El defensor del pueblo de Castilla y León insta a la Junta a elaborar un nuevo censo del lobo para “solventar las deficiencias” del actual

El Procurador del Común, Tomás Quintana, -el defensor del pueblo autonómico- insta a la Consejería de Fomento de Castilla y León a elaborar un nuevo censo del lobo para “solventar las deficiencias” del actual para determinar después de los estudios técnico-científicos “si el lobo puede seguir siendo una especie cinegética al norte del río Duero” y la distribución del número de capturas permitidas. De esta manera, “podría decidirse de manera científica si el lobo puede seguir siendo una especie cinegética en la totalidad de los terrenos al norte del Duero o únicamente en algunas comarcas, y la distribución del número de capturas permitidas”.

Quintana insta a la Junta a que inicie los seguimientos, prospecciones y censos que permitan “compatibilizar” la protección del lobo con el desarrollo de la actividad ganadera, “tan necesaria para garantizar la pervivencia del medio rural”. Cuando el Procurador del Común admitió la queja de Lobisome Naturaleza, solicitó a la Junta los informes del censo del lobo 2012-2013 porque la asociación consideró que la metodología sobredimensionó el número de ejemplares “para fomentar la caza” del cánido.

El defensor del pueblo autonómico ha recopilado en su última resolución todas las sentencias del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo que han fallado en contra de la gestión cinegética del lobo de la Junta de Castilla y León en los últimos años.

Sentencias del TSJ en contra de la Junta

Concretamente, el Común hace referencia a las sentencias del Alto Tribunal autonómico de 2017, 2018 y 2019, las que anulaban el decreto que regulaba la conservación de especies cinegéticas, el plan de conservación del lobo de 2016 y los sucesivos planes de aprovechamientos cinegéticos comarcales del lobo al norte del Duero de cuatro temporadas de caza: 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reprochó en 2018 la inexistencia de un informe elaborador por el Comité Técnico de Seguimiento del plan de conservación y gestión del lobo y de otros estudios o informes que avalen el estado de conservación y evolución de la especie. “Tampoco consta un diagnóstico de la población o censo, pese a las múltiples referencias que se realizan”, señala la sentencia. Esta misma sala del TSJ afeó que la declaración de especies como cinegéticas se realizara sin “estudios científicos” y que los planes de aprovechamiento se realizaran sin “información suficiente, objetiva ni científica”.

El Procurador del Común recuerda que el TSJ ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad y el Defensor del Pueblo ha interpuesto un recursos de inconstitucionalidad, ambos aceptados por el Tribunal Constitucional, lo que no evita que todavía se permita la actividad cinegética, incluida la caza del lobo al norte del río Duero.

Además, Quintana también se remonta la sentencia del Tribunal Supremo de 2013, que confirmaba dos sentencias del TSJ de 2009, una a favor de Ecologistas en Acción y otra a favor de la organización agraria Coag, por motivos contrarios.

En el primer caso, el Tribunal Supremo consideró que la Junta había vulnerado la directiva europea y la estatal porque no se garantizaba el régimen de protección estricta del lobo al sur del Duero. El decreto de 2008 permitía que el lobo fuera una especie cinegética “independientemente de que las poblaciones estén al norte o al sur del Duero” y se convirtiera “en una especie cazable incluso cuando es objeto de protección estricta”. En el segundo caso, el Tribunal Supremo consideró que debería anularse el sistema de compensación por pérdidas de ganado.

Tres años después de estas sentencias, la Junta de Castilla y León aprobó un nuevo Plan de Conservación y Gestión del Lobo para “subsanar las deficiencias detectadas”. El plan establecía un sistema de planificación comarcal para regular el aprovechamiento del lobo, pero también fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2018.

Defensa de la Junta de Castilla y León

Ante la petición del Procurador del Común, la Consejería de Fomento defiende que el censo se realizó en el marco del censo nacional y siguiendo la metodología del Grupo de Trabajo del Lobo coordinado por el Ministerio y en el que participaban “todos los responsables de la gestión del lobo en las comunidades autónomas”. El informe es realizó con la participación de 700 profesionales y se recorrieron 3.382 itinerarios a pie, de 51.230 kilómetros en total y se realizaron 1.512 estaciones de observación y 1.435 estaciones de escucha.

“Se puede asegurar que se ha tratado del censo con mayor esfuerzo de muestro realizado hasta la fecha en Europa”, destaca la Junta de Castilla y León, que niega haber sobredimensionado las poblaciones. El Común considera que el estudio que presenta Lobisome no es comparable con el de la Junta porque el muestreo es “claramente menor” y tiene un “menor fundamento científico y técnico”. Sin embargo, esto no afecta a la decisión del defensor del pueblo de instar a realizar un nuevo censo del lobo para “solventar las deficiencias” detectadas en todas las decisiones judiciales enumeradas previamente.

El consejero defiende el modelo

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha asegurado en rueda de prensa que la Junta es “muy cumplidora” con todas las recomendaciones del Procurador del Común pero no aclara si se elaborará un nuevo censo tras esta resolución. “Nuestro censo se hace en el marco del censo nacional, cada 10 años. Toca ahora en 2022 un nuevo censo y se está trabajando en ello”, ha indicado Quiñones.

El titular de Fomento también ha destacado que, además del censo inicial, se realiza un seguimiento anual y una serie de evaluaciones cada 5 años con personal de campo, técnicos y expertos externos e internos. “Lo mantenemos actualizados de forma continua”, ha concluido.