Un relator de la ONU denuncia que incautar barcos de rescate como el Open Arms garantiza muertes “intolerables”

“Nos movió un niño, Aylan, a hacer todo esto”. El equipo de Proactiva Open Arms lo ha dejado claro varias veces: su labor surgió de esa foto del cuerpo sin vida de un niño refugiado en una playa turca. Desde este domingo, tras casi dos años y medio salvando vidas en el Mediterráneo, las autoridades italianas retienen uno de sus barcos e investigan a su equipo por un posible delito de tráfico de personas tras no entregar a un grupo de migrantes rescatados a una patrulla libia.

La foto Aylan Kurdi marcó un antes y un después en el compromiso con los derechos de migrantes y refugiados, opina Michel Forst, relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos. Sin embargo, desde aquella imagen, quienes alzan la voz contra la situación de estas personas se han encontrado “enormes dificultades” para ejercer su labor, según concluye en un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, que finaliza este viernes en Ginebra.

Estos activistas y trabajadores, asegura Forst, “se enfrentan a restricciones sin precedentes, incluidas amenazas y agresiones, acusaciones en el discurso público y criminalización”. En concreto, según criticó el relator semanas antes de la retención del Open Arms, “se ha detenido y acusado de contrabando de personas a defensores que han salido al mar para rescatar a personas en movimiento y se les han embargado sus embarcaciones”.

Así, la ONG catalana no ha sido la única en ser blanco de estos ataques, como recuerda el experto. También ocurrió en agosto con la embarcación de la alemana Jugend Rettet, que permanece atracada en un puerto italiano después de que se abriera una investigación contra la ONG por mantener presuntos “contactos con traficantes”. O en el caso de los bomberos de Proem-aid, que serán juzgados en mayo tras ser detenidos bajo la acusación de tráfico ilegal cuando rescataban a refugiados en el Egeo.

“Un entorno tan hostil acalla las voces de quienes tratan de mantener vivo el recuerdo de Aylan Kurdi y otros que han muerto cuando atravesaban fronteras”, ha señalado Forst. “Y garantiza que seguirán apareciendo cadáveres de esas personas arrastrados por el mar o enterrados en fosas sin identificar, o que, simplemente, esos cuerpos desaparecerán en cantidades intolerables”, critica.

El relator de la ONU ha querido centrar este año su informe en la “difícil situación” que, a su juicio, atraviesan estos activistas. Por un lado, se enfrentan a problemas derivados de las “agresiones y amenazas” que sufren en general todos los defensores de derechos humanos. Pero Forst atribuye también estos problemas a “aspectos preocupantes” como “el giro del discurso público” de los Gobiernos que presentan la inmigración como un problema de seguridad para justificar, dice, políticas migratorias más estrictas.

“Las dificultades a las que se enfrentan los defensores no pueden disociarse de aquellas que afrontan las personas cuyos derechos defienden”, reitera el experto, quien recalca que “del mismo modo” que las personas migrantes “se enfrentan muchas veces a políticas destinadas a crear un entorno hostil”, también los defensores que se solidarizan con ellos “hacen frente a un creciente número de restricciones y controles”. En muchas ocasiones, las personas migrantes se convierten en defensoras de sus propios derechos y, en estos casos, sufren “muchas más agresiones” por su condición, recalca.

Obstáculos al trabajo en la frontera

Miles de personas continúan arriesgando su vida para huir de la pobreza o la guerra en el mundo y cada vez más activistas denuncian su situación y hacen frente a mayores obstáculos. Uno de los principales es, señala el relator, la dificultad para poder acudir a los lugares fronterizos donde están los migrantes y refugiados, como ha ocurrido en el caso de las ONG que operan en el Mediterráneo Central, que en 2017 se cobró más de 3.000 vidas.

Los migrantes, dice Forst, “frecuentemente, se ven obligados a confrontar los riesgos de atravesar zonas fronterizas militarizadas o navegar por mares peligrosos” y quienes tratan de ayudarles mientras lo hacen se enfrentan también a riesgos. “Algunos defensores han sido acusados de contrabando de personas cuando trataban de rescatar a refugiados en alta mar, o han visto limitada su capacidad de acción por la imposición de un creciente número de restricciones reglamentarias”. Y explica que estas zonas fronterizas suelen estar controladas por autoridades militares que “restringen el acceso y la prestación” de ayuda humanitaria a los defensores.

“En varios países, las autoridades han ordenado el cierre de comedores sociales, el embargo de embarcaciones de rescate y la demolición de centros de alojamiento temporal. Han obligado a los defensores a ir acompañados por agentes de policía durante el desarrollo de su labor, lo que difumina deliberadamente la división entre el Estado y la sociedad civil”, opina. En concreto, Italia ha hecho firmar a las ONG de salvamento un férreo código de conducta, que les prohibía navegar en aguas libias y las obliga a admitir en los barcos a un policía judicial italiano.

En sus recomendaciones, el relator pide a los Estados que se “respete” la normativa internacional sobre el rescate de personas en el mar y “velen por que no se criminalice a nadie” por salvar vidas.

Criminalización y estigmatización

Los Gobiernos, explica Forst, cada vez emplean más “la preocupante práctica de exigir que quienes deseen trabajar” cerca de pasos fronterizos se registren ante la policía o su labor sea supervisada y controlada por las autoridades. Quienes tratan de prestar asistencia humanitaria en la frontera sin autorización “son criminalizados, pese al sufrimiento que ello conlleva”, concluye el documento. Las autoridades interfieren en su labor no solo con leyes nacionales, sino también con reglamentos locales, señala el texto.

A esto se le suma la propia situación irregular de las personas que tratan de cruzar las fronteras, que a veces, dice, provoca que los activistas que trabajan con ellos sean acusados de “facilitar de alguna otra manera su presencia irregular”, y recuerda en este caso el ejemplo de Helena Maleno, citada a declarar en Marruecos por sus llamadas a Salvamento Marítimo cuando hay pateras en peligro en el mar. “Esos enjuiciamientos tienen un efecto disuasorio y hace que las organizaciones de la sociedad civil tradicionales y los particulares sean más reticentes a colaborar”.

Esta “criminalización” que llevan meses denunciando las ONG y que recoge el relator tiene un efecto claro, a juicio de Forst: “refuerza el estigma social” que pesa sobre las personas migrantes, ya que puede promover actitudes de indiferencia y racistas. En este caso, destaca el papel que juegan instituciones “respetadas” en lugares como la frontera de México, donde líderes católicos “contribuyen a mitigar la marginación” en que la viven los migrantes.

El experto opina que criminalizar a estos activistas “tiene por objeto deslegitimar su labor” y supone “una amenaza” porque desalienta a voluntarios y a donantes privados, en un contexto en que los Estados, en muchos casos “han reducido” los fondos públicos destinados a las ONG que trabajan con migrantes. Por último, recuerda que la falta de vías legales y seguras empuja a muchas personas a ponerse en manos de traficantes, y esto también implica un riesgo para quienes los defienden. “Los tratantes de personas han amenazado y matado a defensores que intentaban denunciar sus actividades”, sentencia.