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Níjar, el pueblo donde uno de cada tres vecinos no tiene derecho a voto

Imagen de archivo. Un vecino pasea ante las oficinas municipales de la localidad almeriense de San Isidro (Níjar).

Icíar Gutiérrez / Gabriela Sánchez

A pesar de que Mohamed reside en Níjar desde hace más de una década, aunque aquí han nacido sus tres hijos y sobre sus brazos se apoya uno de los principales motores económicos de la provincia, Mohamed no tiene derecho a voto. Este domingo, alrededor de uno de cada tres habitantes del municipio almeriense no podrán acudir a las urnas. En este pueblo, como en otros tantos, no son todos los vecinos los que eligen a su alcalde.

De los cerca de 23.000 adultos que viven en el municipio almeriense, algo más de 7.700 cuentan con nacionalidades extranjeras que no tienen derecho a voto, según estimaciones de eldiario.es sobre los datos del padrón municipal actualizados a 1 de enero de 2018. Son personas empadronadas, y por tanto reconocidas oficialmente como residentes por el Ayuntamiento, independientemente de si su situación administrativa es irregular o no. El porcentaje de población total que no puede elegir al alcalde asciende al 32%, aproximadamente. La gran mayoría de los inmigrantes que residen en el municipio almeriense proceden de Marruecos, una de las nacionalidades que, junto a otras como la china, no tienen reconocido el derecho a voto en los comicios municipales.

Mohamed cuenta con permiso de residencia, pero no podrá elegir al Gobierno local hasta que consiga la nacionalidad española. “Es muy triste. Vivimos aquí y aquí estamos la mayor parte del tiempo. Yo a Marruecos no voy más de un mes. Nos gastamos el dinero que ganamos aquí y todos nuestros sueños están aquí. ¿Por qué no podemos votar? El brazo de la economía de la zona somos personas extranjeras”, lamenta. Como muchos, acude cada día desde su casa de San Isidro, en el término municipal nijareño, a recoger tomates y calabacines a los invernaderos que inundan la zona. “En la finca somos unos cien peones, casi todos extranjeros. Solo hay dos o tres españoles, el resto son africanos o rumanos”, asegura.

Los ciudadanos extranjeros con residencia legal en España no pudieron participar en las elecciones generales y tampoco podrán hacerlo en las autonómicas, porque la Constitución reserva este derecho a quienes tienen nacionalidad española. En los comicios del 28 de abril, muchas miradas se dirigieron a localidades almerienses como el Ejido, en las que venció Vox. En Níjar, la formación de extrema derecha, caracterizada por su marcado discurso antiinmigración, cosechó un 28,66% de los votos, que le permitieron colocarse como primera fuerza por delante del PSOE.  

Los comicios locales sí abren la puerta a la participación de extranjeros pero la legislación establece una primera condición: solo pueden participar los inmigrantes procedentes de otros 27 países de la UE y de terceros Estados que hayan firmado con España un acuerdo de reciprocidad. De momento, España cuenta con 12 convenios de este tipo, la mayoría con Estados latinoamericanos: Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

Así, además de los residentes marroquíes, los vecinos ucranianos, senegaleses, argentinos o nigerianos de Níjar no están convocados a las urnas, a diferencia de los alrededor de 2.000 ciudadanos rumanos que viven el municipio, la segunda comunidad extranjera más importante, que sí tienen reconocido el derecho a voto el 26M. Lo mismo ocurre con los residentes ecuatorianos o bolivianos, aunque en los casos de los inmigrantes extracomunitarios no basta con que haya un acuerdo recíproco: deben tener autorización de residencia, estar empadronados en su municipio y tienen que haber vivido “legal e ininterrumpidamente durante, al menos, los cinco años anteriores” en España.

Estos requisitos hacen que, en la práctica, se estreche el número de extracomunitarios que pueden realmente votar respecto a los datos del padrón, que también puede incluir a personas sin papeles. A ellos se les suma el último paso que deben cumplimentar: inscribirse en el censo electoral.

“Somos la mano de obra, ¿qué pasa si no estamos?”

Según cifras de la Junta de Andalucía de 2017, Níjar es uno de los 15 municipios en el que el porcentaje de contratos a trabajadores extranjeros supera el 50% de la contratación total del municipio. Junto al turismo, la agricultura es la principal fuente de ingresos de la zona. La extensión de instalaciones dedicadas a la producción intensiva de frutas y verduras creció en 2018. Casi 5.800 hectáreas de invernaderos componen en Níjar lo que muchos conocen como el 'mar de plástico', bajo el que crecen cultivos como el tomate, la sandía, el pepino o el calabacín que acaban en las estanterías de supermercados de toda España y Europa.

“Hablemos claro. Aquí, en la comarca de Níjar, toda la mano de obra es inmigrante. ¿Qué pasaría si no estuviera esta gente? Llevan muchos años aquí”, apunta Abdullah Zitouni, presidente de la Asociación Almohamadia. Explica que la organización, que brinda apoyo a la población inmigrante en Níjar, ha atendido en los últimos días a varias personas que votan por primera vez tras nacionalizarse y han acudido a aclarar “con preocupación” dudas sobre qué tienen que hacer cuando vayan al colegio electoral este domingo.

“Hay gente que lleva 15 o 17 años aquí en Níjar, que tiene un negocio, que paga impuestos y que su familia ha nacido aquí, pero no puede votar. Es una lástima, porque ellos votarían a un partido español. El voto es una fiesta para el pueblo, la ciudad y Andalucía, pero para ellos no”, agrega Zitouni, también de origen marroquí. Lo mismo apuntan desde la ONG Almería acoge. “Sin derechos políticos hacemos personas de primera y de segunda. No son ciudadanos, cuando una de las caves fundamentales para la integración es poder votar. No solo por poder decidir sino por sentirse parte, realmente, de parte un municipio o un vecindario”. 

