco en este caso se ha obtenido respuesta, informándonos de que se trata de un asunto de salud pública a gestionar por las autoridades sanitarias”, dicen.

La Dirección ignoró a los técnicos porque la situación estaba “bajo control”

Es a partir de este punto cuando relatan cómo ha sido la relación con dirección de las dos residencias de la Diputación, ante la que se pusieron a disposición para implantar las medidas, “especialmente en lo relativo al establecimiento de las distintas zonas en las que se debía clasificar a los residentes”. Según estos técnicos, “la dirección respondió que tenía la situación bajo control y que no era necesario el asesoramiento técnico de este servicio”.

El 27 de marzo,  con motivo de la entrega de EPIS, los dos técnicos del Servicio de Prevención trataron de conocer la situación de los centros “de primera mano”, pero según precisan en el informe “no pudieron pasar de la entrada y se les insistió en que no había casos confirmados que justificaran más medidas de las ya adoptadas”. En esas fechas, tal y como ha publicado este diario, el director ya había causado baja al dar positivo en coronavirus, así como varios trabajadores de ambos centros asistenciales.

El servicio de prevención sí pudo conocer “a través del seguimiento de las bajas del personal” de las dos residencias y de los Parques de Bomberos, “un empeoramiento de la situación en los centros, sin llegar a tener información sobre el estado de los residentes”. Si esta parte se puso en conocimiento de alguien no aparece en el informe.

Protocolos sin aplicar

Reflejan además que el personal no pudo someterse a pruebas “de manera centralizada”, sino a través de sus médicos de atención primaria. El 14 de abril uno de los técnicos del Servicio de Prevención acompañó al Jefe del Servicio de Extinción de Incendios en la supervisión de las tareas de desinfección que estaban realizando en la residencia Cardenal Marcelo.  En esa fecha ya se conocían los resultados de las pruebas practicadas a los residentes tras recibir la Consejería de Sanidad, una semana antes, un aviso extraoficial de una muerte por COVID-19 y varios residentes con síntomas. Durante la visita, ese técnico “pudo comprobar que había un número considerable de residentes en la zona exterior y que había cierto movimiento de los mismos en el interior”. Es decir, a pesar de que la situación era crítica, la Diputación no había aplicado los protocolos de aislamiento marcados por Sanidad, tal y como publicó eldiario.es.

Los técnicos son tajantes. Aseguran que no tienen información sobre el modo en el que se está aplicando la orden que marca la ubicación y aislamiento de los residentes y “se considera necesario insistir en la importancia de adoptar todas las medidas que reduzcan los riesgos de contagio de los residentes al personal y de empeoramiento del estado de salud de los residentes confirmados”.

Lo que no se precisa en el informe es si se dio aviso a alguien de la inusual situación que se vivía en los centros: con una dirección que aseguraba que no había casos, para posteriormente conocer que en uno de los centros el contagio afectaba al 98% de los residentes y finalmente saber que no se estaban aplicando los protocolos de aislamiento.

Por último, los técnicos inciden en que es “importante que a nivel institucional se solicite la colaboración de los Servicios Sanitarios de Salud para la realización de pruebas de diagnóstico y anticuerpos tanto del personal como de los residentes”, teniendo en cuenta que el Servicio de Vigilancia de Salud que está contratado no lo hará.