Dos tercios de los líderes de la ONU se reúnen para adoptar el Acuerdo Mundial sobre Migración que no gusta a la extrema derecha

No es vinculante, pero el Pacto Mundial para la Migración (PMM) de la ONU construye el primer marco de coordinación internacional que pretende “facilitar una migración segura, ordenada y regular”. Con más carga simbólica que práctica, el lunes y el martes se celebra la cumbre de Marrakech donde se reunirán los representantes de dos tercios de los países miembros de las Naciones Unidas con el objetivo de adoptar un acuerdo tachado de “histórico” por sus defensores.

El pacto se basa en el establecimiento de 23 compromisos generales, que se desglosan en una serie de medidas concretas, la mayoría de ellas ya recogidas en el derecho internacional. La diferencia llega por ser la primera estrategia global de la ONU para abordar las migraciones desde muchas de sus aristas. El acuerdo coloca a las personas “en el centro” con los derechos humanos como bandera, en contraposición del enfoque securitista que suele primar en las políticas sobre migración. Otra cosa es que se cumpla: su ratificación lleva consigo la revisión, cada cuatro años, del estado de las medidas pactadas, pero no es vinculante.

Aunque destaca su posición enfocada en la protección de los migrantes, el documento también incluye medidas relativas a impulsar los acuerdos de readmisión o la cooperación fronteriza con los países de tránsito, que han despertado las críticas de algunos colectivos sociales pues consideran que fomenta la “externalización de fronteras”.

Así, los compromisos abordan la migración de forma transversal englobando en un documento acciones específicas en los países de origen, tránsito y destino. Responden a cuestiones que atañen a los migrantes que se mueven por los canales legales y a aquellos que se ven forzados a hacerlo por vías irregulares. El texto –acordado el pasado julio en la Asamblea General de Naciones Unidas– establece que “la migración no debe ser un acto desesperado pero, cuando esto es así, debemos cooperar en responder a las necesidades de los migrantes en situación de vulnerabilidad”.

La redacción del pacto reitera que el apoyo a su contenido no supone un riesgo para “la soberanía de los Estados a determinar su política nacional de migración”, así como su derecho a “gobernar la migración dentro de su jurisdicción”. Tras su firma, cada país miembro mantendrá sus criterios para decidir qué personas se encuentran en situación irregular y cuáles en situación irregular. Por esta razón, desde el seno de la ONU y las diferentes organizaciones que han formado parte del proceso de gestación del texto, muestran su incomprensión a la desvinculación del pacto de países como Estados Unidos, Austria, Italia o Hungría.

“Salvar vidas”

Entre otras medidas, los Estados firmantes, entre los que se encuentra España, se comprometen a “salvar vidas” y “establecer esfuerzos internacionales coordinados” sobre los migrantes desaparecidos, dar información “precisa” en todas las etapas de la migración; aumentar la “disponibilidad y flexibilidad” de las vías para la migración regular; o fortalecer la respuesta transnacional al tráfico de migrantes.

Destaca la promesa de salvar vidas humanas, en un momento en el que no hay ninguna operación de salvamento en la ruta migratoria más mortífera del mundo, el Mediterráneo Central. En concreto, dos tercios de los países miembros de la ONU se comprometen a “cooperar internacionalmente para salvar vidas” mediante “operaciones individuales o conjuntas de búsqueda y salvamento, recogida e intercambio normalizados de información relevante, asumiendo la responsabilidad colectiva de preservar la vida de todos los migrantes”, según establece el documento del pacto, que también incluye la necesidad de identificar a las personas que mueren en su proceso migratorio y “facilitar la comunicación con las familias afectadas”.

En relación con el objetivo de evitar muertes de migrantes, los países firmantes apuestan por “revisar los impactos de las políticas y leyes relacionadas con la migración para asegurar que éstas no aumenten el riesgo de que los migrantes desaparezcan”.

Muchos de los representantes que acudirán a Marrakech, como los de España, Francia o Alemania, defienden en sus países la existencia de centros de detención de migrantes que, como en el caso de los CIE españoles, acumulan las críticas de defensores de derechos humanos. En este sentido, a través de la rúbrica del acuerdo, los Estados se comprometen (de forma no vinculante) a acudir a la detención de migrantes solo como “medida de último recurso”, “lo más breve posible” y garantizando que “no sea arbitraria, se base en la ley, en evaluaciones individuales”.

“Nos comprometemos además a dar prioridad a las medidas no privativas de la libertad”, reza el PMM. Para cumplir estas promesas, el texto del pacto menciona una serie de acciones concretas como utilizar los mecanismos de derechos humanos para “mejorar la supervisión independiente de la detención de migrantes” y “favorecer las medidas no privativas de la libertad”.

En relación al acceso a la sanidad de los migrantes en situación irregular, el pacto es claro: se debe garantizar el derecho a la salud de todas las personas, independientemente de su situación administrativa. El acuerdo también menciona la necesidad de que los migrantes disfruten de unos servicios básicos, como la educación. Los Estados firmantes acuerdan “fomentar sociedades inclusivas empoderando a los migrantes para que actúen como miembros activos de la sociedad”, así como a “promover el compromiso recíproco de las comunidades receptoras y migrantes en el ejercicio de sus derechos y obligaciones mutuas”.

La ONU incluye en el documento la elaboración de “programas integrales basados en las necesidades anteriores y posteriores a la partida y la llegada” de migrantes, entre las que destaca la formación lingüística o la orientación sobre “normas y costumbres sociales” en el país de destino.

Lucha contra una xenofobia que se expande

La firma del Pacto Mundial para la Migración irrumpe en pleno auge de la xenofobia materializado en distintos puntos del planeta. Ante el discurso del odio, los Estados firmantes de la ONU se comprometen a “eliminar todas las formas de discriminación”. Para ello promoverán, dicen, “un discurso público sobre la migración basado en datos y coordinado con todos los sectores de la sociedad, lo que genera una percepción más realista, humana y constructiva”.

Además, los Gobiernos que apoyen el documento deben “poner fin a la asignación de fondos públicos o apoyo material a los medios de comunicación que promueven sistemáticamente la intolerancia, la xenofobia, el racismo”.

Al mismo tiempo que buscan impulsar vías legales y seguras a través de la cooperación multilateral de países de tránsito y destino, el acuerdo destaca el deber de los Estados firmantes de controlar sus fronteras. “Establecer estructuras y mecanismos apropiados para una frontera integrada y eficaz”, apunta el pacto, también basándose en la coordinación entre los diferentes países.

Entre los procedimientos citados, el PMM detalla como ejemplo “la preselección de las personas que llegan, la notificación previa por parte de los transportistas de los pasajeros, y el uso de la tecnología de la información y la comunicación”, siempre que, matizan, “se cumpla el principio de no discriminación”. Esta propuesta ha generado críticas de algunos colectivos sociales que consideran que vulnera la intimidad de las personas migrantes.

Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular