De la tragedia de Lampedusa a la crisis del Open Arms: menos barcos oficiales de rescate, acoso a las ONG y Libia al mando
Iba a ser “el punto de inflexión”. El naufragio de Lampedusa y los cerca de 300 féretros que en octubre de 2013 conmocionaron a la opinión pública provocaron que los líderes europeos se comprometieran a buscar soluciones a la “vergüenza”. Seis años después, cada vez son menos las manos que salvan vidas en el Mediterráneo central: la UE cede la coordinación de los rescates a Libia, bajan los barcos oficiales y las ONG que cubren el vacío dejado por los Estados se enfrentan a obstáculos a su labor.
La última, Open Arms, que ha tenido que esperar 19 días para poder desembarcar a 83 migrantes en aquella misma isla que vio llegar a cientos de cuerpos sin vida en 2013. Desde aquel año, al menos 11.692 personas han fallecido en su intento de llegar a las costas italianas, según datos de la OIM. Si bien Lampedusa iba a traducirse en una “solución europea” a las muertes, el Mediterráneo ha acabado convirtiéndose en escenario de un tira y afloja constante cada vez que una nave europea –ya sea militar, humanitaria o comercial– rescata a personas en peligro.
“Los Gobiernos europeos se han acobardado ante la aparición de discursos europeos populistas. Hemos pasado de una misión de salvamento [de la Guardia Costera italiana] a una de securitización. De rescatar gente en el mar, a apostar claramente por dejar que los libios se encarguen. No se ha garantizado que el derecho a la vida. Hemos ido a peor en recursos de rescate y en los discursos públicos”, reflexiona David Noguera, presidente de Médicos Sin Fronteras (MSF) España.
A medida que se reduce la capacidad de rescate en el mar, los dirigentes europeos no se ponen de acuerdo para diseñar un sistema de desembarco predecible que permita acabar con las imágenes de buques estancados en alta mar durante días con rescatados a bordo. Los buques mercantes que se topan con náufragos se encuentran todo tipo de dificultades y las ONG tratan de continuar con sus misiones en el mar entre bloqueos, investigaciones y acusaciones de favorecer, con su presencia, la salida de botes endebles desde las costas libias. Ellas lo repiten sin descanso: “Si estamos aquí, es por unas muertes a las que la UE no da respuestas”.
El vacío tras el cese de la operación Mare Nostrum
En octubre de 2013, el naufragio de una barcaza con medio millar de migrantes eritreos y somalíes frente a las costas de la isla de Lampedusa dejó en evidencia la política migratoria europea y precipitó las conversaciones en el seno de la UE para encontrar una “solución europea”.
A los 15 días, Italia lanzó de forma independiente un operativo con medios navales y aéreos, Mare Nostrum, con un objetivo explícito: garantizar “la protección de la vida” en el mar. En 2014, autoridades italianas rescataron a 156.362 personas.
Durante cerca de un año, el Gobierno italiano solicitó a la UE fondos o medios suficientes para mantener esta labor de salvamento. Su coste oscilaba en torno a los 114 millones de euros. Nunca los llegó a recibir, lo que empujó a Italia a suspenderla ante la falta de fondos. La decisión disparó las alarmas. “Indudablemente, esto aumentará el riesgo para aquellos que intentan encontrar seguridad en Europa, y podría provocar la muerte de más refugiados y migrantes en el mar”, alertó Acnur.
Tras la cancelación de la misión italiana, los países de la UE apoyaron la creación de Tritón –ahora Themis–, una nueva operación coordinada por la agencia europea de fronteras (Frontex) para reemplazarla. Varios Estados participaron. “Es la mayor operación marítima que ha coordinado Frontex, ayudará a salvar vidas en el mar y contribuirá a los esfuerzos humanitarios de Italia”, dijo la comisaria de Interior, Cecilia Malmström.
Sin embargo, a diferencia de Mare Nostrum, Tritón se centraba en el control fronterizo y no contaba con un mandato específico de búsqueda y salvamento. La zona en la que intervenía también era mucho menor: mientras el dispositivo impulsado por el Gobierno italiano tenía un radio de actuación que alcanzaba la frontera de las aguas internacionales, Tritón operaba dentro de un radio de 30 millas desde la costa italiana.
“Era ya evidente que el resto de Estados europeos estaba poco dispuesto a compartir con Italia la responsabilidad de limitar la pérdida de vidas en el Mediterráneo central”, sostenía en 2017 Marco Bertotto, responsable de Incidencia Política de Médicos Sin Fronteras en Italia. “Italia hizo un esfuerzo enorme que no ha sido correspondido por otros países, lo que refleja la fragilidad de la UE como institución”, apunta Noguera.
Los detractores de Mare Nostrum habían acusado a Italia, como actualmente ocurre con las ONG, de provocar un “efecto llamada” con el operativo. A estas críticas se había sumado Frontex. Una vez finalizada, su director adjunto descartó que fuera un factor de atracción: “La gente sigue viniendo aunque la operación ya no esté allí”.
