Fátima, Norma, Susana y Lucía buscan justicia en la ONU tras ser violadas y obligadas a ser madres siendo niñas
Fátima no olvida. Para ella, José era como un padre hasta que, en noviembre de 2009, se transformó en un monstruo. Aquella noche, Fátima fue víctima de una violación. Tenía 12 años.
Tres meses después, la madre de la niña descubrió que estaba embarazada y se vio obligada a tener al bebé en su país, Guatemala, donde solo está permitido el aborto terapéutico, que se aplica en caso de que la vida de la madre corra peligro. Es una de las cuatro jóvenes que han presentado una denuncia esta semana ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas contra sus respectivos Estados.
Al principio, Fátima no quiso dar el nombre del agresor, porque sentía “miedo, rabia y asco”. Tras hablar con una psicóloga, tuvo la valentía de denunciar al hombre que le cambió la vida: un reputado profesor universitario de 52 años que ayudaba económicamente a la familia de la menor y que trabajaba como funcionario en la Secretaría de Bienestar Social, un organismo del Gobierno de Guatemala que se dedica a la protección de niños, niñas y adolescentes. La Fiscalía ordenó su captura inmediata, pero no fue detenido. Nueve años después, sigue libre. El agresor no se entregó nunca a la Justicia, aunque telefoneó un día a la madre con un objetivo: admitir su responsabilidad y ofrecerle dinero para que esta desistiera de las acciones legales.
Fátima y su madre rechazaron los chantajes. Hoy tiene 21 años y ha logrado entrar en la Universidad, aunque durante un tiempo tuvo que abandonar sus estudios para afrontar una maternidad forzada. Tras ver cómo le ha fallado la Justicia en su país, acudió este miércoles a Ginebra para presentar su caso ante la ONU con la esperanza de que el organismo emita sus recomendaciones a Guatemala.
Su objetivo es evitar que este país vuelva a registrar los 77.700 nacimientos de niñas de 10 a 19 años contabilizados en 2018, de los cuales 2.256 tenían menos de 14 años. Solo entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año se han registrado en el país centroamericano un total de 30.899 nacimientos de madres adolescentes de entre 10 y 19 años, de los cuales 816 correspondieron a niñas de entre 10 a 14 años, según datos del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva.
Una de las asignaturas pendientes en la legislación guatemalteca es elevar la edad mínima para mantener relaciones sexuales, ya que en la actualidad se sitúa en los 14 años, por lo que solo por debajo de este límite se considera una violación.
Norma: “No quería seguir viviendo”
Fátima no acudió sola a Ginebra a intentar cambiar esta realidad. Lo hizo acompañada de Norma, quien a los 12 años fue violada en Ecuador por su padre. Un año después se quedó embarazada ante la imposibilidad de abortar en este país, donde solo está permitida la interrupción voluntaria si la vida y la salud de la mujer corren peligro o cuando hay una violación contra una mujer con discapacidad mental.
En casa de Norma, la violencia era cosa de todos los días. Su madre tuvo que huir y ella vivió con su padre hasta los seis años, pero la violación de su prima, de 12, disparó las alarmas y la niña fue separada de su progenitor para vivir con su abuela. Cuando la mujer murió, las autoridades permitieron que Norma regresara con 12 años con su padre tras haber abusado de su prima. Ella se convirtió en la nueva víctima de la agresiones hasta que quedó embarazada.
Seis años después de sufrir una maternidad forzada y de ver cómo la Justicia en Ecuador también le daba la espalda, Norma decidió presentar su denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, también para intentar poner freno a los siete embarazos diarios de niñas que se registran en ese país producto de una violación sexual.
Hasta llegar a Ginebra, Norma ha padecido depresión y se ha enfrentado frecuentemente a ideas suicidas: “Me quería matar, no quería seguir viviendo. Me quería botar [tirar] de una peña”, recuerda. Ana Cristina Vera, de la organización ecuatoriana Surkuna, que ha acompañado a la joven hasta la ONU, denuncia que Norma llegó a sufrir también violencia obstétrica en el hospital en el que la atendieron, donde un doctor le llegó a recriminar que “para hacerlo sí abrió las piernas, pero para tenerlo no”.
El padre de la joven, de nombre Raúl, nunca se sentó ante la Justicia. Huyó y falleció cuatro años después de que fuera denunciado. Sin embargo, tal como destaca Vera, Norma ha decidido contar su historia porque “no quiere que ninguna otra niña tenga que vivir la violencia sexual continua y sistemática que sufrió ella y que dio como resultado un embarazo forzado”. Su hermana también resultó embarazada tras ser violada por otro hombre. El caso continúa impune, dado que la investigación solo cuenta con una página de indagación previa.
Cada día, tres menores denuncian haber sido violadas en Ecuador, según la representante de Surkuna, que precisa que se debe tener en cuenta que “solo el 10 por ciento de las agresiones sexuales se denuncia, lo que demuestra la falta de acceso a la Justicia que tienen las niñas”. Además, revela que “seis de cada diez casos de violencia sexual han sido perpetrados contra menores de 14 años”, lo que ha provocado que, según datos de 2016, ocho de cada 1.000 niñas resultaban embarazadas, frente a las 2,5 por cada 1.000 registradas en 2013.
“Esto se traduce en que, cada año, 2.800 niñas dan a luz producto de la violencia sexual y la maternidad forzada”, denunció Vera en Suiza, donde apuntó que “solo el 1% de los casos de violencia sexual acaba en sentencia y ello no implica que sea condenatoria”.
