La compra pública responsable, un paso para cumplir la Agenda de la ONU contra la pobreza
El Ministerio de Hacienda adelantó recientemente que se priorizará en los contratos públicos a las empresas con planes sociales y de igualdad para sus empleados. La intención es aprovechar los casi 16.000 millones de euros anuales que destina el Gobierno a la compra de bienes o a la contratación de obras y servicios para incentivar mejoras sociales, planes de igualdad y medidas de fomento de la sostenibilidad en el sector privado.
El gasto de las administraciones públicas representa en el conjunto de la Unión Europea cerca del 16% del Producto Interior Bruto (PIB). Miles de millones de euros movilizados desde el ayuntamiento más pequeño hasta el Gobierno, pasando por diputaciones, comunidades autónomas y la estructura administrativa europea. Una poderosa herramienta que puede ejercer una enorme influencia en el mercado y contribuir a que un comportamiento más sostenible de las empresas se convierta en una ventaja competitiva.
Hay tres grandes pilares que conforman lo que se conoce como Compra Pública Responsable: la compra social que fomenta la inserción socio laboral de personas con capacidades diversas o en riesgo de exclusión, promueve la igualdad de género, etc.; la compra ética que apoya iniciativas de Comercio Justo que garantizan condiciones laborales dignas en toda la cadena de producción y suministro, sobre todo en países empobrecidos; y la compra verde que busca minimizar el impacto ambiental mediante la reducción del consumo de recursos y de generación de residuos, promoviendo alternativas que incorporan productos reciclados o que provienen de recursos renovables.
Numerosas administraciones llevan más de una década incorporando estos criterios en sus prácticas de contratación, buscando una mayor coherencia institucional y una mayor eficacia en la consecución de objetivos ambientales y sociales. Así, por ejemplo, se han habilitado máquinas expendedoras con café, cacao o té de comercio justo, se utiliza papel reciclado, se subcontrata personal centros especiales de empleo, etc.
Para ello, se hace uso de herramientas como las cláusulas sociales o la reserva de mercados. Desde 2011, nuestro país cuenta con una Ley de Economía Social que delimita lo que se entiende por tal y pone las bases para el impulso de medidas que fomenten a las entidades de economía social, con especial atención a las que apoyen el empleo en los sectores más desfavorecidos y con arraigo en su territorio. Se trata de garantizar así que nadie se quede atrás.
Además, el pasado 9 de marzo entró en vigor la Ley 9/2017, del 8 de noviembre de 2017, de Contratos del Sector Público, una legislación que permite y favorece que se consideren cláusulas sociales y ambientales para que las administraciones puedan comprar de forma más responsable y hacer avanzar la igualdad de oportunidades, la dignidad del empleo, la cohesión social y la sostenibilidad. Esta ley es el resultado de años de trabajo e incluye muchas de las enmiendas presentadas por Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) y otras entidades al proyecto de ley presentado en diciembre del año anterior.
La compra pública responsable y la Agenda 2030
En la Agenda 2030, aprobada por los Estados miembros de Naciones Unidas hace ya casi tres años, se incluyó, entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), el garantizar modalidades de producción y consumo responsables. Y esto se concretó, entre otras, en una meta, en la que se habla de promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.
En España, la Ley de contratos, y las medidas que contiene para impulsar tanto la economía social como la Compra Pública Responsable, ha de ser considerada precisamente como una política con capacidad de acelerar el progreso con rapidez y crear sinergias con otras medidas para alcanzar los ODS. Es decir, entraría en lo que el Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030, del Gobierno español, denomina “políticas palanca” y Naciones Unidas, “aceleradores”.
Así se reconocía en el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 aprobado en el Consejo de Ministros del 29 de junio al incluir la Economía Social como una política palanca y la compra pública como una medida transformadora. En este sentido, se anunciaba, además, que en 2019 se dispondrá de una metodología piloto para alinear los Presupuestos Generales del Estado y los ODS.
Con esta acertada decisión, se abre una puerta para que toda esa ingente corriente de personas y entidades que apostamos por la economía alternativa y solidaria en sus diversas versiones podamos sumarnos a la apuesta por los ODS. No solo las ONG de Desarrollo, sino también los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, las cooperativas energéticas, las entidades de comercio justo o de banca ética. Es decir, todos aquellos que operamos desde la convicción de que la actividad económica tiene que estar subordinada a las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible e inclusivo, por encima de otros intereses.
Es, asimismo, un reto necesario pensar las compras de bienes y la contratación de obras y servicios públicos desde el enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Si hace años ya señalábamos que las concejalías de deportes debían comprar material deportivo a organizaciones de Comercio Justo y no a empresas denunciadas por utilizar mano de obra infantil, ahora hemos de añadir la exigencia de que los fondos municipales estén en banca ética y no en bancos o cajas de ahorro que desahucian.
