“Cuando las mujeres logramos estar en los cargos de poder, el acoso político limita nuestra participación”
Cuando en 2015 se convirtió en regidora de Puno, al sur de Perú, a Verónica Gálvez se le abrieron dos frentes. El primero, acabar con la desigualdad de género en la provincia, tratando de mejorar las condiciones de las mujeres. El segundo, luchar contra el machismo que persiste en las instituciones y, dice, dificulta que las mujeres consigan no solo acceder a puestos de poder, sino poder participar en la vida política en las mismas condiciones que los hombres.
En la primera batalla, ha logrado presentar varias ordenanzas municipales y regionales, pero no todas las que le hubiera gustado, reconoce en una entrevista con eldiario.es. En la segunda, ha denunciado 55 casos de acoso político a mujeres que ocupan cargos de poder en su país.
Las dos luchas, insiste Gálvez, están relacionadas. “Cuando las mujeres estamos en estos cargos se bloquean nuestras propuestas de manera sistemática, se invisibiliza nuestra participación cuando hacemos aportes importantes en la construcción de la ciudad o del país, tratan de desacreditarte y cuestionan nuestras capacidades. Este acoso político limita nuestra participación, hace que a las mujeres nos cueste más estar”. Detrás, asegura, está “ese machismo histórico según el cual los espacios donde se deciden los presupuestos y las políticas más importantes son solo para los hombres”, explica la regidora.
En su experiencia y la de sus compañeras, encuentra varios ejemplos de obstáculos a los que se han enfrentado por el hecho de ser mujeres en política, un espacio reservado tradicionalmente a los hombres. “Como regidoras tenemos que legislar y fiscalizar, pero yo he presentado ordenanzas que han sido bloqueadas. Siempre están mirando en qué te equivocas para poder cuestionarte. Hay aportes que hacemos que no han querido ser tenidos en cuenta. Si terminas el mandato sin presentar iniciativas, la gente piensa que no has hecho nada. Entonces dicen que no servimos para el cargo. También me han dicho que miento, tratan de difamarte ante los ciudadanos, relata. Asegura que tiene compañeras que ”han sufrido violencia física“ por su labor de fiscalización del poder.
Gálvez es una de las más de 30 mujeres políticas y lideresas que se encuentran en España para participar en los encuentros 'Mujeres y poder: liderazgo político, conectando luchas y territorios', organizados por Alianza por la Solidaridad (ApS) en varias ciudades del país. En ellos, tratarán de tejer alianzas y compartir experiencias y estrategias para superar los obstáculos que limitan su participación. “Lo que nos pasa en Puno, pasa aquí en Europa. Seamos europeas o latinoamericanas tenemos que construir una agenda común, pelear para que el mundo de la política sea un espacio libre de todo tipo de violencia”, recalca la regidora puneña.
La premisa de la que parten es clara: a pesar de que las mujeres son la mitad de la población y su participación en los espacios políticos, además de ser un derecho, contribuye a “garantizar democracias sostenibles y pacíficas” siguen estando poco representadas en los cargos de poder “a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios”, recuerda ApS.
En la actualidad, 15 países latinoamericanos tienen legislación sobre cuotas o paridad. Estas leyes y decretos han permitido una mayor presencia de las mujeres en las instituciones políticas, aunque esta disminuye a medida que se trata de cargos locales como alcaldesas o concejalas. En 2018, según cifras aportadas por la ONG, casi un 30% de los escaños de los parlamentos nacionales están ocupados por mujeres, frente al 13,30% registrado en el 2000. La cifra supera a la participación actual de las mujeres en los parlamentos en Europa (25,3%).
Pero las barreras no acaban una vez logran llegar a los espacios de poder, como cuenta Gálvez. “Los hombres no aceptan que las mujeres ponga los puntos sobre las íes. Por ellos está bien que estemos en la lista, porque hay que cumplir la cuota, pero cuando comenzamos a ser incómodas y empezamos a cuestionar, viene el problema. No nos podemos dejar utilizar”. Desde ApS consideran que “la violencia de género en la política se ha constituido en una táctica para impedir o limitar la participación de las mujeres limitando su acceso a espacios de poder”.
Solo Bolivia ha legislado contra el acoso político
Bolivia marcó el camino y en la actualidad es el único país que ha aprobado una ley específica contra la violencia y acoso político hacia las mujeres, conocida como la Ley 243. Su aprobación, en 2012, se aceleró tras el asesinato de la concejala Juana Quispe, quien había recibido agresiones, amenazas y se le había impedido durante meses ejercer su cargo. Sin embargo, según explican desde la organización, ninguno de los casos denunciados tras la ley ha sido judicializado por el momento. Otros cuatro países latinoamericanos se encuentran en proceso de debatir leyes contra el acoso político machista: Costa Rica, Ecuador, México y Perú.
En Bolivia trabaja Irene Achacollo, mujer del pueblo aymara y secretaria general de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas 'Bartolina Sisa'. Aunque defiende que en los últimos años ha habido “grandes avances” para las mujeres indígenas en su país, reconoce que también se encuentra con el menosprecio de su labor. “Muchas veces que creen que no podemos hacer el trabajo que asumimos. Algunos varones creen que no somos capaces de ejercer el cargo, pero nosotras estamos trabajando y demostrando que tenemos las mismas capacidades”, indica Achacollo, que también participará en el encuentro, en una conversación con este medio.
Otro nombre propio suena cuando se trata de hablar de la violencia que sufren las mujeres que deciden participar en política en América Latina: Marielle Franco, concejala brasileña asesinada el pasado mes de marzo. Lo menciona Isolda Dantas, Diputada nacional por el Partido de los Trabajadores en Brasil, durante un desayuno informativo en Madrid.
“El nuevo presidente Bolsonaro, cuando era diputado, llegó a decirle a otra diputada que no la violaba porque no se lo merecía. En nuestro país ha habido mucho retroceso en los derechos de las mujeres, también hay una mayor resistencia”, opina Dantas. “Una vez, un diputado se quejó de que hablo muy estridente. 'Usted tiene que aprender a vivir con las feministas', le contesté. La política está pensada desde los valores masculinos y no están acostumbrados a renunciar a privilegios”, esgrime la diputada brasileña.
Ana Rutilia Ical, abogada y defensora del medio ambiente de Guatemala, recuerda la persecución y los ataques que sufren otras compañeras por su activismo y la escasa presencia de mujeres en el poder. “En el Congreso de la República solo tenemos el 13% de participación. En Guatemala, la participación política de las mujeres es criminalizada, perseguida y desacreditada”, afirma. “En los territorios, ser mujer y luchar por tus derechos es muy difícil. Es estar entre la vida y la muerte, pero lo hemos hecho”, incide.
El acoso político, defienden, acaba, a menudo, en mujeres que desisten de seguir adelante con su labor. Esto se traduce en una presencia todavía menor en las instituciones y en los partidos y, en última instancia, en el riesgo de que las políticas y las leyes no incorporen la perspectiva de género, aseguran. “Muchas mujeres no quieren volver a participar tras el acoso, pero nosotras necesitamos alentarlas para que haya más políticas que tomen decisiones que afecten tanto a hombres como a mujeres. Muchas veces te dicen: 'Así es la política', como si la política tuviera que ser violenta”, sentencia Gálvez.