A Lucía la violó el cura de la iglesia donde cantaba
También llegaron a la ONU los casos de violación y consecuente embarazo de dos niñas de Nicaragua, quienes no pudieron acudir a Ginebra por la crisis política que atraviesa su país. La primera denuncia es la de Lucía, quien en 2013, cuando tenía 13 años, fue violada por el cura de la iglesia a la que acudía para cantar en el coro. El sacerdote comenzó a hostigarla con preguntas explícitas sobre su sexualidad a través de mensajes de texto a su teléfono móvil, si bien el acoso se fue intensificando hasta que un día, al final de la liturgia, la agredió sexualmente.
Durante más de un año, las violaciones continuaron, aprovechándose del miedo de la menor, quien no se atrevía a confesar a nadie las agresiones sexuales que sufría, tras las cuales el sacerdote la obligaba a usar anticonceptivos de emergencia. Sin embargo, en 2014, se quedó embarazada. “No es mi plan ser una madre ahora”, aseguró en su día la niña, quien no pudo abortar debido a que en Nicaragua está prohibida la interrupción voluntaria del embarazo en todos los supuestos. Un tercio de los partos en el país corresponden a menores de 18 años
Cuando nació el bebé, vino el estigma. En la calle le decían 'la querida del cura', 'la panzona' o 'la que fue mujer del padre', por lo que se vio obligada a abandonar la escuela, tal como le sucede al 85% de las niñas embarazadas en su país. Aunque interpuso una denuncia contra su agresor, tuvieron que pasar 10 meses para que se dictara una orden de arresto, pero nunca se concretó. La Archidiócesis de la capital de Nicaragua tampoco hizo nada para entregar al cura ante la Justicia, sino que se limitó a enviarlo a una casa de retiro, donde continúa gozando de libertad.
“Mi abuelo me tocó con 6 años por primera vez”
El cuarto caso denunciado ante la ONU es el de Susana, también de Nicaragua, quien desde los 6 años fue sometida a agresiones sexuales por parte de su abuelo. “A esa edad me tocó la primera vez. Me quería besar en la boca pero yo no me dejaba. Me decía que si yo no me dejaba, me volaba la cabeza y se la echaba a los perros”, relata la joven, quien a consecuencia de las violaciones, se quedó embarazada cuando tenía 13 años, en 2014.
Su abuela la sacó de casa para alejarla de su agresor, quien intentó que regresara a la vivienda. Dos días después del parto, Susana y su abuela se presentaron ante las autoridades para interponer una denuncia. Tuvieron que acudir a cinco municipios para poder formalizarla.
De nada sirvió este periplo, ya que el abuelo nunca fue arrestado, ni juzgado, ni mucho menos condenado. Todavía se deja ver por el pueblo de la víctima. Susana busca en Ginebra la Justicia que nunca obtuvo en su país, al igual que Fátima, Norma y Susana.
La lucha por la despenalización del aborto
Todas ellas han puesto sus últimas esperanzas a miles de kilómetros de donde fueron violadas y obligadas a ser madres. Lo hacen acompañadas de varias organizaciones, entre ellas, el Centro de Derechos Reproductivos, cuya directora regional para América Latina y el Caribe, Catalina Martínez, confía en que el Comité de Derechos Humanos de la ONU tarde unos cuatro años en dar respuesta a las denuncias y emita sus recomendaciones.
Concretamente, espera que la ONU exija la despenalización del aborto en Nicaragua donde está “totalmente criminalizado”, así como la adopción de protocolos que permitan implementar la Ley del Aborto en Guatemala y Ecuador para que las niñas que sufran violencia sexual puedan interrumpir voluntariamente su embarazo, algo que ahora mismo está prohibido.
En el caso de Guatemala, esta modificación legislativa está muy lejos de materializarse, tal como pusieron de manifiesto la semana pasada la mayoría de los candidatos a la presidencia en las elecciones del próximo 16 de junio. 15 de los 20 políticos que se presentan han firmado la Declaración Vida y Familia, en la que se comprometen a “garantizar la vida desde la concepción”. El Congreso está tramitando y a punto de aprobar una iniciativa “para la protección de la vida y la familia” que propone penas de dos a cuatro años de cárcel para las mujeres que aborten accidental o voluntariamente.
Esta ley pretende contentar así a la religión católica y evangélica, que tienen una gran influencia en la política del país y cuya presión logró paralizar la aprobación de la Ley Nacional de la Juventud, que contemplaba el acceso a métodos anticonceptivos modernos y el derecho a una educación sexual integral para los jóvenes.
Para Meylyn Mejía, trabajadora social de Mujeres Transformando el Mundo que acompaña el caso de la guatemalteca Fátima, desde 2015, el Congreso ha priorizado una “agenda regresiva que atenta contra los derechos humanos de las mujeres”. Como ejemplo de ello, cita el rechazo de la cámara a una iniciativa impulsada por esta entidad en 2017 que planteaba que las niñas menores de 14 años que hubiesen sufrido una violación pudieran abortar en el sistema público de salud dentro de las 12 semanas de gestación.
Mejía critica que para el Gobierno de Guatemala, las miles de niñas embarazadas cada año son “un cero a la izquierda”, en referencia a que el Ministerio de Desarrollo Social solo otorga una ayuda económica mensual de 500 quetzales (60 euros) a 69 niñas que se convirtieron en madres. “Solo conocemos los casos de las niñas que denuncian haber sido violadas, mientras que muchas siguen en silencio y otras no denuncian porque se suicidan al no encontrar una salida”, concluye. Una realidad que las cuatro jóvenes que tuvieron una maternidad forzosa pretenden que cambie de raíz si la ONU obliga a Guatemala, Ecuador y Nicaragua a asumir su responsabilidad, ofrecer disculpas públicas y reabrir las investigaciones para que sus casos no queden impunes.