Las consecuencias del cese de la operación italiana comenzaron a notarse. En los cuatro primeros meses de 2014, cuando la misión aún funcionaba, fallecieron 60 personas en la ruta migratoria que une Italia y Libia, según cifras de la OIM. En el mismo periodo de 2015, esta cifra se elevó hasta las 1.936 con repetidos naufragios. En la noche del 18 de abril de 2015, un pesquero en el que viajaban más de 700 migrantes se hundía al sur de Lampedusa. Solo 28 sobrevivieron.
Pocos días después, Jean-Claude Juncker reconocía que poner fin a la operación Mare Nostrum fue un “grave error”. “Costó vidas humanas”, señaló el entonces presidente de la Comisión Europea ante la Eurocámara. La respuesta de la UE a las tragedias en el Mediterráneo, sostuvo el propio Juncker, seguía siendo “inadecuada”.
Este vacío dejado por la misión italiana fue lo que empujó a las ONG a fletar sus propios buques de rescate para hacer frente a las incesantes muertes. La primera había sido la maltesa MOAS que lanzó su primer barco en agosto de 2014. En mayo de 2015, MSF y la alemana Sea Watch ya surcaban las aguas del Mediterráneo central.
A golpe de tragedia, los jefes de Estado y de Gobierno decidían crear EUNAVFOR Sophia, una nueva operación militar que prioriza las acciones de vigilancia y desarticulación de las redes de tráfico. Además, perseguía la formación de la cuestionada Guardia Costera de Libia, cuyo apoyo financiero y técnico han incrementado paulatinamente los Estados miembros en su intento de frenar las llegadas irregulares al continente.
Sophia tampoco contaba con un mandato específico de salvamento. Es decir, como cualquier otro barco, ante vidas en peligro, tenía la obligación de actuar. “Los recursos navales de los Estados europeos 'se esconden' tras la obligación de salvar vidas solo cuando son solicitados para ello. Como navíos militares, su posición exacta es habitualmente desconocida para las autoridades que coordinan las labores de rescate y su contribución a la búsqueda de embarcaciones en peligro antes de intervenir en actividades de rescate, a las que están obligadas por ley, queda totalmente subordinada al resto de sus prioridades”, explica Bertotto.
El grueso de las operaciones de salvamento eran llevadas a cabo por las ONG, que sacaron del mar al 35% de los migrantes socorridos en 2016 y 2017, unos 93.000, según datos de los guardacostas italianos analizados por eldiario.es. Es casi tres veces más que los rescates completados por la misión militar de la UE (12%, unas 33.000) en el mismo periodo. Un total de nueve organizaciones humanitarias desplegaron misiones para salvar vidas: MOAS, MSF, SOS Méditerranée, Sea Eye, Sea Watch, Jugend Rettet, Lifeline, Proactiva Open Arms y Save the Children.
Sus intervenciones, como marca la ley, estaban dirigidas por la Guardia Costera italiana, que hasta entonces gestionaba exclusivamente las tareas de salvamento a través del Centro de Coordinación de Rescate Marítimo en Roma. Desde aquí, los agentes italianos decidían qué barcos estaban mejor posicionados para atender una alerta en el mar, dando instrucciones y asignando los puertos italianos como punto de desembarco. Con sus unidades, los guardacostas socorrieron a más de 64.000 personas, un 24% del total en 2016 y 2017.
De las restricciones al cierre de puertos italianos
Ya entonces las ONG soportaban acusaciones, por parte de grupos minoritarios, de operar en complicidad con los traficantes e incentivar con su presencia la salida de pateras desde Libia. Pero esta teoría se amplificó a finales de 2016 con la publicación un informe confidencial de Frontex, dónde la agencia mencionaba supuestos vínculos entre traficantes y ONG. “¿Quiénes financian los taxis del Mediterráneo?”, se preguntaba Luigi Di Maio, entonces aspirante a líder del Movimiento 5 Estrellas en Italia. Las organizaciones humanitarias lo negaron de forma rotunda y recordaban lo mismo que llevan repitiendo desde que fletaron sus primeros barcos: si estaban en el mar era para intentar dar una respuesta a las cientos de muertes que continuaban produciéndose.
Las primeras restricciones llegaron durante los últimos meses del Gobierno de Paolo Gentiloni. Las entidades con barcos en el mar fueron obligadas a firmar un código de conducta que limitaba sus operaciones. Después, se produjo el triunfo del Movimiento 5 Estrellas y el ascenso político del ultraderechista Matteo Salvini, que convirtió a las ONG en la diana de sus furibundos ataques. El 10 de junio, cerraba sus puertos al buque Aquarius con más de 600 personas a bordo. Cuando el barco, tras ocho días, atracó en Valencia, el ministro del Interior cantó victoria: “Es una señal de que algo está cambiando, ya no somos los felpudos de Europa”.
