El contrato anulado por el Gobierno supone menos del 1% de las ventas de armas a Arabia Saudí durante la guerra en Yemen

El 25 de marzo de 2015, una coalición internacional dirigida por Arabia Saudí atacó desde el aire a las milicias de los hutíes en Yemen, uno de los países más pobres de Oriente Medio. Era el inicio de la guerra que, desde entonces, golpea a la población del país árabe. Aquel año, armas valoradas en casi 546 millones de euros salieron de las fronteras españolas con destino a Arabia Saudí, un 46% más que en 2014.

El mismo año en que comenzó la guerra de Yemen, el Gobierno popular autorizó contratos para vender, durante los años siguientes, armamento valorado en 584 millones de euros a la monarquía del Golfo. Entre los tipos de armas que España permitió exportar al país saudí había rifles, obuses, municiones, torpedos, misiles. Entre ellas estaban las 400 bombas de precisión láser cuya venta ha sido frenada por el Ejecutivo de Sánchez ante el riesgo de que pudieran utilizarse para bombardear Yemen.

Su precio ascendía a 9,2 millones de euros, lo que representa apenas un 1,5% del resto de exportaciones autorizadas ese mismo año y menos del 1% del total de las armas suministradas durante la guerra, según los datos que la Secretaría de Estado remite al Congreso de los Diputados.

“La paralización es una buena noticia, pero hablamos de un contrato pequeño y de un tipo de arma especialmente sospechoso de poder ser utilizado en combate. Si estas armas fueran localizadas en un futuro en el escenario de combate, con el revuelo que eso supone, podría haber supuesto un problema más gordo para este Gobierno”, opina Jordi Calvo, coordinador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau. “Es la primera vemos que se frena un contrato de esta manera, porque a veces se han denegado a otros países pero de forma discreta. Ahora se ha hecho así por la voluntad de lanzar el mensaje de que son diferentes al anterior Gobierno”, sostiene el experto. 

Desde 2015, España ha suministrado armas valoradas en 932 millones de euros y ha autorizado la venta de material de defensa por 1.235 millones a Arabia Saudí. Su exportación pudo producirse ese mismo año o en los posteriores. “En el año 2006, las ventas eran de 5 millones de euros. En los últimos años han sido de 932. A medida que Arabia Saudí lideraba la coalición ha aumentado este comercio de armas. Es inaceptable, porque la participación de este país en la guerra de Yemen ha seguido implicando bombardeos en hospitales, mercados y autobuses”, apunta Esteban Beltrán, director de la rama española de Amnistía Internacional. “Enviando cada vez más armas, España ha estado poniendo en riesgo a la población civil, porque no hay forma de garantizar que no lleguen a Yemen”, agrega.

El órgano encargado de dar luz verde o frenar los contratos de las empresas españolas ante el riesgo de que incumplan la ley, que prohíbe la venta de armamento a países en conflicto o que puedan retransferirlo, es la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU). Cuando una empresa de armamento consigue un contrato pide autorización a la Junta, que debe contrastar con la normativa qué se puede aprobar y qué no.

Este organismo, cuyas deliberaciones son secretas, está presidido por Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Con ella se han reunido este martes las ONG agrupadas en al campaña Armas Bajo Control (AI, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón), que han reclamado el cese total de las exportaciones de armamento al país árabe que puedan ser utilizadas para cometer crímenes de derecho internacional contra la población civil en Yemen.

Durante el encuentro, el Gobierno ha confirmado a las organizaciones que está “revisando” estas exportaciones, tal y como anunció tras el bombardeo que se cobró la vida de decenas de menores el pasado 9 de agosto, y que “tomará una decisión” a lo largo de este mes. Las ONG tendrán sus ojos puestos en la comparecencia de Méndez programada para este viernes en la Comisión de Defensa del Congreso y también a la próxima reunión de la JIMDDU, a mediados de septiembre.

“Aquí se confirmará si el Gobierno va a seguir vendiendo o no armas a Arabia Saudí. La revisión que están haciendo es positiva, pero debe significar también la suspensión, que no se autoricen más ventas de armas, y así se lo hemos pedido. Así que veremos si la decisión de anular el contrato es puntual o refleja la tendencia que se va a seguir. ¿Se dejará de mandar armas o van a seguir vendiéndolas con excepción de las bombas?”, señala Beltrán.

