Centros sanitarios madrileños niegan la atención a embarazadas y menores sin papeles, según Yo Sí Sanidad Universal
Una vuelta por un centro de salud madrileño suele ser suficiente para encontrar carteles con el lema que Cristina Cifuentes ha tomado como bandera: “La Comunidad de Madrid atiende a todas las personas. No hacemos excepciones”. Sus cursos de formación para los funcionarios, sin embargo, no lo dejan tan claro. A través de ellos, el Gobierno regional está lanzando instrucciones con el objetivo de que el personal administrativo diferencie, mediante la comprobación de su pasaporte o visado, entre un migrante que resida en España en situación irregular y un turista. Estas indicaciones están derivando en la exclusión de embarazadas y menores sin papeles cuya residencia en el país no supera los 90 días, según ha denunciado el colectivo Yo Sí Sanidad Universal.
En 2012, el Ejecutivo central aprobó el Real Decreto Ley 16/2012, que excluyó de la asistencia sanitaria a las personas en situación irregular, excepto los casos de mujeres embarazadas, menores y urgencias. Desde entonces, los diferentes Gobiernos regionales, entre ellos el de la Comunidad de Madrid, han emitido instrucciones internas para garantizar la atención médica a todos los ciudadanos, independientemente de su situación administrativa.
Pero, en el último trimestre, los integrantes de la red Yo Sí Sanidad Universal aseguran que han comenzado a recibir cada vez más casos de mujeres embarazadas y menores que, desesperados, denunciaban la denegación de acceso a la atención primaria o especializada en la Comunidad de Madrid. “Tengo dos meses de embarazo y se me negó la asistencia médica en el centro de salud por lo que no he podido realizar ningún examen”, alertaba una chica costarricense de 19 años a través de un correo electrónico.
“Me escribe una trabajadora social de un centro de salud porque están intentando meter en el sistema a una mujer embarazada que lleva muy poco tiempo en España y el sistema no la reconoce como irregular. No sabe qué hacer... Necesita atención urgente”, reza otro de los mensajes de alerta recibidos por el colectivo, a los que ha tenido acceso eldiario.es. Pedían ayuda para conseguir ser introducidas en el sistema del Servicio Sanitario Madrileño (SERMAS), requisito fundamental para acceder a las consultas especializadas que requerían, como Ginecología o Pediatría.
Comprobación del sello del pasaporte para ir al médico
La respuesta se encuentra, defienden desde el colectivo, en la octava edición del curso periódico 'Derecho y Acceso a la Asistencia Sanitaria“, organizado por la Consejería de Sanidad para formar y actualizar al personal administrativo. A través de este altavoz, la el Gobierno regional insta a los funcionarios a revisar los pasaportes y los visados de los pacientes en situación irregular con el objetivo de comprobar la fecha de entrada en el país.
Todos aquellos que lleven viviendo en España menos de 90 días serán considerados turistas y, por tanto, excluidos de la asistencia sanitaria gratuita, según aparece en las diapositivas en las que se basa el curso de formación. En su presentación de Power Point, el Servicio Madrileño de Salud explica al personal de administración la manera en la que “pueden valorar” si es posible aplicar a un extranjero sin permiso de residencia lo establecido por el Real Decreto 16/2012, que, si bien fue la norma de la “exclusión sanitaria”, sí permite el acceso a menores y embarazadas.
El “protocolo” definido en el curso para comprobar si una persona sin papeles tiene o no derecho a la sanidad consta de tres vías, según define una de las diapositivas titulada “Estancia VS situación irregular”. El personal administrativo debe, atendiendo a estas indicaciones, comprobar en el visado o en el sello del pasaporte, la fecha de salida requerida o, si solo cuenta con el DNI de un país comunitario, “exigir el empadronamiento”..
La Comunidad confirma el curso pero niega la exclusión
La Consejería de Sanidad ha confirmado a eldiario.es la existencia de este curso, pero niega los efectos denunciados por el colectivo Yo Sí Sanidad Universal. “El curso de formación referido no impide la atención a embarazadas y menores. Este curso explica la documentación que tienen que aportar para ser atendidas aquellas personas que lleven menos de 90 días en España, como sucede con la atención a cualquier turista que pasa menos de 90 días en España”, apuntan desde la Comunidad de Madrid.
En algunas diapositivas, la Consejería de Sanidad detalla que, en los casos en los que haya “imposibilidad de empadronamiento o de acreditar identidad”, se podrá “aceptar excepcionalmente un informe de un trabajador social”. Este informe, detallan fuentes del Gobierno regional, “lo puede elaborar un trabajador social de cualquier red de servicios sociales, de la Comunidad de Madrid, de los ayuntamientos, de una asociación, etc”.
