Alrededor de 147.000 menores de 19 años, la mayoría de origen latinoamericano, vivían en España sin papeles en 2019, según la estimación realizada en una investigación publicada este miércoles por Save The Children y la Fundación Por Causa, que alerta de las consecuencias en el desarrollo de los niños y niñas en situación de irregularidad. Se trata de los hijos de adultos extranjeros sin residencia en España, dado que la situación administrativa de estos niños depende de la de sus progenitores. Según el estudio, uno de cada cinco menores extranjeros registrados en el padrón municipal no están regularizados, lo que les afecta de manera directa en sus condiciones de vida, abocándolos a mayor riesgo de pobreza, a la falta de ayudas públicas y discriminación en su acceso a exámenes oficiales o actividades de ocio.
Un porcentaje importante de los niños sin papeles en España, según el informe, son muy pequeños: la mitad tiene menos de 10 años y casi un 40% menos de cinco (unos 55.000). Entre ellos, hay menores que han nacido en España: sus estimaciones apuntan a que el 30% de los niños y niñas de entre 0 y cuatro años extranjeros empadronados en esta país se encuentran en situación irregular.
Estos menores proceden principalmente de países latinoamericanos. La investigación apunta a Colombia como el principal país de origen en términos absolutos, dado que uno de cada seis niños y niñas de este país está en situación administrativa irregular. Le sigue Honduras, Venezuela y Perú. De estos cuatro países proceden buena parte de peticiones de asilo registradas en la actualidad. “El progresivo aumento de la irregularidad en la infancia a partir del año 2014 está en buena medida relacionado con el rechazo de las solicitudes de asilo presentadas por familias procedentes de estos lugares”, detalla el documento. Aunque, según su estudio, del 43% de los niños y las niñas migrantes que viven en nuestro país procedende África, solo solo el 13% de los que están en situación irregular son originarios de este continente.
No tener papeles marca el desarrollo de estos niños, denuncian ambas organizaciones. “Estos niños se sitúan un escalón por debajo del resto en lo que respecta al reconocimiento de sus derechos”, ha alertado Andrés Conde, director general de Save the Children, en la presentación del documento. Como punto de partida, los hogares con personas de nacionalidad extracomunitaria tienen niveles más bajos de renta y mayor riesgo de pobreza y exclusión que aquellos compuestos por nacionales.
La probabilidad de riesgo de pobreza en una familia española con hijos a cargo es del 14%, mientras que si sus integrantes proceden de un país no europeo sus posibilidades aumentan al 48%, detallan. Si, además, alguno de sus progenitores se encuentran en situación irregularidad la posibilidad de encontrar trabajo es aún más complicada, a lo que se suma su exclusión de ayudas públicas como el Ingreso Mínimo Vital. “Si nuestro gobierno se toma en serio la lucha contra la pobreza infantil es muy importante que los niños en situación de irregularidad se convierta en un foco de sus acciones. Es una de las situaciones más severas de la pobreza infantil en España”, dice Conde.
Su educación también se ve afectada por su situación administrativa: aunque todo niño tiene derecho a su escolarización independientemente de su situación administrativa, la ausencia de un permiso de residencia y de un Número de Identificación de Extranjero impide en la práctica su acceso a exámenes oficiales, certificaciones o becas escolares, sostiene el informe. Los obstáculos también existen en su participación en el sistema de educación no obligatoria, como en las escuelas infantiles, las universidades, la formación profesional o las prácticas. Aunque estas trabas no estén escritas en ninguna norma, los trámites exigidos para desarrollarlas acaban dejando muchas veces atrás a los menores sin papeles.
El estudio se ha realizado con los datos de 2019, por lo que las organizaciones advierten del incremento de la gravedad de la situación ante la crisis del coronavirus, debido “a la caída del empleo entre la población migrante y su impacto en los permisos de residencia”. “Nuestras estimaciones apuntan a que el número de personas migrantes en situación irregular en España podría verse incrementada en un número superior a los 160.000 trabajadores y trabajadoras, lo que complicará mucho más las cosas”, dice Gonzalo Fanjul, director del área de Investigación de la Fundación por Causa. “El tiempo corre en nuestra contra”.
Ante esta situación ambas organizaciones piden al Gobierno un proceso de regularización dirigido a los hogares de personas migrantes sin papeles con hijos e hijas a cargo, una medida que, según sus estimaciones, “permitiría reducir sustancialmente su coste fiscal para la sociedad y eliminar buena parte de los extraordinarios obstáculos administrativos, económicos y educativos a la integración social”. Además, Save the Children pide proporcionar un régimen jurídico específico para toda la infancia migrante. Con ello se evitaría que su situación administrativa menoscabase el principio del interés superior del menor y de no discriminación, así como se adoptarían medidas para evitar la irregularidad sobrevenida.
“Sugerimos un régimen específico para todos los niños y niñas dentro de La Ley de Extranjería que sus derechos como menores de edad no deben verse menoscabados por su situación administrativa”, concluye Jennifer Zuppiroli, experta en migraciones en Save The Children.