El Gobierno elige la inmigración como primer golpe de efecto para romper con las políticas del PP
Pedro Sánchez ha colocado en la gestión de la inmigración una de sus prioridades inmediatas de un Gobierno que ha prometido una forma distinta de hacer política a la del PP y una agenda social para la recuperación de los derechos que Mariano Rajoy dilapidó en sus casi siete años de poder. La crisis humanitaria del Aquarius ha permitido a Sánchez dar ese primer golpe de efecto frente a la gestión del pasado.
En el segundo Consejo de Ministras –celebrado tras unos días de infarto para Moncloa que acabaron con la dimisión de Màxim Huerta– ha reforzado esa decisión con dos anuncios estrella vinculados a las personas migrantes: el inicio de la recuperación de la sanidad universal y la posibilidad de eliminar las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla.
Recién compuesto y con la gran parte de los equipos sin formar, el Gobierno de Sánchez tomó su primera decisión: acoger en el “puerto seguro de Valencia” a las 629 personas a bordo del Aquarius, un barco que fue rechazado por Italia. La vicepresidenta, Carmen Calvo, se puso al frente de un dispositivo que afecta a varios ministerios y que ha de coordinarse con la Generalitat Valenciana y, una vez en tierra, con las comunidades que acojan a los refugiados.
La decisión de Sánchez, cargada de simbolismo, choca con el discurso oficial de los últimos seis años e incluso con el tono del PSOE durante el liderazgo de Zapatero y sobre todo durante los años de Alfredo Pérez Rubalcaba. Tras constantes referencias a “efectos llamada”, “avalanchas” e “inmigrantes ilegales”, el Gobierno asumía por voluntad propia la acogida de 629 personas como una “obligación humanitaria”.
El viejo fantasma del ‘efecto llamada’ desaparece del discurso oficial: “Más que un efecto llamada, siempre me ha gustado decir que hay un efecto huida”, aseguró en una entrevista en eldiario.es la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. “Es una cuestión de democracia y de recursos económicos, y las personas nos arriesgamos y cruzamos el mar para poder vivir mejor”, afirmó la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, apenas 24 horas antes de que el Aquarius llegue a las costas españolas.
A Sánchez le fueron saliendo las cosas bien desde que llegó a Moncloa: su Gobierno logró una buena acogida generalizada y recibió el aplauso por su decisión respecto al Aquarius. Pero todo se truncó el miércoles cuando El Confidencial publicó que el ministro de Cultura, Màxim Huerta, –uno de los nombramientos del gabinete que provocó algunas críticas– había defraudado a Hacienda. Huerta se mantuvo en el cargo unas horas, pero finalmente Sánchez le dejó caer.
Fue un golpe para el Gobierno, que también se ha visto sobresaltado por la imputación que pesa sobre el ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca, Luis Planas, en quien mantiene su plena confianza. Pero Sánchez ha conseguido acaparar los titulares con una de las primeras decisiones de su Consejo de Ministras (en el que inicialmente solo estaba previsto aprobar nombramientos): recuperar la sanidad universal para que las personas en situación irregular reciban atención.
Romper con la exclusión sanitaria
Bajo el paraguas de la sostenibilidad, el Gobierno popular aprobó el real decreto 16/2012, que dejó sin tarjeta sanitaria a más de 870.000 personas de un día para otro. Durante seis años, el Ejecutivo de Rajoy nunca demostró el prometido ahorro del gasto público, pero sí sumió a miles de personas en un laberinto administrativo para lograr ser atendidas en un centro sanitario. Mientras, las órdenes contradictorias y la desinformación también dejaron sin servicios sanitarios a muchas embarazadas y menores, a pesar de que el real decreto garantizaba su atención.
Durante estos seis años, movimientos sociales en defensa de la sanidad pública han documentado numerosos casos, como el de Milagros Villalobos, una mujer migrante embarazada que sufrió un aborto tras ser rechazada varias veces por un hospital público valenciano. O el de Lourdes, de 71 años, que a pesar de padecer osteorporosis, diabetes e hipertensión y contar con residencia legal por reagrupación familiar, no era atendida en los centros sanitarios y sobrevivía gracias a la asistencia de ONG y médicos desobedientes. Por el camino, tres personas sin acceso normalizado al sistema sanitario, Alpha Pam, Soledad Torrico y Jeanneth Beltrán, murieron en estos seis años sin sanidad universal.
