Medio centenar de migrantes encerrados en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Madrid ha enviado un escrito al juzgado de instrucción número 20 de Madrid, con competencias en el control de estos espacios, para denunciar presuntas agresiones cometidas por agentes de la Policía Nacional contra varias personas internas. “Han agredido brutalmente a varios internos con porras, patadas en la cabeza, puñetazos, además de insultarnos y tratarnos como animales”, dice la misiva adjunta en la queja, a la que ha accedido elDiario.es, presentada en el juzgado por varias ONG para solicitar la investigación de los hechos.
Algunos internos aseguran tener diferentes marcas en sus cuerpos a consecuencia de los supuestos golpes de la Policía y, para probarlo, han mandado al juzgado una serie de fotografías a las que no ha accedido este medio. Los internos han añadido también en su carta el número de placa de uno de los agentes que, según su testimonio, les golpeó. Fuentes de la Jefatura General de la Policía aseguran que “en caso de haber algún incidente” en el CIE “se trata de utilizar la fuerza mínima imprescindible”, sin entrar a dar información concreta sobre los hechos denunciados del 14 de febrero.
Los denunciantes aseguran que el pasado 14 de febrero, entre las once y las doce de la noche, irrumpieron en el CIE 11 agentes que “cometieron actos de extrema barbaridad” contra los internos. Según el texto escrito a mano por uno de los migrantes y firmado por medio centenar de ellos desde el interior del centro de internamiento, los policías agredieron a varios internos “con porras, patadas en la cabeza y puñetazos”.
La misiva alerta al juzgado de que varias personas han resultado heridas, entre ellas un hombre del que los denunciantes aseguran desconocer su paradero. “Uno de los heridos ha salido de aquí inconsciente, además de estar sangrando mucho. Ha desaparecido, no tenemos ni idea de donde puede estar esta persona, ya que algunos internos se han puesto en contacto con su familia y su familia dice que no lo encuentra en ningún hospital”, indican en la carta que ha llegado a manos del juzgado encargado del cumplimiento de la normativa en los CIE, los centros donde son privadas de libertad personas extranjeras durante un máximo de 60 días por su situación irregular (lo que supone una falta administrativa, no un delito) con el objetivo de proceder a su expulsión.
Aunque el CIE cuenta con servicio médico privado, aquella noche los servicios de emergencias sanitarias de Madrid recibieron un aviso desde el centro de internamiento de Madrid a las 23:30 horas. Según confirma una portavoz del Samur, una ambulancia básica fue enviada al centro de internamiento de Aluche para atender a una persona, de la que no consta ningún dato más, con “dolor músculoesquelético”. El paciente fue atendido in situ “sin requerir traslado hospitalario”.
Más allá de lo ocurrido el pasado 14 de febrero, los internos también han denunciado en su misiva una presunta agresión a una mujer ocurrida tres días antes: “Otro hecho atroz ha ocurrido hace tres días: un agente ha estrangulado a una interna hasta dejarla inconsciente”, indica el escrito. Los migrantes cuestionan también los “cacheos” realizados por los agentes en las celdas o supuestas “visitas” de los policías en las habitaciones de los migrantes para “golpear a los internos, aprovechando que en las habitaciones no hay cámaras”.
Las personas firmantes del escrito reconocen el “miedo a represalias” de los internos que han sido testigos de los hechos, por lo que no incluyen sus números identificativos en la denuncia, pero se muestran “dispuestos a declarar lo que han visto a un juez o a cualquier ONG que nos conceda una entrevista en persona”. El escrito fue mandado por los internos por Whatsapp el pasado 15 de febrero a las ONG acreditadas para realizar visitas en el CIE de Aluche: Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, Coordinadora de Barrios y Mundo en Movimiento.
Las ONG han solicitado al juzgado la investigación de los hechos. Entre otras diligencias, las organizaciones piden el reconocimiento por parte de un médico forense de las posibles lesiones que puedan presentar las personas denunciantes, el traslado de la víctima y testigos a dicho juzgado para tomarlas declaración, así como la suspensión de la expulsión de las personas agredidas con el objetivo de evitar la repatriación de los denunciantes. Las organizaciones también han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo.
La Plataforma CIEs No lleva años denunciando la deportación de internos que denuncian posibles irregularidades cometidas por los agentes de la Policía Nacional en el interior de estos centros, así como de los testigos de los hechos, lo que en muchas ocasiones frustra la investigación.
Debido a la frecuente expulsión de denunciantes o testigos de supuestas agresiones policiales en el CIE, en 2020 el Defensor del Pueblo pidió al director general de la Policía la emisión de una instrucción que incluyese “un protocolo de tramitación de quejas y denuncias de malos tratos de las personas privadas de libertad” en los CIE. La institución recalcó entonces que el protocolo debería incluir “el principio de realización de una investigación efectiva” y “la no expulsión de un interno o interna mientras determina si existen indicios de que ha sido víctima de un hecho disciplinariamente reprochable o delictivo”. También exigió a la Policía establecer la forma en la que debe ser enviada la “información oportuna a juzgado” que corresponda para investigar debidamente los hechos denunciados.
Estas nuevas quejas llegan dos meses y medio después de la reapertura del CIE de Madrid, que permaneció casi un año cerrado por obras. “Es inconcebible que cada vez que el CIE está en funcionamiento, en distintos momentos, tods los años, diferentes personas internas denuncien una y otra vez hechos muy similares y jamás se deriven consecuencias jurídicas de estas denuncias porque siempre terminan por archivarse”, han alertado en un comunicado la plataforma CIEs NO Madrid.
Mientras, los migrantes que siguen en el centro de internamiento piden mejores condiciones y el cese de los malos tratos denunciados. “Solicitamos la ayuda de los derechos humanos. No aguantamos más ser tratados peor que a los animales. Lo único que pedimos es ser tratados como seres humanos”, concluyen los internos desde el interior del CIE de Madrid.