Desde el primer cierre de puertos, las trabas políticas y administrativas han forzado a las ONG a alejarse de la zona de rescate durante días, algunos obligadas a abandonar sus actividades por las restricciones, otras bloqueadas en puerto, a menudo, haciendo frente a investigaciones de los fiscales italianos. “Aunque algunos las acusan de colaborar con los contrabandistas, todavía no se han encontrado pruebas de contactos entre los traficantes y las ONG”, afirman Eugenio Cusumano y James Pattison, profesores de las universidades de Leiden y Manchester. “El comportamiento de los rescatadores es incuestionable. Además, las consecuencias de la búsqueda y el rescate, en términos de salvar vidas, parecen contrarrestar cualquier daño que pueda causar facilitar el contrabando”, afirman.
Cuando las ONG no se encuentran en zona de rescate, los migrantes han continuado tratando de llegar a Europa y las muertes no han dejado de producirse. A finales de julio, más de 100 personas perdían la vida en “la peor tragedia del año en el Mediterráneo”. No había ningún barco humanitario en la zona. La Operación Sophia tampoco cuenta ya con medios navales, como acordaron los 28 el pasado marzo. Los operativos de salvamento han quedado principalmente en manos de las patrulleras libias, que han incrementado sus operaciones en el Mediterráneo a medida que los guardacostas italianos han cedido la coordinación de las labores de salvamento de las que se habían encargado durante años.
La capacidad de Libia para hacer frente a los rescates ha sido cuestionada en numerosas ocasiones, con casos en los que estos agentes no responden a las llamadas de quienes piden auxilio y la falta de coordinación con los barcos de las ONG disponibles para prestar ayuda. Asimismo, acumulan un largo historial de denuncias de abusos y encontronazos con las organizaciones humanitarias. Tras interceptar a los migrantes, los agentes los trasladan de nuevo al país, que no es considerado un puerto seguro y donde son encerrados de forma “prácticamente automática”, según la ONU. Torturas, agresiones sexuales, palizas y esclavitud son algunos de las violaciones de derechos documentadas en Libia.
A menudo, los náufragos que no son interceptados por los agentes libios quedan a merced de buques mercantes que pasen por la zona, por lo general poco preparados y cada vez más reticentes a atender su deber de auxilio debido a las dificultades experimentadas por otros, como ha documentado Acnur.
En 2016, unos 2.700 migrantes murieron tratando de atravesar las aguas que unen Libia e Italia. En 2018, este número se redujo a 1.130. La cifra de los que alcanzan las costas italianas también han disminuido. Sin embargo, “cruzar el Mediterráneo es hoy más peligroso que nunca”, según Acnur, que ha advertido del aumento de la mortalidad: en 2018, se registró una muerte por cada 14 llegadas desde Libia. En 2017 era de una por cada 38. Lo atribuye directamente a la reducción de los medios de rescate. Son, además, las muertes que se conocen, porque numerosas voces alertan de la dificultad de conocer con exactitud cuántas personas mueren en un mar con cada vez menos ojos que lo vigilen. “Se nos expulsa porque somos testigos incómodos”, insiste Noguera.
Sin apenas manos que salven vidas en el mar, algunas como Sea Watch, See Eye, Mediterranean Saving Humans, MSF o Proactiva Open Arms tratan de resistir a los obstáculos a su labor. Una veintena de bloqueos, casi 3.000 migrantes rescatados y 200 días acumulados de espera son las cifras de un año de pulso contra los barcos que auxilian a quienes se encuentran en peligro en el mar.
“Si hace seis años nos dicen que iba a haber tantos muertos en el Mediterráneo, no nos lo creemos. Lo hemos normalizado, lo hemos aceptado de una forma casi pasiva. Hace seis años había solidaridad hacia estas personas, ahora se les insulta, a gente que huye de guerras y situaciones económicas límite”, sostiene Noguera. “Preocupa muchísimo ver a gente diciendo que hay que dejarlos ahogarse en el mar o devolverlos a Libia, que se tolere y se acepte. Que podamos tener debates sobre si hay que rescatar a gente del mar o no. Jamás nos vamos a sentar a discutir esto”, afirma.
Estos días, otra nave, el Ocean Viking, espera respuestas con más de 300 personas a bordo. Los náufragos auxiliados el buque catalán ya están en Lampedusa tras la orden de un fiscal. “Es un alivio a una situación insostenible, creada por el fracaso de las políticas migratorias europeas en el Mediterráneo central”, han reiterado entidades como Amnistía Internacional. Proactiva Open Arms se enfrenta a posibles multas del Gobierno español por haber desafiado la prohibición de navegar a la ruta migratoria más mortífera del mundo, pero adelanta que su intención es regresar cuanto antes. El motivo, el de siempre. “Queremos volver a estar donde no hay ninguna intervención ni civil ni militar que garantice los rescates”.