La derogación de esta medida, con la defensa de la sanidad pública universal como bandera socialista, conformaba uno de los reclamos más sonados por parte de toda la oposición. Todos los grupos políticos se comprometieron a restaurarla si ascendían al poder. Sánchez ya lanzó un guiño en esta dirección cuando nombró a Carmen Montón ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Fue su consellería de Salud la que devolvió la sanidad a las personas migrantes en la Comunidad Valenciana.
Del Aquarius a retirar las cuchillas de las vallas
La crisis del Aquarius reabrió el debate sobre las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla y el Ministerio del Interior optó por recoger el guante solicitando un informe sobre el asunto. “El control de las fronteras y la seguridad debe estar ligado a la dignidad humana. Se tiene que mantener la seguridad en la frontera sin herir a las personas”, ha anunciado la portavoz del Gobierno este viernes.
La intención de acabar con las cuchillas no solo rompe con las políticas de Mariano Rajoy, que impulsó el refuerzo de la valla de Melilla con la colocación del material cortante en la zona más peligrosa de la alambrada, también choca con las medidas aplicadas por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero durante su mandato. En 2005, en pleno auge de las llegadas de migrantes a través de las ciudades autónomas, el Gobierno socialista ordenó la colocación de las concertinas y de “bayonetas en prolongación de los postes”, unos palos puntiagudos para sostener el refuerzo de la alambrada de espino instalada entonces y que causó la muerte de al menos dos inmigrantes.
En 2007, el Ejecutivo socialista retiró una parte de las cuchillas de la valla de Melilla, que fueron sustituidas por una “sirga tridimensional”, una malla de cables entre las dos vallas que forman la frontera que pretendía “atrapar” a los migrantes entre las dos alambradas. María Teresa Fernández de la Vega la definió como una “valla no agresiva”.
En 2009, Sambo Sadiako, un hombre senegalés de 30 años, falleció desangrado por los cortes provocados en la alambrada de Ceuta, donde nunca se quitaron el alambre de cuchillas. En abril de este año, un menor de 16 años tuvo que ser intervenido tras resultar herido muy grave al intentar sortear la misma valla. Año tras año, los desgarros o lesiones provocados por las concertinas se repiten en la mayoría de los saltos fronterizos.
Otra de esas medidas que darían un giro a las tradicionales políticas migratorias socialistas y 'populares' pasa por el cese de las devoluciones en caliente, practicadas durante las anteriores legislaturas socialistas de forma sistemática. La derogación de la reforma de la Ley de Extranjería con la que el Gobierno de Rajoy regularizó las expulsiones inmediatas es otro de los compromisos electorales de Pedro Sánchez, pero su Ejecutivo aún no se ha posicionado al respecto.
Durante la etapa de Fernández Díaz como ministro del Interior, las imágenes de las devoluciones inmediatas en la frontera eran comunes en las vallas de Ceuta y Melilla. El Gobierno de Rajoy nunca condenó el uso de la fuerza ejercido en la frontera que quedó evidenciado en numerosos vídeos y llegó a los tribunales. Uno de los más sonados mostraba los golpes recibidos por Dany, un joven camerunés, hasta caer de la alambrada y permanecer en el suelo aparentemente incosciente. Los agentes, lo trasladaron a rastras a Marruecos sin prestarle asistencia médica.
El caso, que llegó a los tribunales, fue finalmente archivado. Tras la decisión judicial, el entonces titular de Interior condecoró a los guardias civiles que habían sido imputados por un posible delito de tratos degradantes.
Entre las consecuencias más trágicas de la política migratoria de Mariano Rajoy se encuentran las 14 personas fallecidas en aguas fronterizas de Ceuta en 2014, entre pelotas de goma y botes de humo lanzados por la Guardia Civil. Los familiares de las víctimas continúan pidiendo viajar a España para identificar a sus allegados y pedir justicia, pero el Gobierno del Partido Popular se lo impidió, denegándoles visado en dos ocasiones.
Son muchas las vulneraciones de derechos humanos documentadas por organismos internacionales ligados a la política migratoria de España. Estos primeros y significativos pasos han aumentado las expectativas de muchas personas migrantes y ONG que miraban con recelo al PSOE debido a su oscuro historial en materia fronteriza. Pero, advierten desde diferentes organizaciones, permanecerán atentas porque aún, dicen, “le queda mucho trabajo por hacer”.
