El relator de la ONU, tras visitar España: “Las autoridades hacen la vista gorda con las condiciones de los jornaleros inmigrantes”

—Cuando hay trabajo, España necesita inmigrantes, pero a nadie le interesan nuestras condiciones de vida. 

De todo lo que escuchó durante su visita a un campamento de trabajadores inmigrantes en Huelva, Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema, subraya esta frase. En plena campaña de recogida de fresas en la provincia onubense, cientos de personas empleadas en el sector malviven en condiciones que, según el experto de la ONU, “rivalizan con las peores” que ha visto en otras partes del mundo. 

“He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país. Barrios pobres con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados”, ha asegurado este viernes durante la presentación de las conclusiones preliminares de su investigación sobre la pobreza en España, para la que ha visitado seis comunidades autónomas en 12 días.

En una entrevista con eldiario.es, Alston describe lo que se encontró el pasado 31 de enero, cuando comprobó de primera mano cómo viven los jornaleros inmigrantes en uno de esos lugares, Lepe. “Son chabolas, básicamente. Como un pequeño pueblo que crece con tiendas de campaña hechas del plástico que se usa para cubrir las fresas. Tenían dos o tres colchones para que la gente durmiera. No había electricidad, no había agua. Tenían que viajar kilómetros para conseguirla. Para los retretes tenían un solo lugar donde cuatro personas podían ponerse de cuclillas al mismo tiempo. Sin privacidad, por supuesto. Para ducharse, calentaban el agua en el fuego y luego se la echaban encima”, recuerda. Explica que hay quien ha estado viviendo así durante cinco años. “Y ganan 30 euros al día”, remata.

El investigador independiente de la ONU asegura que ha preguntado qué estaba pasando con estas personas en todos los niveles de la administración. Las respuestas que recibía son, indica con contundencia, una de las cosas que más le han sorprendido de su visita oficial a nuestro país. “Cada vez que le preguntaba a alguien en el gobierno, siempre culpaban a otro. No era su responsabilidad. Así que, básicamente, todos hacen la vista gorda”, subraya. 

Pero también dirige la mirada a las empresas, mostrando su contrariedad por el hecho de que se trate de una industria que dejó el año pasado alrededor de 500 millones de euros en Huelva mientras “las personas viven como animales”. “Por supuesto, las compañías y el municipio se están beneficiando enormemente. Es una industria enorme. Así que creo que es realmente inadmisible que no se haga nada para mejorar la situación”, opina el especialista australiano, profesor de Derecho en la Universidad de Nueva York. 

“No es fácil. El Gobierno puede decir: ‘Bueno –y esto se relaciona con la política de inmigración– si hacemos que sus condiciones sean demasiado buenas, vendrán otros’. Pero hay una gran diferencia entre un escenario perfecto y proporcionar el mínimo humano básico. Eso podría hacerse de la noche a la mañana. Si quisieran hacerlo”, indica Alston. En su informe preliminar, el relator sobre extrema pobreza deja por escrito su intención de preguntar al mayor productor del sector en la provincia, Driscoll's, “qué está haciendo para monitorear y mejorar” unas condiciones que considera “simplemente inhumanas”. 

Pero Alston no se ha limitado a denunciar la situación de quienes malviven en los asentamientos cercanos a zonas agrícolas. Tras su visita, el experto ha concluido que, en general, la población inmigrante en España es uno de los grupos que están “extremadamente desatendidos por las políticas actuales y se ven injustamente afectados por la pobreza”. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 56% de extranjeros de fuera de la UE vive por debajo del umbral de riesgo de pobreza o exclusión social, un dato muy superior a la tasa de españoles que viven en esas condiciones, el 23%. 

Empleadas domésticas, menores y población gitana

Los otros grupos castigados con más severidad por la pobreza en España, ha señalado el experto, son las mujeres, los habitantes de las zonas rurales, las personas con discapacidad o las trabajadoras domésticas, muchas de ellas mujeres inmigrantes. El pasado domingo, Philip Alston se reunió con varias representantes de estas últimas para escuchar sus experiencias.

“Es un problema en todas partes. Pero es particularmente difícil en España porque las trabajadoras domésticas son muy comunes. Mucha gente depende de ellas”, sostiene en la conversación con este medio. “Me he encontrado con dos grupos diferentes, uno [en situación] 'legal' y otro ‘no legal'. Estas últimas están sujetas a una completa explotación: largas horas, bajos salarios y sin beneficios de ningún tipo. Pero incluso para las que son legales, porque están exentas de la mayoría de las leyes laborales, las condiciones son horribles”. 

El relator recuerda la sorpresa que sintió tras oír cómo describían su situación. “Decían: 'Mira, nadie conoce a mi jefe de forma más íntima que yo. Sé todo sobre ellos. Y cuando tienen una crisis, hablan conmigo. Cuando los niños hacen cosas terribles, me piden ayuda. Pero luego, cuando me pongo enferma o me hago demasiado mayor para trabajar, me dicen que no van a hacer nada. Y es ahí donde tendría que estar la ley, para que no tengas que preocuparte de ser una persona amable. La ley debería exigir el pago de una pensión y la posibilidad de ser tratada como una trabajadora normal”, asegura a eldiario.es. Para caminar hacia estas mejores condiciones, Alston considera que “la plena aplicación” de los términos del Convenio 189 de la OIT –que el nuevo Gobierno se ha comprometido a ratificar– “marcaría un gran paso adelante” en España. 

