El Gobierno prepara la ampliación de los visados que permiten a extranjeros buscar trabajo en España durante unos meses

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está tanteando diferentes vías para conseguir su objetivo de reforzar el acceso legal de inmigrantes para trabajar en España. Una de las medidas concretas estudiadas por José Luis Escrivá, junto a la reforma de la Ley de Extranjería, se basa en el refuerzo de los visados de búsqueda de empleo, una opción que, aunque está contemplada en la normativa española, apenas ha sido aplicada.

El año pasado, esta posibilidad se activó por primera vez a través de un proyecto piloto que obtuvo escasos resultados, por lo que el equipo del ministro trabaja ahora en una “evaluación integral” para identificar los problemas y ampliar su uso.

El reglamento de la Ley de Extranjería incluye la posibilidad de establecer anualmente un número de visados concretos concedidos para que determinados extranjeros puedan permanecer en España durante tres meses con la finalidad de buscar empleo. La normativa marca dos tipos de perfiles de solicitante: estos permisos únicamente están dirigidos a hijos y nietos de ciudadanos de origen español; y a trabajadores extranjeros “con ocupaciones determinadas y en un ámbito territorial concreto”.

Aunque esta posibilidad está definida en la normativa española desde el año 2011, el Ministerio reconoce que desde entonces no ha tenido resultados destacables. “Es una opción que apenas estamos utilizando”, sentenció Escrivá este jueves en el Congreso de los Diputados. Su departamento pretende desarrollar “una evaluación integral” para “que sea más eficaz para todos: trabajadores y empresas”, explican a eldiario.es fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones. Desde el Ministerio reconocen “dificultades en varios aspectos” de la aplicación del proyecto piloto, que en 2019 abrió un cupo de 1.500 visados destinados a hijos y nietos de ciudadanos de origen español residentes en Argentina.

La Secretaría de Estado de Migraciones apuesta por extender estos visados a otros países, para lo que será necesaria la negociación con distintos actores y la coordinación con los ministerios de Exteriores e Interior. El reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería sostiene que, si transcurrido los tres meses de estancia temporal el ciudadano extranjero no ha obtenido un contrato, esta persona está obligada a salir del territorio nacional.

Para mejorar los resultados de este tipo de visados y evitar que los beneficiarios regresen a sus países sin trabajo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere entablar conversaciones al respecto con las comunidades autónomas, para lograr “una mejor identificación de empleos”.

Los problemas del proyecto piloto

A finales del año 2018, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social –entonces liderado por Magdalena Valerio– emitió una orden para regular la gestión colectiva de contrataciones en origen para el año 2019, en la que estableció un cupo de 1.500 visados para la búsqueda de empleo dirigidos a hijos y nietos de español de origen.

Para ponerlo en marcha, la Secretaría de Estado de Migraciones aprobó en abril del año pasado un proyecto piloto para conceder el cupo de visados ofrecido en 2019, dirigido únicamente a hijos y nietos argentinos de ciudadanos españoles, siempre que no tuviesen la nacionalidad española. Lo llamaron el 'Programa Visar'. Era la primera vez que se activaba este tipo de permisos, a pesar de que la posibilidad existe desde hace nueve años.

Los visados tuvieron, como establece la ley, una duración de tres meses y permitían a los interesados desplazarse a España para buscar un empleo. Según informaba el Ministerio, tuvieron preferencia los trabajadores con “alta cualificación profesional”, especialmente las personas especializadas en “sectores de ingeniería informática y tecnologías de la información, científico, financiero o marketing”.

Si las personas seleccionadas conseguían un permiso de trabajo de un año a jornada completa, estas adquirían la residencia y trabajo renovable en España. Su empleador era el responsable de realizar la solicitud de dicha autorización.

Un total de 3.064 trabajadores argentinos registraron su solicitud, de los que el Ministerio seleccionó a 1.084 candidatos, pero finalmente solo lograron viajar a España cerca de 400, informa la prensa argentina. Desde el Ministerio aseguran que este proyecto no se ha dado por culminado y aún no han aportado información oficial sobre el número de trabajadores que finalmente lograron obtener empleo. No obstante, desde la cartera de Escrivá sí reconocen las dificultades surgidas en el proyecto piloto que pretenden corregir durante esta legislatura.

Francisco Solans, portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas, asegura que el proyecto fue “un fracaso”. El letrado trabajó para algunos de los inmigrantes argentinos que buscaron obtener la residencia en España a través de esta vía. Según indica, varios de los requisitos exigidos por el Gobierno obstaculizaban su meta. Entre ellos, el jurista cita el “corto” periodo de estancia en España permitida para buscar trabajo –tres meses–, la exigencia de contar con una oferta de contrato de un año a jornada completa y la falta de la documentación solicitada por los empleadores (los beneficiarios del proyecto aún no tenían NIE).

“Sus resultados evidencian de nuevo una descompensación entre la Ley de Extranjería y la normativa laboral. Por lo general, muchas empresas suelen hacer un primer contrato de seis meses. Para conseguir la residencia, a los extranjeros se les exige uno de un año, por lo que muchos empleadores los rechazan”, argumenta Solans.

Algunas de las palabras del abogado experto en Extranjería recuerdan a los argumentos con los que José Luis Escrivá justifica la reforma de la ley que rige las autorizaciones de residencia en España. “Tomamos decisiones sobre permisos de trabajo sin conocer la realidad del mercado laboral”, asumió este jueves. El ministro se comprometió a flexibilizar los permisos de migración legal porque, según su diagnóstico, el sistema “no responde a las necesidades”.

Son estas deficiencias, como las visibilizadas en el Proyecto Visar, las que el actual equipo se compromete a corregir de una manera más amplia: conocer mejor las necesidades del mercado laboral en España y adecuarlas a los requisitos ligados a los permisos de trabajo a ciudadanos extranjeros.

Desde la Secretaría de Estado de Migraciones entienden los visados de búsqueda de empleo como una “medida excepcional”, pues la preferencia del Ministerio es potenciar las contrataciones en origen. El Ministerio prevé mejorarlo como un mecanismo complementario enmarcado en la reforma de la Ley de Extranjería anunciada el pasado jueves, que busca “flexibilizar, simplificar y reordenar” la normativa para encajar las necesidades del mercado laboral español y los demandantes de empleo en el exterior, destacan las mismas fuentes. Desde su nombramiento, el ministro ha insistido en la necesidad de la llegada de inmigrantes para sostener el Estado de Bienestar, y sobre esta idea basa su meta de aumentar las vías legales de acceso a España.

Uno de los puntos a modificar de la normativa busca eliminar algunos de los límites sectoriales y territoriales impuestos sobre cualquier autorización de trabajo a ciudadanos extranjeros. Según explican fuentes del Ministerio, hasta ahora esos permisos de residencia y trabajo “estaban sometidos a un ámbito geográfico determinado y a empleadores determinados”.

El cupo de visados para la búsqueda de empleo aprobados en el proyecto piloto de 2019 se centraba en los hijos y nietos de españoles en Argentina porque, según informaba entonces la Secretaría de Estado de Migraciones, el resto de las opciones existentes para obtener la residencia por la vía ordinaria solo permite trabajar en provincias y sectores concretos, algo con lo que Escrivá también quiere acabar. Desde el Ministerio, no descartan ampliar los visados de búsqueda de empleo a ciudadanos extranjeros que carezcan de vínculo familiar con España, sino que dependerá de los resultados de su próxima evaluación, así como del desarrollo de la reforma de la normativa.