La ONU reprocha a España que no proteja a inmigrantes con documentos que prueban su minoría de edad

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha emitido dos dictámenes en los que concluye que España ha violado los derechos de dos menores inmigrantes que llegaron solos al país. Los dos adolescentes, representados por la Fundación Raíces, denunciaron sus casos ante el órgano de Naciones Unidas, que reprocha al Estado español que no les diera protección y los tratara como adultos a pesar de contar con documentos que acreditaban su minoría de edad.

El comité ha examinado los casos de J.A.B., procedente de Camerún, y A.L., de Argelia. J.A.B. llegó con 16 años a España desde Marruecos. Según expone la ONG, una vez en territorio español fue tratado como un adulto. En un primer momento no portaba documentación que acreditase su minoría de edad, “pero a los pocos meses un familiar suyo le envió su acta de nacimiento que constataba que tenía 16 años y con ella se dirigió a su Embajada en Madrid para tramitar su Certificado de Inscripción Consular, su Pasaporte y su Carta Nacional de Identidad”.

La organización intentó que fuera derivado a los servicios de protección de la Comunidad de Madrid. Dos semanas después, la Fiscalía decretó que era mayor de 18 años “tan solo por negarse a que le hicieran radiografías para averiguar su edad”, denuncia la ONG, que recalca que el procedimiento se hizo “sin asistencia letrada ni tutor que le representase”. Como consecuencia, fue expulsado de los servicios de protección y cuando pidió que se revisara su caso presentando su pasaporte con datos biométricos, la Fiscalía mantuvo su decisión.

La ONU considera que el proceso por el cual fue declarado mayor de edad no contó “con las garantías necesarias para proteger sus derechos” y que “no se tomó el interés superior del niño como consideración primordial” durante el procedimiento. Asimismo,el Comité concluye que España no respetó la identidad de J.A.B “al negarle cualquier tipo de valor probatorio a todos los documentos oficiales aportados que acreditaban su minoría de edad, sin tan solo analizar su validez y sin haber cotejado los datos de dichos documentos con las autoridades del país de origen del autor.

También dictamina que el Estado violó el artículo 20 de la Convención de los Derechos del Niño, el que hace referencia a la obligación de proteger y asistir al menor, y el 24, el que reconoce el derecho del menor a disfrutar de los servicios para el tratamiento de las enfermedades, pues padecía malaria y tuberculosis.

En el caso de A.L., entró en España en 2017. Al alegar que era menor, se le realizó una prueba radiográfica de su mano izquierda para averiguar su edad, que deteminó que era “mayor de 19 años”. Se le dictó una orden de devolución y fue encerrado en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid. “Todo ello se realizó, sin ser escuchado ni informado de sus derechos ni poniendo a su disposición un abogado”, señala la Fundación Raíces. El menor acreditó su menor edad con su partida de nacimiento, relata la ONG, pero la Fiscalía no revisó su decisión.

Tras examinar su caso, el Comité recuerda que los documentos aportados “deben considerarse auténticos salvo prueba contraria, y deben tenerse en debida consideración las declaraciones de los niños”. “Asimismo, es de vital importancia conceder el beneficio de la duda a la persona que se está evaluando”, indica Naciones Unidas, que recuerda que los métodos médicos basados en el análisis de los huesos y el examen de los dientes “pueden ser imprecisos, y tener amplios márgenes de error, y también pueden ser traumáticos y dar origen a procedimientos judiciales innecesarios”.

El Comité también concluye que se incumplió la medida provisional solicitada por Naciones Unidas de ser trasladados a centros de menores y dictamina que el Estado Español “debe proporcionar a los niños una reparación efectiva por las violaciones sufridas, incluido ofreciéndole la oportunidad de que regularicen situación administrativa en España”.

Para Lourdes Reyzábal, presidenta de Fundación Raíces, “esta manera de tratar a los niños y niñas que llegan solos a España, supone el incumplimiento sistemático de los deberes y obligaciones legales que se le debe exigir a quienes deberían ejercer la máxima protección y salvaguarda del interés superior del niño y habla del posible trato racista y discriminatorio que está ejerciendo la Administración española sobre estos niños y niñas que casualmente son todos de origen marroquí, argelino o del África subsahariana”.

“Estos dictámenes de Naciones Unidas son mucho más que un tirón de orejas a España y nos parece increíble, que hoy mismo, en Madrid y en otras ciudades, la Fiscalía siga convirtiendo en adultos a niños y niñas que tienen acreditada su minoría de edad, de la única manera que pueden hacerlo, a través de sus Embajadas y Consulados correspondientes”, sentencia Reyzábal.