Asimismo, el investigador ha hecho hincapié en la situación de los menores que migran a España solos. En su informe preliminar, deja claro que está “extremadamente preocupado por la situación de los niños no acompañados”, una población, dice, “vulnerable que ha sido demonizada en el debate político actual”. Y censura que el Estado español siga utilizando las pruebas de determinación de la edad, “incluidos los exámenes genitales invasivos y humillantes”, a pesar de que el Comité de los Derechos del Niño se ha opuesto al empleo de las mismas. “El rechazo de la condición de menor puede dejar al individuo sin acceso a apoyo o refugios para niños o adultos, creando una brecha que puede empujar a los niños a la pobreza y conducir a la trata, el trabajo sexual, el abuso sexual, la dependencia de drogas o incluso la desaparición”, sostiene en sus conclusiones.

El experto ha tenido también palabras este viernes para la realidad de la población gitana –más del 80% se enfrenta a la pobreza o la exclusión social, según la Fundación Secretariado Gitano– y ha criticado “la pasividad de las autoridades” a la hora de medir cuál es su situación. “Después de años de planes que han dejado los indicadores de pobreza de los gitanos en niveles deplorables, existe una necesidad real de una respuesta a nivel de crisis. Algunos funcionarios con los que hablé solo parecían preocupados por haber marcado ciertas casillas, en lugar de lograr resultados tangibles”, resalta en su informe preliminar. Además, muestra su preocupación por las condiciones de vida en zonas como La Cañada Real de Madrid.

Segregación en los colegios y protección insuficiente

El relator ha elogiado dos pilares básicos del Estado del Bienestar en España, la sanidad pública –pero recuerda que el sistema sigue excluyendo a algunas personas en situación irregular– y el sistema de pensiones, que –aunque pueden mejorar– garantizan un nivel de cobertura muy alto para el conjunto de la población y permiten limitar la exclusión social. Sin embargo, señala otro pilar que ha quedado muy tocado por los recortes de la crisis y que está atravesado por la desigualdad: la educación. “En principio debería ser genial, es gratuita, es universal. En realidad, mucha gente no puede afrontar los costes asociados y hay un alto grado de segregación en la práctica”, destaca.

Alston señala el problema de la segregación, de colegios que concentran a los niños con menos recursos económicos, que ha encontrado de manera general en los distintos lugares que ha analizado. En el documento, que adelanta parte de sus conclusiones sobre España que presentará en junio, apunta que “un alarmante 44% de los estudiantes y 72% de los estudiantes en situación vulnerable estudia en colegios segregados de facto”.

La segregación supone un obstáculo más que evita que el sistema educativo funcione en España como un ascensor social y que produce una escasa “movilidad” de las personas afectadas por la pobreza a mejores situaciones económicas en el futuro. Naces pobres y eres pobre el resto de tu vida.

La pobreza también atrapa a mucha población porque el sistema de protección social en España es “insuficiente”, “precario” e “ineficiente”. Son algunos de los adjetivos con los que el relator resume la escasa cobertura de la asistencia social del Estado a los que menos tienen, con un sistema de rentas mínimas desigual en funciones de la Comunidad Autónoma en la que se resida. 

En este escenario, el Ingreso Mínimo Vital que pretende desarrollar el Gobierno de coalición es una medida bienvenida para el experto, que señala no obstante que el “ambicioso” programa debe materializarse en hechos. Como ejemplo de esta precariedad del sistema de protección, el experto recuerda en su informe que las ayudas por hijo a cargo para familias sin recursos no llegan a “un millón” de niños en riesgo de pobreza, casi la mitad del total. Los que reciben la prestación mejoran muy poco su situación dado que la cuantía es “muy baja”, de 28 euros al mes en la mayoría de casos.

Las recetas para solucionar esta desigualdad y pobreza generalizadas pasan por un gasto más eficiente, pero también por un mayor gasto en algunas partidas. Para ello, España “también necesita cambiar su política fiscal”. El australiano apunta directamente contra la política impositiva española, “un sistema fiscal que brinda muchos más beneficios a los ricos que a los pobres”, sin apenas capacidad redistributiva en comparación con los países de la UE.

Alston urge a España a la acción contra todos estos focos de desprotección social detectados en su visita. Si no, el país seguirá destacando entre sus vecinos europeos no solo por las historias de absoluta miseria de los colectivos más vulnerables, sino por las serias dificultades económicas que padecen a día de hoy millones de hogares de clase media baja y que están muy extendidas. “Personas que antes tenían buenos trabajos, tenían una casa y 10 años después no tienen trabajo, pierden su hogar y están viviendo en la pobreza” y a las que “la recuperación después de la recesión ha dejado atrás”.

Las conclusiones que ha adelantado el relator sobre España suponen un duro golpe para las políticas implementadas en la última década por los Gobiernos estatales y regionales. Pero son eso: críticas al pasado. Philip Alston subraya “la oportunidad” que brinda el futuro y que debe aprovechar el Gobierno para cambiar esta situación.