Desde la red en defensa de la sanidad pública aseguran que, más allá de las indicaciones establecidas en las diapositivas, durante la celebración de estos cursos se están dando “órdenes verbales” edpecíficas para impedir la atención sanitaria de embarazadas y menores que no superen esos 90 días de estancia en España. También afirman que, en ocasiones, “son las propias trabajadoras sociales de los centros de salud” quienes acuden a su asociación cuando acceden a este tipo de casos, ante la negativa del personal administrativo.
En concreto, sostienen desde Yo Sí, en el desarrollo de uno de los cursos, un miembro del personal administrativo preguntó específicamente sobre cómo debían actuar “en el caso de las mujeres embarazadas o menores que todavía no están en situación irregular porque no han pasado los 90 días”. La respuesta, según señalan desde el colectivo social, fue la siguiente: “A ver, con cargo a fondos públicos, ya estamos viendo que la normativa no lo recoge. Nosotros lo que tenemos que decir es lo que dice la normativa. ¿De acuerdo? La normativa no recoge que tengan asistencia a cargo de fondos públicos”.
En las diapositivas del curso, la Consejería de Sanidad incluye menciones tanto al Real Decreto 1192/2012, que regula la condición de asegurado en España en el Sistema Nacional de Salud, como a la Ley de Extranjería. Así, tira de la normativa migratoria para especificar las obligaciones de muchos ciudadanos no comunitarios a la hora de entrar en España: pasaporte, visado y un seguro médico que cubra “todos los gastos de asistencia sanitaria en España”.
“Aunque el Real Decreto 16/2012 no establece condición ni plazo para la salvaguarda del derecho a la atención sanitaria a menores y embarazadas, la Comunidad de Madrid ha decidido considerar ”turistas“ durante sus primeros 90 días a todas las mujeres y menores que no estén registradas ni autorizadas para vivir en España”, denuncian los portavoces de Yo Sí Sanidad Universal, colectivo que también ha registrado una queja al respecto en la Defensoría del Pueblo.
Otras “órdenes verbales” denunciadas
Otra de las instrucciones verbales que, según la red de activistas, la Consejería de Sanidad está emitiendo “de forma confusa” es la “prohibición en el sistema a las embarazadas que hayan cumplido las 38 semanas de gestación al considerarlas 'mujeres que vienen a parir aquí”. Desde el Ejecutivo regional niegan la emisión de esta directriz.
“Es falso que en la Comunidad de Madrid se esté denegando el acceso a la atención sanitaria a embarazadas y menores en situación irregular”, reiteran desde el Gobierno regional. “La Comunidad de Madrid mantiene la cobertura a embarazadas, menores y urgencias, tal y como recoge el RD de 2012, cobertura que la Comunidad de Madrid amplió a todos los inmigrantes en situación irregular mediante la introducción del Código DAR”, insisten.
Yo Sí Sanidad Universal solicita a la presidenta del Gobierno regional y al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, “facilitar la inclusión inmediata en el sistema sanitario de mujeres embarazadas y menores”, así como “emitir instrucciones escritas claras y públicas a todos los centros sanitarios, revirtiendo las instrucciones impartidas en los cursos de formación”.
El Gobierno de Cristina Cifuentes anunció en 2015 la devolución de la atención primaria y especializada a las personas en situación irregular a través de la creación de una documento específica. La presidenta de la Comunidad de Madrid envió entonces una instrucción interna a todos los centros sanitarios madrileños: “debe prestarse todo tipo de asistencia sanitaria a todas las personas inmigrantes, con o sin documentación”.
Durante el mismo año, el Gobierno de Mariano Rajoy , con varias comunidades autónomas enfrentadas y una gran arbitrariedad en la aplicación de la norma estatal, anunció la creación de un documento especial para que los migrantes sin papeles pudiesen ser atendidos. Nunca ha llegado a desarrollarse.
A través de su red, los miembros de Yo Sí Sanidad Universal lograron, mediante sus acompañamientos, la introducción en el sistema de las personas a las que, según denuncian, la Consejería de Sanidad ha puesto trabas a su atención médica.
“El aumento del número de casos detectados de embarazadas y menores a las que el personal administrativo impedía su asistencia sanitaria normalizada ha coincidido en el tiempo con el curso de la Comunidad de Madrid. Estos son solo los que nos han llegado, tememos que haya muchos que, tras la negativa, no hayan vuelto”, indican los portavoces de la asociación.