La vida en Níjar no es fácil para muchas familias extranjeras, apunta el activista marroquí. Al no poder votar, opone algunos de los “problemas” que enfrenta parte de la población inmigrante en el municipio, a los que no puede dar respuesta en las urnas. Más de 3.000 personas viven en asentamientos chabolistas e infravivienda, 1.414 en condiciones extremas, según los resultados de un estudio incorporado al Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Níjar, correspondientes a 2016 y 2017, publicado en El diario de Almería.  “Hay mucho chabolismo y muchas familias en la pobreza, que viven en malísimas condiciones y las autoridades nunca responde a sus solicitudes. Hay gente que no puede pagar la hipoteca o que se ha encontrado con que sus jefes les han hecho contratos y nóminas falsas”, sostiene Zitouni.

A diferencia de su compatriota que trabaja en los invernaderos, él sí tiene derecho a sufragio, al contar con nacionalidad española. “Llevo 25 años aquí”, dice con una risa tímida que destila resignación. Menciona a un nuevo candidato, Mohamed Bourgren, un joven auxiliar de enfermería, que va en las listas de Adelante Níjar, la confluencia entre Podemos e IU que se presenta al Ayuntamiento, actualmente gobernado por el PSOE. Bourgren atiende al teléfono unos minutos entre sus prácticas como higienista bucodental y el acto de cierre de campaña. Nació en Marruecos, pero lleva en España desde los 14 años y ahora cuenta con nacionalidad española, lo que le permite presentarse a los comicios. Dice que su objetivo es, precisamente, “ser la voz de los extranjeros” que no pueden expresarse en las urnas. 

“Vi que los partidos políticos no se interesaban por los marroquíes porque no pueden votar. Quiero mejorar la convivencia, que ha fracasado muchas veces aquí. Queremos una Níjar intercultural, porque tenemos la suerte de tener diferentes nacionalidades, tenemos que aprovecharlo”, afirma Bourgren. “Los extranjeros no están solo en los invernaderos. Yo, por ejemplo, trabajo en una residencia de ancianos y casi todos somos extranjeros”, agrega.  

El joven ha hecho del derecho al voto uno de los ejes de su campaña. “Estamos escuchando discursos contra 'la inmigración ilegal' y el problema es que es hay mucha gente que quiere votar y no puede”. Desde Almería Acoge creen que si estas personas pudieran participar, “cambiarían muchas cosas”. “No solo por la elección de grupos políticos, no está claro adónde iría el sentido de otro voto. Pero no podrían jugar con el tema de la inmigración, ya que hay una utilización torticera de vincular inmigración a inseguridad, o a la irregularidad”, señalan desde la ONG a eldiario.es.

Zitouni muestra preocupación por el auge del discurso xenófobo pero apunta que “la gente está muy concienciada ante el avance de un partido radical peligroso”. Mohamed, por su parte, mira de nuevo a su alrededor, a los invernaderos en los que trata de ganarse la vida. “Vox tiene ideas racistas como expulsar a los extranjeros pero es imposible aplicarlas porque hay que levantar la economía de la zona: yo puedo trabajar 10 horas, con condiciones de calor, ¿hay personas que vayan a hacerlo si el extranjero se va? Yo no lo creo”.

Níjar no es una excepción

El caso de Níjar es solo uno de los municipios donde se evidencian los límites impuestos en España al derecho a voto de los residentes extranjeros en función de su nacionalidad. Uno de cada cinco vecinos adultos de Torre-Pacheco (Murcia) no podrán acudir a las urnas el 26 de mayo, atendiendo a los datos del padrón analizados por este medio. El pueblo, donde Vox triunfó en los pasados comicios generales, cuenta con casi de un 30% de población extranjera, la mayoría de origen africano, atraída por las posibilidades de empleo en el campo murciano.

En Talayuela (Cáceres), el municipio con mayor proporción de población inmigrante de Extremadura, con una importante comunidad marroquí, no podrán acudir a las urnas al menos un 26% de sus habitantes, según las estimaciones de eldiario.es

La actividad agrícola de la zona, destacando las explotaciones de tabaco y espárragos, empujó a muchas familias de inmigrantes a asentarse en Talayuela en la década de 1990. En la actualidad, viven 2.006 personas extranjeras, la gran mayoría son marroquíes, cuya nacionalidad está excluida del derecho al voto. En el pueblo, descrito en diversos artículos como ejemplo de convivencia multicultural, el PSOE obtuvo el mayor número de votos en las elecciones generales del 28 de abril, seguida de Vox, que irrumpió como segunda fuerza.



De hecho, Cáceres es una de las provincias de España con mayor proporción de población inmigrante con papeles y sin derecho a voto. Solo un 18% de los extranjeros ha tenido la posibilidad de acudir a las urnas este 26M, según cálculos realizados por este medio sobre el número de personas que cumplen los requisitos para votar aportados el Instituto Nacional de Estadísticas y el total de población con residencia legal mayor de 18 años a partir de una petición de acceso a información pública realizada por este medio, actualizados al 31 de diciembre. 

Jaén es la provincia en la que menos inmigrantes tienen este derecho: del 87% de los extranjeros residentes en ella no cumple los requisitos para votar, ya que no reunía las condiciones exigidas. En el extremo opuesto se encuentra Alicante, donde el 43% de la población inmigrante cumple los requisitos necesarios para poder participar en las elecciones municipales. 

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