Embarazadas, menores o enfermos de cáncer y VIH: Médicos del Mundo registra más de 500 casos de exclusión sanitaria tras la nueva ley

“Es una cuestión de decencia y de justicia. Devolvemos a todas las personas el derecho a la sanidad universal”, afirmaba Pedro Sánchez en junio de 2018, cuando anunció los primeros trámites para aprobar la nueva reforma sanitaria. Desde su aprobación, Médicos del Mundo ha contabilizado 557 casos de incidencias en el acceso a la atención sanitaria, según ha explicado la organización a eldiario.es. Además de la exclusión de inmigrantes reagrupados, la redacción de la normativa socialista deja una serie de grietas por donde se escurren distintas trabas a la asistencia a embarazadas, menores de edad y urgencias, apuntan.

De los 557 casos detectados desde el pasado uno de agosto, fecha de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 7/2018, la ONG ha identificado 56 menores de edad, 17 mujeres embarazadas, 22 episodios de urgencias, 10 inmigrantes reagrupados y 14 solicitantes de asilo excluidos de la sanidad pública.

Por un lado, Médicos del Mundo ha identificado denegaciones de acceso a las personas reagrupadas. Como publicó este lunes eldiario.es, los inmigrantes con residencia en España tramitada a través de sus hijos nacionalizados se chocan con el rechazo sistemático de su tarjeta sanitaria por parte del Ministerio de Trabajo. Por otro, los inmigrantes en situación irregular con menos de tres meses de estancia en el país se enfrentan, en determinadas comunidades autónomas, a una serie de obstáculos burocráticos a la hora de acceder a la sanidad pública, incluidos menores, embarazadas, y urgencias.

La organización destaca seis enfermos de cáncer, cinco de VIH, siete de dolencias cardiovasculares, siete de diabetes, tres de hipertensión, tres de salud mental, y varios de alzheimer, según detallan desde Médicos del Mundo a eldiario.es.

Las causas de la continuación de los impedimentos al acceso sanitario son varias, sostienen. La propia redacción de la normativa, tachada de “ambigua”, ligada a la forma de proceder de distintas comunidades autónomas durante el Gobierno del PP, deriva en la aplicación de la normativa socialista “con amplio margen de maniobra”, incluyendo “una interpretación restrictiva”, desarrollan desde la organización.

Las ONG especializadas exigían el desarrollo de un reglamento para evitar la confusión en su aplicación. El Ejecutivo lo descartó, pues optó por tramitar la normativa en el Congreso como proyecto de ley para permitir la presentación de enmiendas por parte de la oposición. Sin embargo, este proceso quedará paralizado tras la prevista disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones.

“Se arrastran dinámicas de la época del PP. Aunque en la anterior normativa, el Real Decreto 16/2012 garantizaban el acceso a la sanidad de embarazas menores y urgencias, se incumplía de forma sistemática en muchas comunidades y eran excluidas”, recuerda Pablo Iglesias Rionda, secretario técnico de REDER. “La nueva ley busca ser más inclusiva, pero no prevé la atención específica a estos colectivos vulnerables. Si no se contradice de forma específica esa tendencia, se pueden dar interpretaciones restrictivas de la normativa”, desarrolla.

Otra barrera al acceso a la sanidad universal citada por REDER es la falta de información. “Ante la falta de reglamento que permita aplicar la normativa de forma armonizada, se genera una confusión normativa tal que ni los propios centros de salud saben cómo aplicarla, ni la gente beneficiada conoce sus derechos”, indica Iglesias Rionda. Este medio ha cuestionado al respecto al Ministerio de Sanidad pero no ha recibido respuesta.

¿Por qué son excluidas embarazadas sin papeles?

En el caso de las personas en situación irregular, por lo general, se ha recuperado su derecho a la asistencia sanitaria, considerándose uno de los logros de la nueva legislación. Excepto cuando las personas sin papeles llevan menos de tres meses en España o no pueden acreditar una estancia mayor de 90 días en el país debido a, por ejemplo, problemas en la tramitación de su empadronamiento.

El Real Decreto de Pedro Sánchez contempla estos casos: aunque en principio no tienen derecho al sistema de salud hasta cumplir los tres meses en España, pueden ser atendidos antes de cumplir los 90 días de estancia mediante la presentación de un informe social que acredite la necesidad de ser asistidos.

En “aquellos casos en que las personas extranjeras se encuentren en situación de estancia temporal (menos de 90 días en España)” será necesaria “la emisión de un informe previo favorable de los servicios sociales competentes de las comunidades autónomas”, reza la normativa. No especifica, sin embargo, el modo de actuar ante embarazadas, menores o urgencias, lo que se está traduciendo en casos de exclusión sanitaria de estos perfiles más vulnerables. Médicos del Mundo también ha identificado a personas en situación irregular con cáncer sin acceso al sistema de salud en el marco de este criterio.

El caso de la Comunidad de Madrid

Las “interpretaciones restrictivas” mencionadas por la ONG se reflejan, por ejemplo, en casos de exclusión documentados en la Comunidad de Madrid por Médicos del Mundo. La Consejería de Sanidad lanzó hace alrededor de un año instrucciones a través de sus cursos de formación destinados a los funcionarios para que el personal administrativo diferencie, mediante la comprobación de su pasaporte o visado, entre un migrante que resida en España en situación irregular y un turista, como confirmó el Ejecutivo regional a eldiario.es. En la práctica, estas indicaciones están derivando en la exclusión de embarazadas sin papeles cuya residencia en el país no supera los 90 días, como lleva denunciando desde entonces Yo sí Sanidad Universal.

La falta de asistencia médica a embarazadas con menos de tres meses de estancia en España ya se producía en la Comunidad de Madrid durante la etapa del PP en el gobierno central, pero la norma aprobada por el PSOE no ha acabado con ella por el momento.

Karla (nombre ficticio), ciudadana hondureña en situación irregular, relata que acudió en varias ocasiones al centro de salud de Villa de Vallecas cuando supo que estaba embarazada. “Me decían que no tenía derecho porque, al estar menos de 90 días, era como si estuviese de turismo”, explica la mujer, que trató de arreglar la situación en este ambulatorio madrileño y en el Hospital Ramón y Cajal. eldiario.es ha preguntado al respecto a la Consejería de Sanidad pero aún no ha recibido respuesta.

“Me pedían el papel del empadronamiento, pero la fecha que aparecía era la del 27 de diciembre, aunque yo llegué a España el 29 de octubre. Entonces, el personal de administración respondía que no podía ir al médico hasta el 27 de marzo”, detalla la mujer. La joven, de 28 años, contactó con Médicos del Mundo Madrid. “Finalmente, la semana pasada me permitieron el acceso. Fue porque me acompañó Sol (trabajadora de la ONG), si hubiese ido sola no me hubiesen atendido”, lamenta Karla.

Muchos de los casos de embarazadas y menores acaban resolviéndose tras sus acompañamientos, pero desde las ONG alertan de que los casos que les llegan son “sólo la punta del iceberg”. “¿Qué pasa con todos los que acuden al centro de salud, les deniegan al acceso y no vuelven a intentarlo?”, se pregunta el presidente de Médicos del Mundo, José Félix Hoyo.