Del 'criterio Aquarius' al 'criterio Loreto': el Gobierno considera Libia “un puerto seguro” para devolver a 12 migrantes rescatados

A su llegada al Gobierno, Libia no era una opción para Pedro Sánchez. En su primera semana, el cierre de los puertos italianos dejó a los 630 rescatados por el Aquarius sin un puerto seguro donde desembarcar. El presidente español ofreció Valencia para “cumplir con los compromisos internacionales”. Una situación similar se repitió con decenas de migrantes en riesgo localizados en distintas misiones del buque español Open Arms. Las ciudades de Barcelona, Palma y Algeciras acogieron a los náufragos, a pesar de la distancia.

Este fin de semana, el Gobierno ha vuelto a encontrarse en la encrucijada. El pesquero de Santa Pola 'Nuestra Madre Loreto' rescató a 12 personas mientras faenaba en aguas libias. Con la negativa de Malta e Italia a abrir sus puertos, la tripulación contactó con su Estado de bandera, España. La respuesta del Ejecutivo choca de bruces con las anteriores: el objetivo ahora es devolverlos a Libia porque, aseguran, “es un puerto seguro”.

“Están en aguas internacionales y lo que dice el derecho internacional es que tienen que llevarles al puerto seguro más cercano, que es Libia”, han defendido fuentes de Vicepresidencia a eldiario.es. La embajada libia en España está manteniendo negociaciones con el Gobierno con la finalidad de devolverlos al país del que huyeron.

“Seguro”, para migrantes; “inseguro” para españoles

La consideración de Libia como país “seguro” por parte del Gobierno contrasta con la descripción de la situación del país realizada por el Ministerio de Exteriores. En su servicio de recomendaciones de viajes, el Ejecutivo desaconseja con contundencia a los ciudadanos españoles los traslados al país norteafricano.

“Libia se ve gravemente afectada por la violencia, el terrorismo y el deterioro general de la seguridad en el país. Los secuestros, atracos a mano armada y, en alguna ocasión, asesinatos contra ciudadanos extranjeros pueden producirse en cualquier lugar del país. En gran parte del territorio libio se producen enfrentamientos entre las numerosas milicias y grupos extremistas que operan en el país”, sostiene el Ministerio de Exteriores.

“Este clima de violencia afecta tanto a los ciudadanos libios como a los extranjeros y no se prevé que cese en un futuro inmediato”, añade la recomendación. “Se desaconseja el viaje a Libia y se recomienda a todos los españoles que allí se encuentren que abandonen el país”, concluye.

Quienes arriesgan su vida a bordo del Mediterráneo tras su paso por el país norteafricano suelen tener dos palabras en la boca: “Libia, no”. El terror a ser entregados a las autoridades libias provoca su nerviosismo y desconfianza, con el recuerdo de los abusos, torturas, secuestros y extorsiones de los que es víctima la mayoría de migrantes que transitan por este punto del mapa con el objetivo de alcanzar suelo europeo.

Libia tampoco es considerado un puerto seguro por las ONG y organismos internacionales especializados debido a los numerosos abusos documentados contra la población migrante en el país. El consejo de Seguridad de la ONU expresó el año pasado su “grave preocupación” ante los “abusos atroces de los Derechos Humanos” sufridos a su paso por Libia. A su juicio, “deberían incluirse entre los crímenes contra la Humanidad”.

La “obligación” de acoger al Aquarius

“He dado instrucciones para que España acoja al barco Aquarius en el puerto de Valencia. Es nuestra obligación ofrecer a estas 600 personas un puerto seguro”, afirmó Pedro Sánchez el pasado 11 de junio un día después de la negativa de Italia al desembarco de 630 personas rescatadas del Mediterráneo. Su primera decisión desde su llegada a La Moncloa llegó como un golpe de efecto frente a la gestión del pasado.

Ante el cierre de Italia y Malta, el recién llegado presidente español expresó sentirse en el deber de acogerlas en una ciudad española, a pesar de encontrarse a 600 millas naúticas del Aquarius. La Generalitat Valenciana y el Gobierno español organizaron un operativo de recepción sin precedentes. Los ocupantes recibieron un permiso excepcional de 45 días que les permitió descansar de la larga travesía y regularizar su situación en función de sus circunstancias particulares.

Diez días después, el buque de bandera española Open Arms localizó a 60 personas en peligro en aguas internacionales. Otra vez, los puertos seguros más cercanos se mantenían blindados. Libia no se barajaba entre los posibles destinos. El Gobierno aceptó la solicitud de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para acoger a los rescatados en el puerto de la ciudad catalana. El permiso humanitario concedido por el Ejecutivo español se redujo de los 45 a los 30 días, pero fue suficiente para que los recién llegados solicitasen asilo u optasen por intentar probar suerte en otro país europeo.

Una respuesta similar se produjo con la gestión del siguiente rescate efectuado por el barco de la ONG catalana. La tripulación del Open Arms halló a una única superviviente, Josefa, sobre los restos de una embarcación semihundida. Dos cuerpos sin vida se encontraban junto a ella. Palma de Mallorca se ofreció para recibirla, Pedro Sánchez aceptó. Tampoco se mencionó la posibilidad de ser devuelta a Libia.

La mujer rescatada, en estado de shock, repetía las mismas palabras que los migrantes salvados semanas atrás: “Libia, no. Libia, no”.

El pasado agosto, el Open Arms encontró mayores dificultades para conseguir autorización del Gobierno español para desembarcar a 87 personas localizadas durante la noche en las aguas del Mediterráneo. Después de dos días de espera, el Ejecutivo confirmó a la ONG el puerto adjudicado: Algeciras.

La organización catalana, que había solicitado atracar en Barcelona, criticó el punto de desembarco debido a la lejanía de la costa andaluza, pero el Gobierno defendió el puerto de Algeciras como el “mejor preparado” para la recepción de pateras. Tras este rescate, el Ejecutivo enterró los permisos de residencia temporal concedidos a los rescatados en el Mediterráneo Central desembarcados en España. “Se les aplicará el protocolo habitual en la llegada de migrantes”, confirmaron desde La Moncloa.

A pesar de las discrepancias por la distancia, la tardanza en la respuesta y la falta de los permisos concedidos a los rescatados, el Gobierno contemplo entonces Libia como un “puerto seguro” para desembarcar a los mismos migrantes que durante el rescate habían decidido lanzarse al agua tras confundir a la tripulación del Open Arms con agentes libios. Como suelen declarar una vez salvados, preferían “morir” a regresar al país del que escapaban.

Casi seis meses después del primer Aquarius, el Gobierno de Pedro Sánchez transforma su criterio y considera Libia “un puerto seguro”. La tripulación de 'Nuestra madre Loreto' teme ser forzada a desembarcar en Libia a los 12 migrantes rescatados, mientras que el Defensor del Pueblo ha mostrado su preocupación.

Los cuerpos de algunos de ellos mantienen grabadas las “marcas de torturas y hacinamiento”, según ha documentado la ONG Open Arms. “Sería peligroso devolverlos porque se negarían”, ha lamentado Vicente Sempere, el segundo patrón del pesquero. Tras cinco días de convivencia, los marineros ya lo han escuchado varias veces: “Libia, no”.