Por qué la Fiscalía de Agrigento ve “omisión del deber” de las autoridades italianas en la crisis del Open Arms
Acababan de lanzarse por la borda del Open Arms varios náufragos, cuando el fiscal de Agrigento decidió volar a Lampedusa de manera urgente para comprobar las condiciones a bordo. La imagen con la que se encontró Luigi Patronaggio, retratada en su resolución, evidencia el “grave peligro” al que se enfrentaron durante días los rescatados y la tripulación ante el cierre de los puertos italianos. La inspección de este martes, además de decretar el desembarco de la nave, ha culminado en una ampliación de la investigación abierta contra las autoridades italianas: al posible “secuestro de personas” en el barco español se suma el supuesto delito de “omisión del deber” de los funcionarios públicos.
A su llegada al buque, Luigi Patronaggio se chocó con “un centenar de personas cuyas funciones psicológicas están muy estresadas por condiciones emocionales extremas en un clima de altísima tensión”. La gravedad de la situación psicológica de los rescatados a bordo estaba marcada, continúa, por “la percepción de 'muerte' ligada a una posible repatriación [a Libia o sus países de origen ] en contraposición a la esperanza de 'vida' surgida frente a la franja de mar que los separa de la isla de Lampedusa”, describe el fiscal en la resolución alcanzada este martes, a la que ha accedido eldiario.es.
Para Patronaggio y el equipo médico que lo acompañó en la inspección, “estas circunstancias impedían analizar los riesgos de manera individualizada” y dejaban sin “posibilidades” a la tripulación para “detener la explosión de situaciones psicopatológicas de disociación neurótica o psicótica” que se estaban produciendo en los últimos días en el Open Arms.
Ante tal “situación de emergencia”, la Fiscalía concluyó la existencia de “razones de urgencia” que no permitían “esperar” a una decisión del tribunal para ordenar su desembarco. “Las personas que aún se encuentran a bordo del barco están en condiciones críticas a nivel psíquico” lo que suponía “un peligro para la seguridad de los migrantes, de la tripulación y de las fuerzas policiales que supervisan la seguridad en el mar”, reza el decreto.
La directriz de desembarco inmediato de los 83 náufragos que permanecían a bordo se trata tan solo de una medida de “urgencia” ligada a la investigación iniciada por la Fiscalía de Agrigento el pasado viernes por un presunto delito de secuestro de personas en el Open Arms, que por el momento no está atribuido a ninguna persona o institución específica. Tras la revisión de la nave y la conversación mantenida con la tripulación, Patronaggio ha ampliado la instrucción a un supuesto crimen de “omisión del deber” que “por razones de justicia o de seguridad pública, o de orden público o de higiene y salud, debe ser cumplido sin retraso”, penado en Italia con entre seis meses y dos años de prisión al funcionario público responsable, según el artículo 328 de su Código Penal.
La finalidad de la investigación, indica el fiscal, es comprobar “si la situación de emergencia de los últimos días tras la estancia durante varios días del buque en aguas nacionales” es fruto de la “negativa de las autoridades competentes a adoptar las medidas necesarias por razones de higiene y saneamiento”. Según el dictamen, la revisión efectuada a bordo “ha puesto de manifiesto” que los náufragos se encontraban en “una situación muy crítica” que requería de “una acción urgente para evitar que continúe y se agrave el peligro para la seguridad de los mismos migrantes, de la tripulación y de todos los operadores”. En el marco de la instrucción, el Ministerio Público italiano también decretó la incautación provisional del Open Arms.
El magistrado italiano ve “pruebas suficientes” del delito de “omisión de deber” y “rechazo indebido” de un funcionario público (aún sin detallar quién) de un acto motivado por razones de higiene y salud, en este caso, el desembarco de los rescatados del Open Arms. A juicio de Luigi Patronaggio, la negativa a asignar puerto al buque catalán por parte de las autoridades italianas, “incluso después de la autorización” de entrada en aguas territoriales dictada por el Tribunal Administrativo de Lacio (TAR), “ha provocado la exasperación de quienes permanecieron varios días a bordo del mismo”.
A su vez, la falta de permiso para desembarcar “determinó situaciones sanitarias muy críticas (físicas y/o mentales)”, confirmadas por su equipo. “Esta situación de desesperación culminó con el intento de muchos migrantes de lanzarse al mar para llegar a la costa de Lampedusa, incluso a pesar de poner en peligro su propia seguridad y la de los operadores”, confirma el fiscal. Estos episodios reflejaban que existían “condiciones urgentes” que obligaban a actuar a “las autoridades nacionales”.
El dictamen de Fiscalía concluye que la “conciencia” de esta situación por parte de las autoridades italianas “queda demostrada en la evidencia de la situación de emergencia ligada a los episodios de migrantes arrojándose al mar”. Estas circunstancias, dice Patronaggio, “eran bien conocidas por las autoridades públicas competentes” por lo que deberían haber emitido “medidas destinadas a interrumpirlas”. Sin embargo, zanja el fiscal, “hasta la fecha no se han organizado acciones para proteger la seguridad pública, orden público y, sobre todo, las condiciones de higiene y salud” a bordo.
La Fiscalía de Agrigento fue también la responsable de la apertura de una investigación en agosto de 2018 contra el ultraderechista Matteo Salvini, por los delitos de secuestro, arresto ilegal y abuso de poder tras retener durante cinco días a más de un centenar de náufragos en el buque militar Diciotti una vez atracado en el puerto de Catania. No obstante, el ministro del Interior italiano no fue finalmente juzgado por estos hechos. Entonces, su socio en el Gobierno, el Movimiento Cinco Estrellas, rechazó retirar al líder xenófobo su inmunidad parlamentaria.
