130.000 ciudadanos de la UE en Reino Unido pueden perder sus prestaciones sociales

Al menos 130.000 ciudadanos de la Unión Europea residentes en el Reino Unido corren el riesgo de perder su asistencia sanitaria y otras prestaciones sociales, según se desprende de las cifras oficiales de las solicitudes de residencia tramitadas hasta el momento, exigidas a los ciudadanos comunitarios tras el Brexit.

A solo nueve días de que termine el plazo para pedir el estatus de asentado [el trámite exigido para poder permanecer en el país y conservar todos los derechos], las cifras filtradas por el periódico The Times muestran que 130.000 de los 820.000 europeos que reciben prestaciones actualmente (desde subsidios infantiles hasta complementos de renta) aún no han solicitado el certificado de residente.

En torno a un 70% de esas 130.000 personas se encuentran en situación de vulnerabilidad. De ellas, más de 90.000 reciben la renta universal [un subsidio de la seguridad social británica para personas en edad de trabajar y con ingresos bajos].

A partir de julio, las personas procedentes de países de la UE deberán demostrar que han obtenido el estatus de asentado o de preasentado a través de una página web, para poder alquilar, trabajar o solicitar prestaciones en el Reino Unido.

Las organizaciones sociales sostienen que la falta de formalización de este trámite puede cambiar la vida de los afectados, hasta el punto de hacerles perder su hogar o su trabajo debido a las grandes multas que enfrentan propietarios y empleadores como parte de la política antiinmigración.

Pese a que el Gobierno británico ha dicho una y otra vez que basta con haber solicitado el estatus para tener los derechos protegidos tras el 1 de julio, algunas autoridades locales están advirtiendo a sus residentes de que les retirarán las ayudas a la vivienda y al pago de impuestos municipales si no demuestran su condición de asentados o preasentados antes del 30 de junio.

Cartas de advertencia de algunos ayuntamientos

El Ayuntamiento de Northamptonshire comunicó a un hombre de nacionalidad polaca, quien padece una enfermedad mental, que rechazará su solicitud de ayuda para financiar la vivienda y para el pago de los impuestos municipales si no demuestra antes del 26 de junio su condición de asentado.

El joven de 31 años (pidió que no se le identificara) perdió su casa tras una crisis nerviosa y vive en una habitación de hotel pagada por el Ayuntamiento. En abril pidió que se le concediera el estatus de asentado y es uno de los más de 330.000 solicitantes que sigue esperando una respuesta del Ministerio de Interior. Teme quedarse sin un techo. “El estrés de ser desahuciado está teniendo un efecto muy malo en mi salud”, dice. “El Ayuntamiento parece no entender que no puedo meterle prisa al Ministerio de Interior”.

“Parece que el residente en cuestión ha recibido una carta estándar del Ayuntamiento sobre los plazos establecidos para proporcionar la información que fundamente su petición”, explica un portavoz del Ayuntamiento. “Se ha hecho por error y pedimos disculpas por las preocupaciones causadas, el cliente dispondrá de más tiempo para proporcionar la información solicitada y le escribiremos para comunicárselo”.

“Nos estamos asegurando de que todas las personas que reciben prestaciones tengan todas las oportunidades para solicitar el plan de asentamiento para miembros de la UE”, ha dicho este lunes un portavoz del primer ministro, Boris Johnson.

“Estamos trabajando intensamente para identificar a todos los beneficiarios de prestaciones que aún no lo han solicitado y animarles a que lo hagan; todos los que hayan solicitado acogerse al régimen antes de la fecha límite del 30 de junio tendrán sus derechos protegidos hasta que se haya tomado una decisión sobre su solicitud de acuerdo con el Acuerdo de Retirada”.

Según la organización benéfica por el derecho a la vivienda Shelter, hay ciudadanos de la UE que podrían quedarse sin hogar. “Cuando el Gobierno introdujo el plan de asentamiento para ciudadanos de la UE prometió que nadie se quedaría sin techo, pero hay cientos de miles de personas que corren el riesgo de perder su casa a finales de este mes”, dice Polly Neate, la directora de Shelter.

“Estamos asistiendo a amenazas de desahucio y a retiradas de ayudas”, apunta Maike Bohn, cofundadora de the3million, una organización de ciudadanos de la UE en el Reino Unido. “Es muy preocupante que las autoridades locales envíen cartas aterradoras a las mismas personas a las que tienen la obligación de proteger”.

A partir de julio, los caseros deben comprobar si sus inquilinos tienen el estatus de asentados o preasentados. Las directrices detalladas del Gobierno británico no se publicaron hasta el 7 de junio y, según los agentes de alquileres, eso dejó con poco tiempo a los propietarios, que enfrentan multas de hasta 3.000 libras por inquilino. “Esta ha sido la primera orientación clara que tuvimos sobre el funcionamiento del sistema nuevo”, dice un portavoz de la plataforma de alquileres Goodlord.co.uk.

El Ministerio de Interior ha dicho que hasta el 1 de julio los caseros “no deben discriminar a los ciudadanos de la UE o del Espacio Económico Europeo que aún no hayan obtenido el estatus o que decidan usar su pasaporte o documento nacional de identidad para demostrar su derecho a alquilar”. Según indica, “hay una línea de ayuda telefónica por si los empresarios y caseros necesitan alguna orientación al respecto”.