Después de años comercializando centenares de millones en armamento al país saudí, el anuncio, a juicio de Calvo, “demuestra una incoherencia importante”. “La respuesta parlamentaria que hemos recibido sobre este asunto recientemente es la misma que en otras ocasiones: que tienen informes de Arabia Saudí de que no serán usadas en Yemen y confían en su palabra. Si ahora una pequeña parte levanta esta sospecha y se ha cancelado es porque creen que será utilizada. Esto significa que el Gobierno desconfía ahora de las autoridades saudíes. ¿Cuándo comenzó esta desconfianza, qué saben?”, se pregunta el coordinador del centro catalán.

“Para mantener esta nueva coherencia se debería comenzar a cancelar contratos anteriores, incluyendo las cinco corbetas”, apunta, en referencia al acuerdo firmado con el astillero público Navantia para la construcción y venta de cinco naves. “Quizás esta denegación sea el preludio de la autorización de las corbetas, preparar el terreno para decir que se denegará aquello que pueda afectar al conflicto, cuando los buques de guerra tienen una función en la estrategia militar para los bloqueos marítimos, vital en el caso de Yemen”, agrega.

Uno de los principales compradores de España

En los últimos años, Arabia Saudí se ha convertido en uno de los principales clientes de la industria de defensa española. En 2017, ocupó el quinto puesto entre los mayores compradores, solo por detrás de tres países de la Unión Europea (Alemania, Reino Unido y Francia) y Turquía. Aquel año, entre el armamento que adquirió el país árabe había un avión de transporte, drones, plataformas para morteros, granadas de mortero, munición de artillería, equipos de detección y cámaras de infrarrojos, además de material de doble uso, es decir, productos de habitual uso civil que pueden ser aplicados en el uso militar, como los ordenadores. 

“Todas las licencias relativas a munición fueron acompañadas de certificados de último destino con estrictas cláusulas de no reexportación y uso fuera del territorio del país”, señala la secretaría de Estado en el último informe. Sin embargo, actualmente no existe ningún método oficial para su control una vez que sale de nuestras fronteras. El anterior Gobierno aseguró estar elaborando un “protocolo” para esta vigilancia que, según ha trasmitido el Ejecutivo de Sánchez a las ONG, está “casi finalizado”, pero para su aplicación tendrá que contar con el visto bueno del país destinatario, según matiza Alberto Estévez, coordinador de la campaña.

Otra de las novedades técnicas anunciadas a las organizaciones ha sido, indican, la futura puesta en marcha de un certificado de venta en el que el Gobierno receptor se comprometa por escrito a no usar las armas adquiridas contra la población civil. Sin embargo, según explican, el Ejecutivo no ha recogido una de las principales demandas de la sociedad civil para acabar con el “secretismo” que envuelve a estas negociaciones: revocar el acuerdo e 1987 que clasifica como secretas las actas de la JIMDDU.

Los millones de euros facturados entre el 2015 y 2017 han convertido a España en uno de los mayores proveedores mundiales de armas a Arabia Saudí. En estos años, ha ocupado el cuarto puesto en la lista de los principales exportadores de armas a la monarquía del Golfo, según las bases de datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), que utiliza su propio indicador, el TIV (Trend Indicator Values), para poder comparar las transacciones de armas de forma uniforme teniendo en cuenta los costes de producción y corrigiendo las diferencias entre monedas. 

Arabia Saudí es, actualmente, el segundo mayor importador de grandes armas de todo el planeta, según las cifras del SIPRI. También le suministran material de defensa otros países europeos como Francia, Italia y Reino Unido, así como EEUU. “Esto responde a una muy elevada demanda de armas para convertirse en potencia militar y regional, y esto ha convertido a Arabia Saudí en uno de los compradores más importantes del mundo”, analiza Calvo.

Mientras tanto, cada vez son más las voces que apuntan con el dedo a las autoridades saudíes equipadas con armamento fabricado en Occidente. Las últimas, las de un grupo de expertos de Naciones Unidas que ha acusado al país de cometer posibles crímenes de guerra en Yemen, que sigue siendo escenario de la peor catástrofe humanitaria del mundo.